Horizontes económicos para un posible gobierno popular

Por Carlos Baraldini

Como es notorio, la opción al gobierno es el Movimiento Nacional y Popular, que tiene como eje histórico al peronismo, representando múltiples fuerzas y sectores sociales y económicos, es un policlasismo que gestiona hacia el futuro un capitalismo a la criolla con una fuerte regulación del Estado. 

Sectores sindicales ya han debatido distintas propuestas, las Pymes con sus temáticas, los sectores cooperativistas del campo, las comunidades originarias que pelean por el dominio de sus tierras y su producción familiar y comunitaria, los jubilados y pensionados, sectores de la ciencia y la tecnología, la docencia en todos sus niveles, las economías regionales, de todo este desparejo acontecer ciudadano se deberán elegir aquellas propuestas de emergencia y otras del mediano y largo plazo. 

Por un lado habrá que modificar la estructura del Estado agregando, como se promete, un ministerio de viviendas, otro de la mujer. También la ciencia y la tecnología, la economía  y el consumo popular, y el de Planificación Integral merecen estar en la cúspide de la gobernanza. 

La emergencia alimentaria y la sanitaria, la congelación de tarifas de servicios públicos y el transporte de pasajeros tienen una importancia crucial en el corto plazo. Junto a los aumentos de emergencia de salarios, jubilaciones/pensiones y Asignaciones Universales.  

¿Qué se quiere con la emergencia alimentaria? Se puede admitir ayuda con bolsones por corto plazo, pero se debe favorecer una fuerte regulación de precios en insumos de la industria alimenticia como en su propia producción y distribución. Auspiciar la producción cercana a los grandes conglomerados urbanos, cooperativizar toda la distribución y el transporte de productos frescos y envasados, recuperación del transporte marítimo propio y un cambio en toda la matriz productiva y su comercialización. 

La emergencia sanitaria deberá apuntar al congelamiento de precios de medicamentos y a priorizar la fabricación nacional y del Estado: los precios de medicamentos no podrán superar el aumento de la jubilación mínima. Se pondrá en ejecución el Programa de Prevención y cuidado de la salud en todo el territorio, a cargo de las obras sociales y hospitales públicos, el Plan Remediar y todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio. 

A mediano plazo la tendencia será un modelo de salud donde participen las empresas privadas, el sector social y el público, para optimizar los recursos. Con un ejemplo basta: la gran estructura pública de la salud atiende no más de 6 horas por día; el paciente jubilado tiene 30 días de espera para un turno de su médico de cabecera y dos meses para un estudio de diagnóstico: el usuario pide más y mejores servicios y, sin dudas están, tanto en la esfera privada como pública. 

El corazón de la problemática económica será el proceso distributivo: ¿cómo reducir la desigualdad de ingresos y patrimonios? Y para comprender la desigualdad habrá que estudiar todos los factores, los actuales y los pasados, existe una caja de herramientas, desde las fiscales, las productivas, el empleo y sus nuevas características, las asignaciones familiares y la vivienda propia. Son múltiples acciones. 

¿Quién generará estas iniciativas? Se habla de un Consejo Económico-Social, integrado por trabajadores, consumidores, empresarios, corporaciones, delegados de ciencia y tecnología y con carácter federal. Este Consejo tendría atributos para interpelar ministros y secretarios de áreas, impulsaría el tratamiento de leyes y controlaría que las políticas públicas contra el desempleo y la desigualdad se cumpliera en todas las áreas públicas y privadas. Podría impulsar un código económico para las empresas: todo usuario debe tener el derecho de conocer qué productos consume y qué empresas lo fabrican, si esas empresas cumplen con el código de respeto al medio ambiente, a las leyes fiscales y laborales, el pago y privilegios a sus CEO y los dividendos a los accionistas, su política de inversiones, sus cuentas en el exterior,  etc. Este sería un avance de la democracia en el ámbito económico. Transparencia económica. 

