El Ejecutivo pedirá que la Corte lo derogue
El gobierno nacional pidió que este impuesto sea derogado y la presentación tiene también la intención de "desincentivar que estas intenciones trasciendan Córdoba y se intenten aprobar en otros distritos, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires”, afirmó Lorenzino en una conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Hacienda, acompañado por el viceministro Axel Kicillof.
Lorenzino precisó que se le pidió a la Corte una medida de no innovar y que “solicite con celeridad que Córdoba deje de cobrar este impuesto, que suspenda su cobro. El pedido del gobierno nacional es preservar la legalidad”.dijo.
Lorenzino sostuvo que el impuesto es "ilegal" e "inconstitucional" y aclaró que no se trata de una tasa, ya que las mismas implican la contraprestación de un servicio, sino de un "impuesto encubierto". Este impuesto, agregó, “no tiene relación directa con un servicio, va a Rentas Generales (de la provincia) y dice que se van a utilizar en obras, que no están identificadas”.
El cobro de este impuesto además va en “clara contradicción” con el sistema de distribución nacional de impuestos, se superpone directamente con otros impuestos ya existentes, con lo cual se da la doble imposición”.
Criticó el hecho de que el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota envíe a funcionarios a explicar la actitud asumida, en tanto el se encuentra en el exterior, “hablando mal de la Argentina”.
El instrumento creado en Córdoba “además de su carácter regresivo y perjudicial para el bolsillo de los cordobeses, es absolutamente ilegal e inconstitucional y se contradice con la normativa que rige la relación de larga data fiscal entre la Nación y las provincias”, agregó Lorenzino.
Señaló que el mandatario “antes de rasgarse las vestiduras apelando al cumplimiento de la Constitución debería empezar por casa y cumplirla, en este caso con normas que son basales en nuestro sistema de coparticipación, de no cobrar dos veces” y explicó que la provincia mediterránea, al igual que las demás reciben en forma indirecta el impuesto nacional a los combustibles.
“Los cordobeses ya pagan un impuesto a los combustibles, al cual De la Sota le adiciona otro que se le ocurre cobrar; pretende que los cordobeses paguen dos veces por el mismo impuesto”. Dice que es para mantenimiento de caminos y rutas cuando Córdoba “está recibiendo una parte de la recaudación de este impuesto y el gobernador pretende, incumpliendo leyes nacionales, que los cordobeses hagan un esfuerzo restringiendo el consumo y yendo en contrario de las medidas del gobierno nacional, de incentivar la actividad económica”.
En tanto el viceministro de Economía, Axel Kicillof explicó que se ha realizado esta presentación ante la Corte en defensa de “los que tienen que llenar el tanque de nafta en Córdoba”, señalando que la decisión del gobierno de Córdoba es “un manotazo de ahogado” para salvar su gestión.
Sostuvo luego que es “mentira este mito que está armando De la Sota, consultores y periodistas, de que el gobierno nacional tiene una política contraria a las administraciones provinciales” y, seguidamente mostró una serie de gráficos con estadísticas sobre el giro que realiza la Nación a los estados provinciales en concepto de coparticipación y otros impuestos.
Actualmente los recursos que gira la Nación en concepto de coparticipación federal llega al 58% y lo que aportan las provincias se redujo al 41%. “Hoy el gobierno nacional aporta a las provincias el 58% de sus recursos, mientras que entre 1993 y 2002 lo hacía con el 50%; se incrementó el giro y es mentira que las provicnias estén peor fiscalmente porque el gobierno nacional los prive de algún recurso”.
En términos del Producto Bruto Interno (PBI) Kicillof señaló que “el federalismo fiscal ha sido una política clara del gobierno nacional, de mejorar la contribución a las provincias desde el tesoro y mejorar las transferencias, para generar un verdadero federalismo”.
Actualmente, agregó, el 9% del PBI se transfiere a las provincias, mientras que en los ’90 estaba en el 6%. “Se ha incrementado un 50% y no en valores nominales, sino en porcentaje del PBI la transferencia de recursos a las jurisdicciones provinciales”.
“El gobierno nacional –agregó- gira cada vez más fondos en términos de PBI y además lo específicamente lo hace en transferencia de capitales, pues la apuesta más grande es la reindustrialización, el crecimiento, con obras de infraestructura que es una preocupación permanente y por eso dirigimos los gastos hacia ese segmento”.
“Es falso que el gobierno nacional ahoga a las provincias, con un incremento del 50% de recursos” y observó que “distinto es como gastan las provincias, que es otra cosa”.
Al hablar del impuesto a las naftas en Córdoba, al igual que Lorenzino, dijo que es “ilegal, regresivo” y lo impusieron porque “es fácil de cobrar. Están convirtiendo a las estaciones de servicio en entes de recaudación. Lo que no ha hecho su ente de recaudación –que es mejorarlo- quiere que lo hagan las estaciones de servicio”.
Sostuvo luego que las naftas son casi un artículo de primera necesidad y luego señaló que el aumento se refleja en un incremento de los costos de transporte, que lo tiene que pagar la población, como también de los fletes que no solo lo pagan los cordobeses sino todos los que pasen por la provincia, afirmó.
También advirtió que “vamos a evitar cargar nafta en Córdoba y en la Capital Federal si Mauricio Macri quiere incrementar en 40 centavos. Es un impuesto injusto, una aberración impositiva, cargada sobre los que menos tienen. Es meterle la mano en el bolsillo cuando la gente carga nafta. Es ilegal”.