Aborto no punible en Córdoba: un triunfo sobre 97 años de atraso

Por Paula Bellingeri
Fotografía de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito CBA

El Tribunal Superior de Justicia se expidió ayer (martes 18 de diciembre) en torno al protocolo de aborto no punible en la provincia de Córdoba. El proceso estuvo frenado durante seis años por un amparo y otras medidas dilatorias impulsadas por El Portal de Belén, una ONG antiderechos con fuertes lazos políticos y económicos en la región.

En diálogo con la AGENCIA PACO URONDO, la magister en Ciencias Sociales, Alejandra Domínguez, aseguró: "Hoy estamos de conmemoración y festejo porque se resolvió esta medida en términos legales, ahora comienza una nueva etapa de formación y capacitación a los equipos de salud. Fundamentalmente que entiendan que deben aplicar este protocolo, eso depende principalmente del ministerio de Salud. El movimiento feminista ya sabe que las leyes aportan, son importantes, significativas, pero luego viene una segunda etapa". Domínguez es feminista y activista en la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.  

Agencia Paco Urondo: ¿Cuáles son los antecedentes de esta lucha histórica por el aborto no punible en Córdoba y cómo interfirió el amparo de la organización antiderechos El Portal de Belén?

Alejandra Domínguez: Me interesa recuperar la historia. Luego del fallo F.A.L en el 2012, se dictó que cada provincia pudiera realizar su propio protocolo. En este marco, varias provincias adoptaron el protocolo nacional nominado en el 2015 como Interrupción Legal del Embarazo. A raíz de esto, en Córdoba, se decidió y comenzó a construir un propio protocolo o guía de “aborto no punible” como se la conoce acá.
La iniciativa, en su momento, surge desde el ministerio de Salud y en conjunto con el apoyo de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. La Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito tuvo un papel fundamental, siguió muy de cerca todo el proceso, tuvo diversas reuniones con el ministerio tratando de aportar y acercar elementos o propuestas para la construcción de esa guía, que tiene algunas restricciones o limitaciones con respecto al protocolo nacional. No obstante, a diez días de que la guía entrara en vigencia, la ONG El Portal de Belén interpuso un recurso de amparo.

APU: ¿Cómo fue el recorrido del Movimiento Feminista en todo este proceso de lucha para que el Tribunal Superior de Justicia apruebe el protocolo de aborto no punible?

A.D: Nos organizamos en muchísimas actividades. Una de las patas fuertes fue la visibilización de la temática con intervenciones públicas, recorridas por los pasillos de Tribunales en determinadas fechas, como el 28 septiembre que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Estas acciones siempre estuvieron acompañadas con medidas en el ámbito de lo legal, es decir, siempre se estuvo litigando.
La estrategia de los antiderechos fue presentar medidas dilatorias, interponer determinados recursos que impedían al Tribunal Superior tomar decisiones al punto de impugnarlo. Y a esto se sumaba que, desde el Tribunal Superior de Justicia, no existía la voluntad política para expedirse.
Es importante remarcar que el protocolo realizado por el ministerio de Salud de la provincia de Córdoba fue el que estuvo casi siete años frenado por esta situación; pero la Guía Nacional de Interrupción Legal del Embarazo, como se llama actualmente, realizada por el ministerio de Salud de la Nación, no estaba prohibida. En este sentido, la Maternidad Nacional tuvo un posicionamiento muy claro desde el comienzo, ya que fue el único hospital en toda la provincia de Córdoba que se aggiornó al protocolo de ILE a nivel nacional. En este marco, es pertinente mencionar a la doctora Gladys Ponte que ha trabajado y batallado día a día para efectivizar el aborto no punible en la provincia; y también es importante remarcar el trabajo de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, quienes han realizado consejería pre y post aborto en el ámbito de la atención primaria de la salud, y el papel de Católicas por el Derecho a Decidir como actor fundamental de la lucha, que, a propósito, fueron querellantes en la causa desde el 2012 cuando El Portal de Belén interpuso un recurso de amparo para frenar el protocolo.
En todo este tiempo se realizaron acciones de seguimiento legal frente a todas las maniobras dilatorias y recursos interpuestos por la ONG antiderechos. Paralelamente, tanto el Movimiento Feminista como la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Córdoba realizaron un seguimiento del proceso, con presentaciones, movilizaciones, acciones en fechas claves.
A su vez, iniciamos jornadas de formación y capacitación con la Organización Panamericana de la Salud, con profesionales que trabajan en la marco de la Organización Mundial de la Salud. También con profesionales de reconocida trayectoria y con el ministerio de Salud en su momento a través de distintos referentes.

