La situación minera actual en Perú: entre la rentabilidad empresaria y la defensa del territorio

Por Laura Alvarez Huwiler *. Imagen: minería ilegal en Perú.

La minería en Perú ha tenido un crecimiento destacado en las últimas dos décadas. Según un informe del Ministerio de Energía y Minasexisten 604 unidades en producción y 332 en explotación, ocupando 16.507 km2, esto es, el 1% del suelo peruano.Pero la totalidad del territorio ya concesionado a la minería asciende a un 12%. Además, las exportaciones mineras constituyen el 60% de las exportaciones totales de Perú, y la minería representa el 10% del PBI de este país, superando incluso a Chile y a Sudáfrica.

No obstante, en los últimos años, esta actividad tuvo un estancamiento a nivel regional. Y en este contexto, se vieron reducidas las recaudaciones fiscales provenientes de la minería. El pago de Impuesto a la Renta en Perú, por parte de las empresas mineras, disminuyó de tal manera que hoy sólo representa una tercera parte de lo recaudado en 2007. Según un reporte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú, también vienen disminuyendo las transferencias del Canon Minero: mientras que 2007 estas superaban los 5 mil millones de dólares, en 2015 se habían reducido a menos de la mitad. Algunos afirman que esta reducción viene ocurriendo tras una disminución en la rentabilidad de las propias empresas mineras desde la crisis financiera internacional de 2008.Esta disminución se ve reflejada, además, en una retracción de las inversiones mineras en nuevas exploraciones. Explicaciones complementarias se centran en la caída del precio de los metales y algunas refieren directamente al período actual como “post boom minero”.

En el marco de una reducción del precio de los metales, otros factores parecieran influir en los flujos de inversión y en la rentabilidad de las empresas mineras. Según la CEPAL, sumado a “la presión de sus accionistas para aumentar la rentabilidad del capital, las compañías mineras de todo el mundo también tienen que hacer frente a nuevas exigencias de los gobiernos, las comunidades y la sociedad civil en relación con el impacto social y ambiental de sus actividades. Estas exigencias pueden incrementar los costos operativos y agregan incertidumbre sobre la viabilidad de ciertos proyectos”.
En los hechos, en algunas comunidades, el rechazo a las corporaciones mineras y las consecuencias que generaría la minería a gran escala en sus territorios, contribuyó al cierre de ciertos proyectos mineros.

Así como en Chile y Argentina se logró suspender el Pascua Lama, proyecto de la corporación minera Barrick Gold, en Perú, las propias comunidades frenaron otros proyectos mineros a gran escala. Entre 1999 a 2012, se registraron en Perú setenta y ocho protestas sociales frente a la minería. En efecto, existe un estudio de la defensoría del pueblo en Perú afirma que en “septiembre de 2011, los conflictos socioambientales, entre activos y latentes, constituían el 41.7% del total de los conflictos registrados…”

La presión que ejercen las poblaciones sobre los proyectos mineros tiende a afectar también la rentabilidad de las empresas que los llevan a cabo, ya sea por la amenaza de la interrupción o, incluso, el cierre de aquellos. En 2013, por ejemplo, en Perú, se paralizó la actividad de la mina Yanacocha por varios meses y provocó una caída en las exportaciones de oro peruanas del 25%. Aquel freno de Yanacocha fue producto de las diversas manifestaciones sociales que llegaron a bloquear la empresa.

Al estar en juego la rentabilidad empresaria, las corporaciones intensifican los esfuerzos para generar legitimidad en las comunidades, denominada “licencia social”, a través de la llamada “Responsabilidad Social Empresaria” o a través de programas que difunden la “transparencia” de estas corporaciones como es el caso de Extractive Industries TransparencyInitiative. Cuando estos esfuerzos no funcionan, las empresas, en conjunto con los gobiernos, retoman los clásicos mecanismos coerción.

Al parecer, ni aquellos esfuerzos en la búsqueda de la licencia social ni los intentos de imponerse por la fuerza lograron detener los conflictos, que continuan creciendo a medida que avanza la actividad y sus consecuencias para las comunidades. Un ejemplo de estos conflictos fue el caso de una comunidad que luchó en defensa de la laguna del Conga, en Cajamarca, contra los atropellos de minera Yanacocha, uno de los proyectos de extracción de oro en Sudamérica, cuyo consorcio se encuentra integrado por la empresa norteamericana Newmont Mining Corporation, la empresa peruana minas Buenaventura y el Banco Mundial. El caso de esta comunidad cajamarquina frente a la trasnacional fue abordado por la difundida película peruana “La hija de la Laguna”. Y al respeto de las implicancias de la minería, la productora de esta película nos explica que “La minería a gran escala, desarrollada por grandes empresas en connivencia con el gobierno, afecta a pequeñas comunidades, usualmente rurales e indígenas, creando grandes desequilibrios de poder. Casi nunca se consulta a la comunidad para tomar decisiones de concesión, exploración o incluso de explotación, a pesar de las afectaciones que el proyecto minero, en numerosas ocasiones causa a la comunidad, como contaminación, divisiones internas entre la población o violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas de los sectores contrarios a su implementación. Y una vez el conflicto estalla, se produce criminalización de la protesta y hostigamiento judicial a líderes sociales y ambientalistas”.

Mientras tanto, el ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y actual presidente peruano Kuczynski, más conocido como PPK, promueve activamente el crecimiento de la actividad en el país. En el mensaje inaugural de las sesiones parlamentarias, el presidente de Perú aseguraba estar “recuperando la confianza de los inversionistas privados”y a laespera la ejecución de nuevos proyectos mineros en los próximos 18 meses.

* Doctora en Ciencias Sociales, investigadora del departamento de Economía y Sistema Mundial del CCC, de la UNQ y becaria posdoctoral del CONICET.