Daniel Arroyo: "Once millones de personas reciben asistencia alimentaria"

Por Martin Massad y Juan Cruz Guido |  Foto: Daniela Morán

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cuál es su opinión respecto del DNU 620/2020 que pone como servicios públicos a la telefonía celular, a la televisión por cable y a los servicios de internet?

Daniel Arroyo: Creo que la pandemia ha mostrado muchas cosas, entre otras la desigualdad en el acceso a datos, y eso se traduce sobre todo en el tema de la desigualdad educativa. Recorro todo el tiempo los barrios y veo que algunos chicos están conectados y efectivamente están siguiendo el año pedagógico, incluso tienen más material de lo que tienen habitualmente, mientras que otros no. Muchas familias cuentan con un único celular en la casa, que es utilizado por la mamá o el papá que salen a trabajar y recién a la noche, cuando pueden, estos chicos y chicas hacen los deberes como pueden.

En este tiempo hicimos muchas aulas digitales en los comedores, pero aun así está claro que hay un nivel de desigualdad y de acceso a datos que es importante. Creo que este decreto tiene varios componentes: uno es igualar condiciones para que lo básico, como es acceder a datos, pueda ser para todos y todas, con el objetivo de que puedan seguir el año escolar.

APU: ¿Considera que es posible llevar adelante el decreto teniendo en cuenta que hay muchas voces opositoras que salieron al cruce de esta medida de Alberto Fernández? 

D. A.: A mí no me corresponde especular sobre la manera en la que evolucionan las cosas. Creo que es de absoluta justicia el acceso a la información, a los datos y que hay derechos básicos que tienen que ver con la vivienda, con el trabajo y con los ingresos. También existen derechos básicos que tienen que ver con el siglo XXI, relacionados con el acceso a la información, que se han ido incorporando y hoy forman parte de las condiciones mínimas para igualar oportunidades. Es aquí entonces donde tenemos que enfocarnos. En esencia, realmente creo que de la escala de desigualdad que tiene Argentina, el hecho de que algunos chicos sigan el año escolar y otros no es un punto clave, y este decreto viene a acompañar iniciativas que se vienen planteando en esa dirección.

APU: En tiempos de pandemia, ¿cómo es la situación actual de los planes sociales que apuntan a una igualdad alimentaria?

D. A.: Previo a la pandemia, Argentina tenía 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños y 40% de trabajo informal. Estos son los tres datos más críticos de nuestro país. Nosotros pusimos en marcha el Plan “Argentina contra el hambre” a una semana de haber asumido el gobierno, el 18 de diciembre de 2019. Lo pusimos en marcha en la localidad de Concordia, una ciudad que tiene los índices más altos de pobreza, y cubrimos todo el país hasta mediados de marzo, cubriendo 1,5 millones de familias con la tarjeta alimentaria. Ello, partiendo de la base de que poníamos un piso a la caída social y después empezaba la reconstrucción.

Con la pandemia, evidentemente, la situación se complicó para muchas familias. Gente que hacía changas no pudo continuar haciéndolas, gente que nunca había estado en un comedor hoy está asistiendo a comedores. Pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Eso se cubrió, primero, con un Estado presente con muchos más recursos, en este sentido en el Ministerio de Desarrollo Social llevamos ejecutados al 31 de julio el 140% del presupuesto anual.

Hoy diría que las políticas sociales están en un 90% en el eje alimentario y el 10% en el trabajo, y aspiramos a que a fin de año sea 50 y 50. Pusimos también en marcha el Plan “Potenciar trabajo” y aspiramos a que el año que viene el eje central de la reconstrucción sea el trabajo.

APU: ¿Se puede, en este contexto, recomponer la situación del empleo en el país?

D. A.: Hay cinco sectores productivos, más mano de obra intensiva, que van a generar más trabajo para los más pobres: la construcción, la producción de alimentos, la actividad textil, la comunidad de cuidado, en especial las mujeres que hacen actividades de cuidado, y el reciclado. Es decir, generamos un esquema para vincular planes sociales con trabajo. Para ello armamos lo que se llama “unidades de gestión”, transferimos fondos a cada provincia y municipio para que compren máquinas y herramientas y pongan en marcha proyectos productivos en estas cinco líneas. Creamos además un sistema de crédito no bancario para que el carpintero acceda a una sierra circular o una máquina de coser fuera de los créditos bancarios con una tasa del 3% anual.

También generamos el Renatep, el registro que registra a los trabajadores no formales y brindamos la posibilidad de que se puedan anotar en el monotributo social, con un período de gracia de dos años, en el cual están exentos de pago. En ese esquema, entonces, apuntamos a generar 300 mil puestos de trabajo. Ya se están generando varios, y de hecho el viernes, junto con el Presidente, tuvimos un Zoom con varias de las personas que ya pusieron en marcha actividades productivas en estas líneas.

