Saqueo libertario a YPF: una sospechosa desvalorización por 1.800 millones de dólares 

La superposición constante de temas en discusión funcionan como una cortina de humo que encubre los carriles de fondo por donde avanza el gobierno en la privatización del patrimonio público, la entrega de nuestra soberanía y la desintegración nacional. En tal sentido es que hemos llamado la atención insistentemente respecto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, cuestión que finalmente ingresó al debate social y legislativo. Pero vemos con extrema preocupación que la política oficial respecto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), empresa insignia del país y orgullo argentino, todavía está fuera de agenda. 

Por tal motivo es que en una serie de informes venimos estudiando lo que denominamos el “saqueo libertario” a la petrolera de bandera. En la primera parte, publicada el 29 de abril, quedó expuesto el desmedido aumento de honorarios (¡hasta 70.000 dólares mensuales por cabeza!) del Directorio de la compañía. En la segunda parte, hecha pública el 7 de mayo, se mostró que la gestión libertaria hizo una reserva exagerada de acciones propias para ser usadas como remuneraciones adicionales para altos cargos. Estas dos formas de usufructo privado, en detrimento de las arcas de YPF, representan un total de 40 millones de dólares a ser repartidos entre un puñado de amigos del gobierno. 

En este tercer informe exponemos la desvalorización injustificada del patrimonio de la empresa. A partir de un minucioso análisis de los documentos de la auditoría contable, mostramos que no hay argumentos para producir una depreciación por alrededor de ¡1.800 millones de dólares! La modalidad de exposición es, al igual que en las partes anteriores, mediante preguntas y respuestas breves, de modo de explicar las cosas del modo más sencillo posible. Finalmente, anunciamos que habrá un cuarto informe en el que estudiaremos la “estrategia de achicamiento” propuesta por los libertarios para YPF. 

¿Cuál es la situación contable de la petrolera estatal?

En marzo de 2024, el actual Directorio de la empresa, propuesto por el gobierno libertario en diciembre de 2023, declaró que la empresa había tenido pérdidas en 2023 por valor de 1.277 millones de dólares. Pero, ¿cuál era la situación financiera de la empresa con anterioridad a diciembre de 2023? Solo unos meses antes, en marzo de 2023, el Directorio, dirigido por Pablo González y elegido por el gobierno del Frente de Todos, declaró ganancias para el periodo 2022 por valor de 2.234 millones de dólares. De hecho, el 10 de marzo de 2023, González presentó los resultados y el plan de crecimiento de la compañía en la Bolsa de Nueva York, en donde mostró el aumento exponencial de producción de hidrocarburos (el mayor interanual en el último cuarto de siglo). En síntesis, sin que medien circunstancias externas ni explicación alguna, la empresa pasó de reportar ganancias por 2.234 millones de dólares a informar pérdidas por 1.277 millones. 

¿Cómo se explica esa enorme diferencia?

Resulta que en febrero de 2024, y luego de cerrado el ejercicio económico de 2023, el Directorio libertario realizó un ajuste contable a ser cargado al año anterior y  redujo en 1.800 millones de dólares la valuación de 55 áreas con hidrocarburos convencionales en las que tiene previsto ceder el control. Las nuevas autoridades afirmaron a los medios que se trata de un “sinceramiento” del valor real de esos pozos y cuestionan a Pablo González por mantener elevados los valores de esas áreas. Según versiones periodísticas, la acusación libertaria se funda en que González habría tenido intenciones de postularse como candidato en Santa Cruz (no obstante, hay que aclarar que las áreas puestas a la venta se encuentran en esa y en otras cinco provincias). Como respuesta, el ex CEO  reaccionó indicando, a través de la cuenta en X de Hernán Lechter, una serie de puntos para defender, con fundamentos técnicos, su gestión al frente de la petrolera.

¿Pudo Pablo González “disfrazar el balance”?

En el ámbito de una empresa de las características de YPF, que cotiza en la Bolsa de Comercio de Nueva York, es imposible realizar sobrevaluaciones sin despertar sospechas. O, lo que es lo mismo, “esconder pérdidas”, ya que los Estados Contables, que presentan los resultados económicos y financieros de manera pública, se realizan siguiendo estrictas normas bursátiles con controles de transparencia y prácticas anticorrupción. Este punto, señalado por González, es correcto. En efecto, estas medidas fueron reforzadas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) tras el escándalo de la petrolera Enron en 2001, justamente por ocultar pérdidas. A raíz de este y otros grandes fraudes contables, se sancionó en 2002 la Ley Federal Sarbanes-Oxley, que afecta a todas las empresas cotizantes en los mercados estadounidenses de valores. E incluye controles sobre la correcta valuación de activos, de cumplimiento muy severo, tanto para la empresa como para su auditor certificante. En el caso de YPF la firma auditora ha sido la misma tanto en la gestión anterior como en la actual: Deloitte & Co. SA.