APU: ¿Qué se considera desde el Movimiento Feminista que posibilitó este triunfo histórico?

A.D: Lo que posibilitó la aprobación del protocolo de aborto no punible en la provincia de Córdoba fue que la aplicación de recursos dilatorios y judiciales tuvo su límite, hace poco más de un mes. Ante un recurso que había presentado meses anteriores la ONG El Portal de Belén, el TSJ se expidió en torno a no utilizar más recursos dilatorios de parte de esta organización antiderechos. Y, finalmente, se dió a conocer el fallo. Incidió fuertemente todo el proceso de discusión y debate en torno a la lucha por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en el marco de este año en diversas instancias. Esto facilitó la explicitación por parte de las y los legisladores, tanto provinciales como nacionales, en torno a su posicionamiento. Además de que se instaló en la agenda pública una cuestión innegable: que el aborto es legal en nuestro país desde 1921, que es lo que conocemos como aborto no punible y que por lo tanto no resiste más la no aplicación.
Era necesario aplicar una ley que está vigente desde 1921 y que a su vez ya tenía un protocolo a disposición. Queda claro también la necesidad de educación sexual, de favorecer y fortalecer la anticoncepción y la aplicación de abortos no punibles.
Esto se suma a todas las acciones de presión social y de conversación de las diferentes legisladoras dentro del TSJ, los distintos documentos de diferentes organizaciones de la sociedad civil como el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, el Colegio de Psicólogos, quienes nos presentamos en 2017 como amigos del Tribunal, “amicus curiae”, dándonos la posibilidad de presentar argumentos y ampliándolos.

APU: ¿Cómo se proyecta a futuro la situación en relación a las instituciones de salud pública teniendo en cuenta el presupuesto brindado por el Estado y la formación en torno a perspectiva de género de las y los profesionales?

A.D: Hoy estamos de conmemoración y festejo porque se resolvió esta medida en términos legales. Mañana comienza una nueva etapa de formación y capacitación a los equipos de salud, fundamentalmente para que se entienda que deben aplicar este protocolo. Eso depende principalmente del ministerio de Salud que tendrá sus plazos para efectivizar la aplicación en cada uno de los hospitales. Y nosotras, como Movimiento Feminista, realizaremos monitoreo, seguimiento, presión social, y lo que se requiera para que cada persona con capacidad de gestar que decida interrumpir un embarazo lo pueda hacer. También para que se pueda garantizar que sólo se necesite una declaración jurada de la persona que solicita la interrupción voluntaria del embarazo, sin necesidad, ya que no corresponde, de que interfiera la Justicia como mediadora.
Todos estos años, aunque hayamos tenido una medida cautelar, pudimos avanzar en instancias de discusión y debate en varias instituciones públicas de salud, también en formación en ámbitos de asesoramiento y consejerías dedicadas a la promoción y acceso de los derechos sexuales y reproductivos en pre y pos aborto. Esto hace que la coyuntura nos encuentre hoy con equipos de salud ya conformados. De todas maneras, el Movimiento Feminista ya sabe que las leyes aportan, son importantes, significativas, pero luego viene una segunda etapa.
Tenemos diez días para que el fallo quede firme y allí recién comenzará la efectivización del protocolo en donde seguramente vamos a requerir alguna disposición del ministerio de Salud en torno a la bajada de capacitaciones y demás recursos necesarios, imaginamos que será en febrero.