No quedaría ajena la reforma fiscal, cambiando el impuesto progresivo  a los ingresos y al patrimonio, una nueva tasa de impuesto marginal, un impuesto a las multinacionales y una política del Cuidado del Medio Ambiente, donde las empresas contaminantes tendrán doble gravamen. 

Se deberá estudiar una Política Nacional de remuneraciones, con un salario mínimo adecuado a las necesidades y un código de prácticas salariales. Habrá que ofrecer bonos de ahorro nacional con garantías de actualización para personas con un máximo de inversión. La fabricación de viviendas podrá utilizar este ahorro popular, de tal manera de garantizar que toda familia trabajadora tenga acceso a la vivienda. 

Se mantendrán las Asignaciones familiares o Subsidios Infantiles, en forma independiente del empleo de los padres y se podrá gestionar una dotación de capital inicial para las personas que llegan a la edad adulta (18 años), con usos permitidos: la educación, la vivienda, elementos tecnológicos, etc. 

Es importante que el Estado auspicie un Fondo de riqueza soberana, que integre las rentas petroleras, retenciones agrícolas y otras inversiones claves, para acrecentar el valor neto del patrimonio del Estado. Desde esta herramienta se podrán recuperar tierras de latifundios con destino a la agricultura familiar y comunitaria, cercanas a los seis mayores conglomerados urbanos. Los supermercados han fracasado como entes que podían vender productos frescos a bajo precios por compras en escala. 

Un ministerio del Cuidado del Medio Ambiente será necesario para revertir las políticas actuales, un presupuesto destinado a corregir el mal paso dado, tanto en aguas y tierras, minería a cielo abierto y las grandes contaminaciones por el uso de pesticidas, la protección de los parques nacionales, la regulación del turismo en áreas conservadas, planes forestales y prohibición del desmonte. 

Para derrotar la inflación interna es adecuada la regulación del mercado de divisas, el comercio exterior gestionado en forma mixta: Estado y cooperativas agrarias. Si el jugador fuerte en viviendas es el Estado y su asociación con empresas privadas y cooperativas, se des-dolariza el precio de las mismas y se canaliza la inversión en moneda fuerte nacional, ligada a la producción petrolera u otras, como las alimenticias, con renta superior a la inflación. Reglamentar el Compre Nacional nuevamente para evitar importaciones de bienes y productos de fabricación nacional. Créditos sin interés para capital de trabajo de las Pymes urbanas, rurales y cooperativas. 

La regulación de los precios internos deberán asociarse a un nivel de cumplimiento fiscal: si la empresa aumenta sus precios por encima del promedio general de precios minoristas, queda afectada impositivamente a otra categoría, paga mayor impuesto, por ejemplo de Ingresos Brutos, que los liquida en forma mensual. Esta podría ser un mecanismo de regulación, lo que gana de más lo paga en impuestos, de rápida verificación y cumplimiento a través del débito automático en su cuenta bancaria. 

Promover la demanda por aumentos de ingresos de trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas es un inicio fértil, pero tiene también un techo. Hay que lograr mecanismos económicos de aumentar la participación del tercer actor, entes productivos y de servicios sin fines de lucro, tanto para obra pública como para gestión de servicios al público: gas, luz, telefonía, redes, servicios de salud, recreación, educación en todos sus niveles, etc. Tuvimos y tenemos experiencia de gran desarrollo en estas figuras jurídicas, decenas de cooperativas brindan electricidad, telefonía en el interior del país, el Hogar Obrero y su gran capacidad de servicios, créditos, consumo y viviendas, las cooperativas lecheras, de mosto, producción artesanal en las economías regionales, etc. 

Quiero terminar esta corriente de ideas con esta mención del economista e investigador inglés, Anthony B. Atkinson, en su obra Desigualdad ¿qué podemos hacer?: “Y hay quienes, como yo, creen que los niveles actuales de desigualdad económica son intrínsecamente inconsistentes con la concepción de una buena sociedad. Cualquiera que sea el motivo de preocupación, persiste el interrogante: ¿cómo se puede alcanzar una reducción significativa de la desigualdad?… De manera crucial no acepto que la creciente desigualdad sea inevitable”.