Entonces, ¿cómo se explica la mega desvalorización de estos activos de YPF?

Tras la revisión de los Estados Financieros Consolidados de YPF al 31 de diciembre de 2023, elaborados por la empresa auditora, podemos afirmar que la misma no se explica. Toda la información al respecto, disponible al público, está suministrada en la nota 8 (pp. 43-44) y nota 39  (pág. 116) de ese documento contable. Luego de mencionar la decisión de poner a la venta el grupo de activos, el informe señala que el Directorio “espera que el valor razonable menos los costos de venta sea menor que su importe en libros” (p. 43). Es decir, que valen menos de lo que se creía. Y refiere a que la empresa hizo “una revisión del deterioro del valor”, luego de lo cual señala los montos resultantes de esa depreciación. Párrafo siguiente, el documento indica que “la información pública disponible fue insuficiente para concluir sobre un valor razonable”. 

Siendo así, ¿cómo se determinaron los nuevos valores? 

El mismo documento de auditoría refiere en sus págs. 43-44 que el valor se determinó aplicando “la técnica de Análisis de Flujos de Fondos Descontados”, para lo cual YPF “trabajó estrechamente con un valuador independiente no relacionado con el Grupo”. Luego de estas afirmaciones, se realizan disquisiciones teóricas generales sobre esta técnica de valuación,  pero no se aporta ninguna precisión metodológica sobre los supuestos, hechos o bases sobre la que se calculó la depreciación del valor de esos activos por alrededor de 1.800 millones de dólares. Es decir, no se da ningún argumento que justifique la súbita desvalorización de esos activos, con el consiguiente daño patrimonial a la petrolera de bandera. Tampoco conocemos el nombre del “valuador independiente” que, por cierto, trabajó en tiempo record para, en solo dos meses, revaluar 55 activos distribuidos en seis provincias argentinas. La única información que disponemos al respecto es la que ofreció públicamente el CEO Horacio Marín, en donde hizo referencia “a una empresa de renombre internacional americana que evaluó todos los activos teniendo en cuenta los pasivos”.

¿Hubo circunstancias externas que justifiquen la depreciación?

En determinados contextos, pueden haber cambios súbitos de valor de activos hidrocarburíferos. Por caso, si se desata un conflicto armado en una región, el aumento de riesgo puede implicar un cambio súbito de valor en un activo. Pero la Argentina, y las regiones comprometidas en particular, no han tenido factores externos de ningún tipo que permitan un argumento de esas características (el cual, por cierto, tampoco figura en los Estados Contables). Por lo tanto, no puede apelarse a un cambio en el contexto. Asimismo, no se puede recurrir a dificultades intrínsecas a la extracción, como podría suceder en exploraciones nuevas, debido a que se trata de pozos maduros, en explotación hace décadas. Tercero, no hubo cambios en las condiciones de mercado que particularmente afectasen a las 55 áreas que fueron desvalorizadas. Por último, no existe la posibilidad de que el cálculo de reservas hidrocarburíferas de esas áreas haya sido “dibujado”, ya que implica un complejo proceso técnico de determinación que involucra a miles de trabajadores y profesionales, los que deberían haber conspirado por años para mantener la falsedad.

En tal caso, ¿cuáles son las nuevas variables que apoyan la desvalorización?

De los Estados Contables no se deduce cuáles son los cambios que tomó en cuenta el Directorio y el “valuador independiente” para depreciar abruptamente y en tan poco tiempo los activos de YPF en áreas convencionales. Por otro lado, teniendo en cuenta que la firma auditora era la misma que validaba los balances de la empresa de los años anteriores, ¿no debió detectar el deterioro del valor de esos activos antes? O se equivocó antes o se equivoca ahora… De hecho, anualmente YPF realiza, al igual que todas las grandes empresas, un Test de Deterioro (Impairment Test) por el cual se estima la pérdida de valor de los activos de una firma y se reducen los errores de balance. ¿Deloitte & Co. no detectó nada en años anteriores? Evidentemente, la empresa auditora debe dar alguna explicación a la sociedad, pero también a la Comisión Nacional de Valores, a la SEC y a los accionistas minoritarios de YPF. También la gerencia de la compañía, en particular quien fuera su último responsable financiero, Alejandro Lew, actual director del Banco Central de la República Argentina a propuesta del gobierno de Milei. 

