Daniel Arroyo: "Hoy el crédito es generador de pobreza en la Argentina"

Por Martin Massad y Juan Cruz Guido | Foto: Daniela Morán

AGENCIA PACO URONDO: Desde su perspectiva, ¿las ayudas económicas brindadas por el Estado hasta el momento son suficientes para sobrellevar las diferencias sociales?

Daniel Arroyo: Está claro que la situación social es crítica en la Argentina, por lo cual hemos generado un conjunto de medidas para atender este rebrote de casos de Coronavirus que limita las posibilidades de trabajo a mucha gente. Básicamente, implementamos dos nuevas medidas. Por un lado, ampliamos la Tarjeta Alimentar, que pasó a ser de $6000 para las familias con un chico hasta 14 años, de $9000 para las familias que tienen dos chicos y de $12.000 para las que tienen tres o más chicos. Con esto buscamos, primero, mejorar la calidad nutricional, fortaleciendo el consumo de carne, leche, frutas y verduras, ya que es evidente que el precio de los alimentos es el problema más grave que tenemos en nuestro país. En segundo lugar, buscamos llegar donde está el problema más grave, que es el 57% de pobreza en los chicos que tienen hasta 14 años. Por otro lado, implementamos el pago del Repro II, que es de $22.000, que es de que es el pago de una parte del salario para aquel que está en el sector privado más castigado por la pandemia, como los sectores de hotelería, gastronomía, turismo, etc. Algo importante es que esto también llega al pequeño emprendedor, que no es un empresario, sino un laburante que la está llevando como puede. Estas dos medidas, entonces, tienen la finalidad de paliar parte de la situación crítica en el marco de estas restricciones, y vamos evaluando permanentemente qué otras medidas hay que tomar en un contexto donde realmente hay mucha gente que la pasa mal.

APU: ¿Cómo analiza la crítica que realizaron algunos sectores de los movimientos sociales, como el que lidera Emilio Pérsico, sobre la política de la Tarjeta Alimentar y la necesidad de generar empleo?

D. A.: Claramente, la mejor política social es el trabajo y acá hay que hacer las dos cosas. La emergencia alimentaria es muy evidente porque tenemos 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria porque las restricciones marcan dificultades para las personas que hacen changas como gasistas, plomeros, carpinteros etc., que son cuatro millones, por lo que la mejor política social es transformar planes sociales en trabajo.

Nosotros generamos tres líneas de empleo: uno es el programa Potenciar Trabajo, al cual ya acceden 920 mil personas que arrancan cobrando la mitad del salario mínimo, que es de $12.200, con acceso a máquinas y herramientas para trabajar, capacitación y acompañamiento, sobre todo en la construcción, en la actividad textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y en el reciclado. Esto es lo que nosotros llamamos transformar planes sociales en trabajo. En este sentido hicimos un cambio profundo y acompañamos el proceso de capitalización de máquinas y herramientas para que la gente puede trabajar. Junto a esto, estamos en el proceso de urbanizar 400 barrios, con mucha gente trabajando en lo que refiere a abrir calles, mejorar cocinas, baños, tableros de electricidad del hogar, agua, servicios básicos, todo lo que incluye el derecho al hábitat. Además, estamos poniendo en marcha 800 jardines de infantes, cumpliendo con el derecho de la primera infancia para todos los chicos. El objetivo es lograr que asistan desde sala de 3, 4 y 5 años reduciendo la desigualdad social. Está claro, entonces, que la mejor política es combinar derechos y trabajo.

APU: ¿Los trabajadores que integran el Plan Potenciar Trabajo son trabajadores independientes o en relación de dependencia?

D. A.: Las dos cosas. La mayoría suele ser gente que trabaja por su cuenta y que no tienen papeles para presentar en un banco. Entonces, desde el Estado implementamos una política social que los ayuda para capitalizarse con máquinas y herramientas, a través de un crédito con tasa del 3% anual. 

Hicimos dos cambios. En primer lugar, creamos el Renatep (Registro Nacional de los Trabajadores de la Economía Popular), donde las personas trabajadoras se registran y pasan a ser monotributistas sociales, lo que les permite tener factura para producir, vender y trabajar con alguna empresa. En segundo lugar, generamos un mecanismo para que todas las personas registradas tengan una cuenta bancaria a su nombre. La gente que tiene planes sociales cobra en Banco Nación desde hace tiempo con una tarjeta para extraer dinero, pero no tienen una caja de ahorro a su nombre, sino que la cuenta pertenece al Ministerio de Desarrollo Social; cambiamos este sistema para que las personas que trabajan para alguna empresa puedan recibir el pago en su cuenta a través de un depósito.     