APU: El presidente Alberto Fernández afirmó que Argentina está atravesando la pandemia con una cuarentena inteligente en términos sanitarios. ¿Cómo valora la estrategia de contención social?

D. A.: Suelo hablar con muchos ministros y ministras de América Latina y tengo claro que la Argentina ha generado una gran cobertura. Considero que en el esquema de pandemia hemos ampliado la cobertura, asistiendo y sosteniendo una situación social critica, aunque estable. El IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) llega a 9 millones de argentinos, la asistencia alimentaria cubre 11 millones de personas, tenemos casi 600 mil personas bajo los planes sociales, donde cobran el salario mínimo y estamos vinculándolo con el Plan “Potenciar trabajo”. La Asignación Universal por Hijo (AUH), por su parte, alcanza a 4 millones de familias. Estas coberturas son la asistencia general dirigidas al sector informal de la economía.

En lo que tiene que ver con el sector formal, brindamos asistencia a 2,2 millones de personas que están cobrando el ATP, el cual cubre el 50% del salario del sector privado. En la Argentina hay una correlación directa entre el trabajo informal y formal, lo único que derrama es la clase media, por lo que cuando ella anda bien, se hacen changas y todo funciona.

En ese esquema, se han generado políticas de cobertura y contención verdaderas, y ahora entramos en la etapa de reconstrucción. Hablamos ahora de una segunda etapa de políticas sociales que tiene eje central en el trabajo, en un ingreso de base y en la urbanización de los 4000 barrios populares donde 4 millones de argentinos viven hacinados, sin servicios básicos. Estas tres políticas combinan derechos con movimiento económico, y además es un gran plan de empleo porque hay mucha gente trabajando.

APU: ¿Cómo se encuentra la iniciativa del Consejo Económico y Social, lanzado en el comienzo de la gestión de Alberto Fernández?

 D. A.: Nosotros pusimos en marcha el Plan “Argentina contra el hambre” y lo que llamamos la “Mesa contra el hambre”. Allí definimos tres líneas de trabajo claves: el primer eje es la cobertura y cómo ir generando condiciones para que los comedores sean centros comunitarios, de apoyo escolar, deportivos, y que la gente pueda volver a comer en la casa. Esta es una tarea muy compleja, sin embargo estamos formalizándolo, haciendo un registro de comedores con el objetivo de que los comedores sean un centro de otras actividades y que la gente vuelva a comer en la casa. Esa es la tarjeta alimentaria. El segundo eje es la calidad nutricional, ya que mucho de lo que se está comiendo es fideos, harina y arroz, muy poco de leche, carnes, frutas y verduras, por lo que tenemos que fortalecer la calidad nutricional. Respecto a la tarjeta alimentaria, antes de la pandemia, el 67% de las compras tenían que ver con leche, carnes, frutas y verduras, en el medio de la pandemia bajó a menos del 50%, por lo que estamos reconstruyendo eso ahora. Por último, el tercer eje es la producción de alimentos, y aquí uno de los ejes de trabajo es la agricultura familiar de pequeños productores.

Estos son, entonces, los tres ejes centrales que estamos trabajando en el Plan “Argentina contra el hambre”, apuntando a hacer reuniones mensuales en comisiones de trabajo específicas.

APU: ¿Cómo se encuentra la situación vinculada al empleo joven?

D. A.: Claramente este es el sector que está más complicado, sobre todo si estamos hablando de jóvenes de 18 a 29 años. Es un sector cuyos índices de pobreza general, desocupación e informalidad laboral son los más altos.

En los próximos días, estaremos lanzando dentro del Plan “Potenciar trabajo”, la línea “Potenciar joven”, para jóvenes de 18 a 29 años que tiene que ver con trabajo, con capacitación, con la posibilidad de completar la educación secundaria y con armar una red de tutores y acompañamiento. Está claro que el desafío más grande es el primer empleo, y aquí las mayores dificultades las tienen los jóvenes, en especial las jóvenes. Por ello, estamos poniendo en marcha una línea de trabajo en Argentina específica para este sector joven que va a tener que ver con proyectos que ellos quieran poner en marcha, con capacitación y financiamiento para generar condiciones para su primer trabajo.

Para nosotros, las dos cuestiones principales están en relación con los jóvenes y la primera infancia,  y a ambos vamos a comenzar a activarlos en las próximas semanas. En relación a la primera infancia, tenemos el desafío de que todos los niños y niñas cursen y asistan a sala de 3, 4 y 5 años, y que realmente la Argentina brinde oportunidades de arranque para todos.