La pobreza casi alcanza al 60% de niños/as y adolescentes: ¿Qué hacer?

Por Elizabeth Pontoriero | Foto: Daniela Amdan

El informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el 31 de marzo revela que alrededor de 12 millones de argentinos viven en la pobreza. De esa cantidad, la mayoría son niños y adolescentes quienes no llegan a cubrir sus necesidades básicas, como alimentos, vivienda y transporte. Un drama social que afecta a las futuras generaciones de argentinos. 

De acuerdo con el informe publicado por el INDEC, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) sobre 31 aglomerados urbanos, se registró para el segundo semestre de 2020 que el 42% de las personas del país está por debajo de la pobreza y el 10,5% está en situación de indigencia. Comparado con el primer semestre de ese mismo año, hubo un aumento de la pobreza en 1,1 p.p., agravada en gran medida por la pandemia de COVID-19.

Según el informe, de los diferentes grupos etarios que se encuentran en situación de pobreza, los más afectados son los niños y adolescentes. La cifra es dolorosa: el 57,7% de los menores de 18 años no pueden cubrir una canasta elemental de bienes y servicios. 

De este modo, también, se detalla que las familias con hijos presentan mayores dificultades para acceder a niveles de ingresos que les permitan alcanzar a cubrir sus necesidades básicas, como la educación, la salud y la vivienda, en consecuencia, se traduce en un aumento de la pobreza en el sector infantil.

Con respecto a las causas que influyen en la profundización de la pobreza, en una entrevista concedida al periodista Jorge Cuadrado en El 12 de Córdoba, durante octubre de 2020, Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) expresó que “el principal determinante de la situación de pobreza es el ingreso que pueden percibir las personas en el mercado de trabajo, entonces, el problema está en que toda esta riqueza que existe en el país no se traduce necesariamente en fuentes de trabajo y que el nivel y el ritmo que tiene la Argentina de crecimiento, y la recesión actual y de los últimos años, no está siendo suficiente, obviamente, para generar los puestos de trabajo necesarios para que todas las personas que viven en el país tengan ingresos laborales. El crecimiento económico es una condición necesaria para que la pobreza disminuya, pero tampoco es una condición suficiente”.

Por otro lado, añadió que se encuentran en situación de pobreza más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Argentina y que “atacar ese problema debería ser la primera urgencia de la clase política”, aunque reconoció que es algo que no puede hacer solo el Estado sino que “es necesario también un acuerdo que exceda al ámbito público, convocando a otros sectores: al sector privado, a los sindicatos, a los movimientos sociales y también a los medios de comunicación en cómo se discuten y cómo se plantean estas cuestiones”.

Asimismo, con respecto al futuro que nos espera, señaló que el problema de la pobreza es algo histórico que se profundizó por los efectos de la pandemia, lo que nos ubica en un peor lugar respecto del resto de la región: “La pobreza es una deuda histórica que tenemos como país, hace 25 años que no logramos perforar un piso, siempre hay un cuarto de los argentinos, un 25% de las personas que viven en el país que están en situación de pobreza y es necesario poner esto en un contexto regional donde en los últimos 20 años la gran mayoría de los países de la región lograron disminuir la pobreza. Esta deuda histórica que tiene el país marca, creo, una urgencia de consensos a través del arco político que debería transversalizar a todos los partidos y a todos los sectores para poner esto realmente esto como prioridad uno”.

Por su parte, Gabriel Kessler, investigador del Programa de Protección Social del CIPPEC y del CONICET y docente de la Universidad de San Martín, también coincidió con la experta y expresó en CNN en español que “los umbrales de pobreza en la Argentina son altos desde hace tres décadas; nosotros como mayor deuda de la democracia o una de las mayores es que nunca bajamos del alrededor de un 30% de población pobre y nos encontramos con el 30 o 40, con algunos picos en 2002 y ahora tenemos 6 puntos y medio más que en el mismo trimestre de hace un año, lo cual habla de las consecuencias evidentes de la pandemia en un contexto que ya era complejo en términos económicos y que, a pesar de que hubo políticas del estado que sin duda bajaron unos 2 o 3 puntos la pobreza, sino hubiera habido más”.

Además, agregó que todo indica que esta situación se va a intensificar por los efectos de la pandemia de la que ya estamos atravesando la segunda ola: “No hay nada que indique que necesariamente va a haber una disminución, porque si uno mira el semestre pasado, en el tercer trimestre, cuando aumentó la inflación, pero también, disminuyeron las ayudas del Estado, se calcula que hubo un aumento de la pobreza mayor, es decir hay ahí un tema central que es los problemas obviamente en el mercado de trabajo, sobre todo con asalariados informales, con adultos, sobre todo con mujeres y también con varones jóvenes, y la pregunta es cómo generar acciones tanto de políticas sociales como en el mercado de trabajo, que puedan absorber esa mano de obra que está desocupada”.

Según el informe “Panorama Social de América Latina 2020”, publicado en marzo de este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se expresa que una de las principales consecuencias de la pandemia es la pérdida de empleo que se redujo en toda la región y que, en mayor medida, se produjo en el sector informal. También, se indica que, en la Argentina, del total del empleo perdido, un 53% corresponde al sector informal, pasando de una tasa de ocupación informal del 34,5% en abril-junio de 2019 al 23,8 para el mismo periodo en 2020.