¿Acaso hay una maniobra escondida detrás de la venta de estos activos?

La venta de los activos de una empresa es una operación comercial que debe ser registrada en los libros contables, en donde constan, entre otras cosas, los valores de las propiedades de la firma. En el caso de las 55 áreas que el actual Directorio de YPF puso a la venta, si estas se hubiesen entregado por un precio menor al valor de libro, las autoridades libertarias hubieran quedado expuestas públicamente y a acciones legales de parte de accionistas damnificados. En otras palabras, si se vendían los activos por debajo del valor de libro, se debía registrar como una pérdida en los balances de la empresa. Lo que expondría legalmente al Directorio por la entrega de esos activos a “precio vil” (o sea, a un precio de venta de una cosa inferior a su valor real). En caso de comprobarse una maniobra de este tipo, por la cual sean beneficiados actores particulares, estamos frente a un hecho fraudulento y delictivo. Pero eso se puede esconder de una forma: bajando previamente el valor de esos activos en los libros contables. Entonces, lo que era una pérdida se transforma en una ganancia.

¿Quién se beneficia con esta desvalorización?

El proceso de cesión de estas 55 áreas recién está comenzando, por lo que es temprano para saber quiénes las adquirieron y a qué monto. Es indudable que habrá que buscar a los beneficiarios entre quienes compren esos activos a precio rebajado. Lógicamente, hay que empezar por indagar en empresas ligadas a miembros del Directorio. Por un lado, según trascendidos periodísticos, habría interés de firmas vinculadas al asesor presidencial, Santiago Caputo, interesadas en esas áreas. Esa sería la razón por la que colocó a su socio, Guillermo Garat, en el cargo de Vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF. Por otro lado, es sabido que el Grupo Techint colocó a buena parte de gerentes de la empresa, incluyendo a su presidente, Horacio Marín. En segundo lugar, sería importante conocer cuál fue la empresa norteamericana que actuó como “valuador independiente” desvalorizando los activos de YPF, para explorar posibles vínculos con los ganadores de estas ventas. En tercer lugar, un beneficiario directo de estas operaciones de compra-venta es el Banco Santander, que fue contratado como intermediario y cobrará suculentas comisiones por ello. Por último, Marín ha indicado que planea “volver a pagar dividendos”. Si bien no lo vincula directamente a la venta de esas áreas convencionales, sin dudas las “ganancias contables” de esas ventas justificarán en parte las utilidades a distribuirse. Además, debe recordarse que en el segundo informe mostramos que se había hecho un reserva desmesurada de acciones, del orden de los 30 millones de dólares, para beneficio de los altos cargos de la empresa. Así que es posible que entre los beneficiarios se cuenten los mismos directivos de la compañía. Por cierto, es llamativo que si la firma reporta pérdidas en 2023 estén pensando en repartir utilidades… 

¿Quién se perjudica con esta desvalorización?

Por supuesto, la principal damnificada es la salud de la empresa, que verá dañada su contabilidad y disminuido su patrimonio, probablemente desprendiéndose de esos activos a precios viles. Y, en tanto que YPF es una firma mayoritariamente de propiedad de los argentinos, los perjudicados somos nosotros como sociedad. Además, en caso de concretarse alguna operación fraudulenta expone legalmente a la petrolera de bandera, con la posibilidad de dañar aún más su patrimonio. Ya que así como es difícil que la SEC de los Estados Unidos acepte una sobrevaloración de activos, lo mismo puede suceder con la abrupta devaluación de éstos sin justificación. El posible perjuicio premeditado sobre el patrimonio de la empresa es un daño a la propiedad de accionistas minoritarios, los que pueden actuar legalmente para defender sus valores. En tal caso, a la compleja situación judicial de la empresa, podría sumarse un nuevo litigio.  

Millones de dólares en honorarios para el Directorio designado por el gobierno libertario, reparto desmesurado de acciones para beneficio de los altos cargos, abrupta desvalorización de los activos de la empresa: son todas acciones que van en detrimento de una YPF fuerte en sus activos y saludable en lo financiero. Como veremos en un cuarto informe, es preciso comprender estos procesos combinados en el marco del “plan de achicamiento” anunciado por Horacio Marin, por el cual se propone la reducción y desmembramiento de la petrolera, generando una privatización encubierta o indirecta.