APU: ¿El Ministerio tiene intención de gestionar la venta de alimentos más baratos para los sectores populares?

D. A.: Sí, ya que nuestra tarea está focalizada en que el productor le venda directamente al consumidor. En este sentido, tenemos varias líneas de trabajo: en primer lugar, armamos la “Canasta ahorro” que cuenta con 28 productos más económicos, apuntando a fortalecer y apoyar a los productores en las ferias existentes. En segundo lugar, otorgamos un crédito con tasa de 3% anual, pensando en que muchos de los productores no se pueden capitalizar y acopiar insumos debido a que no cuentan con capital a disposición, por lo que este crédito les permite acceder a máquinas, herramientas e insumos para poder avanzar.  En tercer lugar, apuntamos a fortalecer los centros de comercialización generando 400 pequeños mercados centrales donde los productores le vendan directamente al consumidor.

A mi modo de ver, el precio de los alimentos tiene varios aspectos, entre ellos: el precio internacional, el valor de los commodities, el tema del crédito, y otro aspecto, a mi modo de ver muy importante, es el tema de la intermediación. Si el tambero saca el litro de leche a $18 o $20 y termina en $70 u $80 en la góndola, en el medio hay un tema clave con la intermediación, por eso toda nuestra tarea consiste en que el productor le venda directamente al consumidor para achicar ese proceso.

APU: A su entender, ¿cuál es la importancia del desarrollo de los comedores comunitarios en la Argentina de hoy?

D. A.: En la Argentina hay 10 mil comedores que básicamente pertenecen a las iglesias, las organizaciones sociales y de personas que pusieron uno espontáneamente en sus hogares. Actualmente, los comedores comunitarios son claves porque están sosteniendo gran parte de la asistencia y la emergencia alimentaria.

Nosotros dividimos los comedores en tres tipos: en aquellos que están más estructurados y cuentan con infraestructura, a los que les transferimos dinero y ellos compran los alimentos. Este es el mejor modelo porque moviliza la economía local consumiendo leche, carne, frutas y verduras. Luego están los que llamamos “semiformales”, que son aquellos comedores organizados espontáneamente por las personas en sus hogares. Por último, tenemos a las ollas populares que surgieron el año pasado en el marco de la pandemia y que hoy van desapareciendo. Estamos apuntando a la descentralización, ya que son claves en este contexto de emergencia alimentaria muy evidente.    

APU: ¿Hay algún tipo de política apuntada a generar una mejor alimentación en los sectores populares?

D. A.: La Tarjeta Alimentar les brinda a las familias con chicos de hasta 14 años la posibilidad de comprar los alimentos que quieran, aunque nuestra sugerencia es fomentar el consumo de leche, carne, frutas y verduras, y allí tenemos dificultades. Hay que tener en cuenta que la Tarjeta Alimentar se puso en marcha al iniciar el gobierno en diciembre 2019. En abril del año pasado el 62% de las compras correspondía a esos productos y hoy bajó al 50%, y esto tiene que ver con el precio de los alimentos. 

Por un lado, apuntamos a quitar el IVA a la leche, la carne, las frutas y verduras para aquellos que compran con esta tarjeta. Quitar el IVA tiene que ver con la política de que quienes menos tienen, paguen menos impuestos, y también con este esquema de fomentar la buena nutrición. Por otro lado, ya se terminó de idear con el Banco Nación un sistema que posibilita vender con el celular: el productor deberá bajar un código QR para que pueda vender a quien tiene la Tarjeta Alimentar.      

APU: ¿Cómo se trabaja la situación de endeudamiento de las familias de ingresos bajos?

D. A.: Justamente, el otro problema central es el sobreendeudamiento de las familias que arrancan el mes en -10 porque deben plata. Los más pobres terminan tomando crédito a la financiera de la esquina donde pagan 200% de intereses anuales. Hoy el crédito es generador de pobreza en la Argentina. Por eso generamos un sistema de crédito no bancario con tasa del 3% anual, para máquinas y herramientas, que tiene el objetivo de capitalizar, ayudando a la gente para que pueda trabajar y también desacomodar este esquema donde el crédito es generador de pobreza en la vida cotidiana de hoy. Además, esta idea de que el productor pueda vender directamente al consumidor y formalizarlo, a través del Renatep, que le permite tener factura para producir y vender siendo titular de una cuenta gratuita en el Banco Nación.

Hay mucho más para avanzar en esta línea, pero hoy estamos tratando de ampliar el crédito no bancario, que considero un punto clave porque el problema de endeudamiento de las familias es tan crítico como el precio de los alimentos.