En este sentido, en el documento publicado en septiembre de 2020 por el CIPPEC “Impacto Social del COVID-19 en Argentina: Balance del primer semestre de 2020” se señala que “quienes se encuentran bajo la línea de pobreza y participan del mercado de trabajo, se insertan principalmente en empleos informales o por cuenta propia. Por lo tanto, quedan excluidos/as o de la protección social establecida en el sector formal. Solo un cuarto de quienes están en situación de pobreza y trabajan son asalariados/as formales frente a más de la mitad del resto de trabajadores”.

En lo que respecta a las medidas que pueden implementarse para mejorar la situación de pobreza que padece gran parte de la población, en la que se destacan principalmente los jóvenes, Gala Díaz Langou, explicó en El Doce que “para combatir la pobreza, no es fácil, es necesario una estrategia multidimensional que, por un lado, por supuesto, ponga un foco en generar este crecimiento compuesto de empleo y demás, pero es necesario apuntalar ese crecimiento con una serie de políticas sociales. En primer lugar, es urgente mitigar la crisis, de la recesión que veníamos viendo desde hace unos años que se agravó con el impacto de la pandemia y ahí es importante reconocer que el IFE y las otras políticas que se implementaron resultaron un colchón para atajar esta situación, pero no suficiente y, también, es importante reconocer que la espalda fiscal que tiene el Estado actualmente no permitirá que esas políticas duren mucho tiempo más. Ahí hay que poner un primer foco importante en pensar cómo se sostienen los ingresos de los hogares que están en situación de pobreza, que en su mayoría estamos hablando de chicos”.

También, explicó que se necesita complementar las medidas de urgencia con políticas para el mediano y largo plazo con el fin de “evitar la reproducción generacional de la pobreza”. Así, es indispensable la aplicación de “políticas tendientes a reducir el embarazo en la adolescencia, por ejemplo, garantizar los espacios de primera infancia, la terminalidad educativa, garantizar la inserción productiva de estas personas en empleos de calidad, en los sectores más dinámicos de la economía y, también, trabajar en fortalecer lo que pueda llegar a ser el aparato estatal que implemente estas políticas, de asegurar que sea sostenible y que estas políticas no impliquen un agujero en las cuentas fiscales, sino repensar cómo se financian”. 

Políticas de Estado para mitigar la crisis por COVID-19

En el informe publicado en septiembre de 2020 por el CIPPEC “Impacto Social del COVID-19 en Argentina: Balance del primer semestre de 2020”, se detalla que en el primer semestre de 2020, el Estado implementó una serie de medidas de transferencia monetaria para mitigar el impacto económico y social generado por la pandemia, así, “apoyándose en las fortalezas del sistema de protección social, se pudo reaccionar rápidamente transfiriendo ingresos a las familias más vulnerables con niños/as y adolescentes, a titulares de programas sociales y a personas mayores”. 

También, según se especifica, se implementaron políticas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que se complementaron con “programas para reforzar el acceso a la educación remota, la provisión de bienes y servicios básicos, la inversión en infraestructura y la prevención sanitaria”.

De este modo, de acuerdo con el documento citado, se fortalecieron con pagos extra la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), no obstante, si bien estas medidas tuvieron como fin “sostener los ingresos de las familias con niños/as que, sufren los mayores riesgos de encontrarse en situación de pobreza”, hay un sector de niños que quedó desprotegido: “hay un universo de niños/as que quedaron por fuera de este pago suplementario incluyendo a los hogares de monotributistas de categorías bajas y de asalariados formales de menores remuneraciones. Recordemos que el sistema de transferencias de ingresos a la niñez en Argentina se compone por tres pilares: las asignaciones familiares del subsistema no contributivo -principalmente, la AUH y la AUE-, las asignaciones familiares del subsistema contributivo para trabajadores formales - Asignación Familiar por Hijo (AFH)- y la deducción por hijo del impuesto a las ganancias para los trabajadores formales. Si bien los niños/as en situación de mayor vulnerabilidad perciben las asignaciones familiares del subsistema no contributivo (AUH y AUE), en un contexto de pérdida de empleo, suspensiones de puestos de trabajo y pérdida de ingresos, las/os niñas/os cuyos padres son monotributistas de categorías bajas y medias o asalariados formales de bajos ingresos pueden ver su bienestar afectado”.

Para Gabriel Kessler, investigador del Programa de Protección Social del CIPPEC y del CONICET y docente de la Universidad de San Martín, el panorama futuro es muy desalentador: “Hay un retroceso de las mejoras en términos de pobreza y desigualdad de 12 años, es decir, el retroceso se ve en todos los ítems, se ve en salud sexual y reproductiva, se ve en inclusión escolar, se ve en indicadores de salud y, como bien sabemos, decimos que, lamentablemente, nada nos autoriza a ser optimistas. Sin caer en un determinismo, esto, por supuesto, depende de que políticas se apliquen, de qué se haga con esto, pero los márgenes de acción son complejos, en un contexto que sin lugar a duda 2021 va a ser tan difícil o más que el 2020 y nada nos permite, lamentablemente, avizorar cambios que de por sí impliquen una mejora de las situaciones” y agregó que “los logros son muy complejos, muy largos, muy costosos, y los retrocesos se hacen rápido”.