Amnistía Internacional publicó un informe sobre la violencia durante el debate de la interrupción voluntaria del embarazo

Fotografía de Lucía Barrera Oro

Por Florencia Rey

El 13 de diciembre del 2018, Amnistía Internacional publicó en su página web el informe "Pañuelos verdes, Relatos de la violencia durante el debate por la legalización de la interrupción legal del embarazo"; realizado en nuestro país. En él se abordan las agresiones verbales, físicas y simbólicas recibidas por las militantes por el derechos a la interrupción legal del embarazo en el marco del debate ocurrido durante los meses de junio y agosto en el Congreso de la Nación.

Los investigadores e investigadoras del estudio recopilaron testimonios de mujeres de todo el país que se habían visto vulneradas por otras personas por poseer el pañuelo verde, símbolo de la lucha por la legalización del aborto.

Para el armado del informe recibieron información de “defensoras de derechos” mujeres, lesbianas y trans, así como de organizaciones que trabajan en la protección y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que manifestaron haber sufrido ataques por su posicionamiento en torno al aborto legal. Esta información fue brindada a través de entrevistas tanto presenciales como telefónicas. También se recabó información de los medios argentinos y del material publicado por las organizaciones vinculadas con la agenda de géneros.

Las agresiones son divididas en cinco categorías: insultos y hostigamiento verbal, agresiones físicas y amenazas, violencia  sexual, imposición de valores morales y religiosos y violencia institucional. Estos ataques se daban en las calles a travès de patotas de varones o fundamentalistas religiosos, afectando la libertad de circulación de las afectadas, y en algunos casos produciendo lesiones graves. Pero tambièn se daba a través de las redes, a las cuentas personales de las damnificadas, en muchos casos a figuras públicas que encarnaran la lucha por la legalizaciòn del aborto. Por supuesto que todas estas categorías se atraviesan y superponen. El linchamiento mediático fue transversal a todas las violencias anteriores, y fue utilizado también para hostigar a varones que se solidarizaron con el reclamo y la lucha feminista. La escalada de violencia contra las mujeres, lesbianas y trans que defendían la legalización del aborto se aceleró con la misma velocidad que el debate se masificó.

El organismo internacional considera que el derecho a la interrupción legal del embarazo se encuentra encuadrado en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y cuerpos gestantes, por lo cual son considerados derechos humanos. Esto significa igualdad de condiciones para que cualquier cuerpo gestante pueda decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que desee tener, el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.

Este derecho es asumido como una deuda de la democracia. “A pesar del avance en el reconocimiento y ampliación de derechos, la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Argentina se presenta como una agenda pendiente, debido a que las mujeres, las niñas y las personas con capacidad de gestar continúan poniendo en riesgo sus vidas y su salud por la falta de acceso a los abortos legales”, asegura el informe.

Asimismo, la tolerancia por parte del Estado, de la violencia ejercida hacia las personas que militan y se organizan en torno a sus derechos humanos más básicos, así como la recurrente connivencia de agentes de seguridad con los atacantes, representan para AI un grave incumpliento al derecho humanitario que compromete seriamente al Estado de derecho en la Argentina. A esto se suman las declaraciones de funcionarios públicos y agentes del estado en los ámbitos de salud y seguridad, haciendo apología a la tortura, la violación colectiva y el asesinato de mujeres por el hecho de portar pañuelo verde, en algunos casos implementando el doxing*.

En el cierre del estudio, los y las investigadoras esgrimen una serie de recomendaciones, apuntando como principal responsable al Estado. En tanto debe garantizar el debate respecto del aborto y asegurar las condiciones de un entorno propicio y seguro para el mismo, erradicar los estereotipos sociales, sexuales y de género que afecten la identidad de las personas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, reconocer la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos e investigar y presentar a la justicia a los perpetradores de las diversas formas de violencia, sean estos agentes del Estado o particulares.

En Argentina, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes son una deuda pendiente de la democracia, ya que su vida y salud continúa en riesgo por la falta de acceso al aborto legal. El Congreso de la Nación ha dado un paso histórico, al promover el debate por la interrupción voluntaria del embarazo a través de un proceso participativo, abierto, transparente, informativo y plural. Resulta inadmisible que luego de este debate civilizado, se naturalicen situaciones de violencia de género.

* Es la práctica en Internet de investigación y publicación de información privada o identificante (especialmente información personal) sobre un individuo o una organización. Los métodos empleados para adquirir esta información incluyen búsquedas en bases de datos de acceso público y redes sociales.