Ni una Menos para la foto: ¿Qué hace el Gobierno nacional ante la violencia de géneros?

Fotografía: Ailén Montanez y Melisa Molina

Por María Brun Lubatti
 
La Ley 26.485, Ley de Protección Integral a las  Mujeres, sancionada el 11 de marzo del año 2009 y promulgada  el 1° de abril del mismo año,  busca promover y garantizar la protección integral con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Sin embargo, muchos de los artículos sancionados en su cuerpo son de carácter ambiguo o no se cumplen desde el ámbito público. El gobierno de turno, a quien le corresponde desde el Estado administrar parte de los recursos para impulsarla, no hace más que declararse política y públicamente a favor. Pero en los hechos, desfinancia a los organismos que deben implementarla.
 
Antes
 
El artículo 2° enuncia el objeto de la ley y las garantías que debe brindar. “La salud, la educación y la seguridad personal” son contempladas en el inciso “b” del mismo. Sin embargo, principalmente en el ámbito de la educación, esto no se garantiza.  Y esto se plasma en el desfinanciamiento de la Ley 26.150 sancionada el año 2006, que crea el  Programa Nacional Educación Sexual Integral (ESI). En el año 2014, la gestión del ministro Esteban Bullrich en CABA le asignó al Programa ESI apenas un 0.001% del presupuesto y aproximadamente el 80% fue destinado a la tercerización de tareas para convenios con ONGs. Según un informe realizado en la Ciudad por el Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá),  al menos un tercio de los jóvenes no recibieron educación sexual en su escuela secundaria. 
 
Por otro lado, existen problemáticas en relación con el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la ley desarrollada en esta nota.
 
En una entrevista brindada a la Agencia Paco Urondo, la abogada y militante feminista Luciana Sánchez, denunció el desmantelamiento del organismo y el hostigamiento y persecución ideológica por la responsable del mismo. “(El) Consejo está ahora más aislado, más allá que Tuñez se muestre con Carolina Stanley, de Desarrollo Social. En la gestión anterior  había más recursos y mayor articulación con otras áreas de otros ministerios. Era un trabajo más integral, de mayor articulación.  Como producto de esas políticas en conjunto se creó el programa ‘Ellas hacen’, que incorporó a mujeres, trans, inmigrantes, víctimas de violencia de género. Todo eso dejó de existir.”
 
El inciso “c” del artículo 2 de la Ley de Protección Integral a las Mujeres,  dicta que se debe garantizar “la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial”.  Sánchez, hizo referencia al desmantelamiento de los programas impulsados por la gestión anterior para asegurar estos derechos: “Se descooperativizó, la economía social pasó a ser un enemigo del gobierno. También se excluyó a las inmigrantes, otro colectivo elegido como adversario por el macrismo. Se lo está convirtiendo en uno de los tantos programas focalizados. Los que militamos hace muchos años sabemos qué significaron las políticas focalizadas de los años 90”.
 
Por otra parte, es notable la ironía del inciso “e” que dicta que se debe garantizar que la mujer pueda “decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”.Sin embargo aún luchamos por la legalización y despenalización del aborto.
         
 Durante
  
Ante una situación de violencia de géneros, las víctimas cuentan con pocas herramientas.  No hay un organismo judicial nacional y centralizado, con dependencias provinciales al cual acudir a denunciar ante un caso de violencia de géneros. Acorde a la jurisdicción, son las víctimas quienes  deben investigar por su cuenta donde recurrir, a qué comisaría, a qué Unidad Fiscal Especializada u oficina.
Esta situación es contradictoria con en el primer artículo de la Ley de Protección Integral a las Mujeres. El inciso “g” apunta  que en el orden público y en todo el territorio argentino, el Estado debe  brindar la “asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia”. En el mismo sentido, el artículo n°7, inciso “c” exponeque debe proveer la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia.
 
A pesar de que la ley lo explicita, todas aquellas que tuvimos que denunciar o ayudar a alguien a hacerlo, sabemos de la dificultad que tiene encontrar el lugar correcto para acudir. La única acción del gobierno de turno ha sido desfinanciar los espacios que deben garantizar esta asistencia integral. El gobierno de Macri lanzó el 26 de julio de 2016 el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.  El Congreso Nacional le asignó un presupuesto de  47 millones de pesos más un aumento de 20 millones de pesos, en total 116 millones. Cinco meses después la Jefatura de Gabinete, en la Decisión Administrativa del 12/2017, recortó el presupuesto asignado para el organismo encargado de generar políticas públicas que erradiquen la violencia de géneros (el Consejo Nacional de las Mujeres), el cual se mantuvo en 96 millones (sin el aumento otorgado). Seis organizaciones no gubernamentales denunciaron la medida inconstitucional un amparo ante la justicia. Esta decisión política también violó el artículo n° 7, inciso “g”, al no brindar la “garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.
 
Ante el retroceso del Gobierno, la problemática avanza. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó un Registro Nacional de Femicidios, el cual expone que durante el año 2016 aumentaron un 8%  los femicidios en relación al 2015. En el año 2016, 254 mujeres fueron asesinadas, cinco de ellas trans.  Como consecuencia de esto, los datos afirman que 244 jóvenes, niños y niñas perdieron a sus madres a causa de sus femicidios. Los registros previos muestran que en al menos 60 casos, las víctimas habían realizado una denuncia previa.  Este registro es innovador, ya que es la primera vez que un  informe producido por una dependencia judicial incluye en el registro a mujeres trans y travestis. 
 
Es evidente la falta de una respuesta del Estado ante esta situación. No hay una intención política de prevenir o abordar la problemática ni antes ni durante para evitar un después. 
 
Y en el después...        
 
El Estado es responsable, según el artículo 10 de la ley, de fortalecer sus distintas instituciones y dependencias y de la implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen. Sin embargo, son escasos las instituciones públicas que reciben y generan campañas de educación y/o capacitación que puedan informar, prevenir y concientizar la violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos. 
 
En la actualidad estamos lejos de sentir la seguridad de recurrir a una entidad estatal. Las comisarías e inclusive las Oficinas de Violencia doméstica, muchas veces maltratan a las víctimas, revictimizando y estereotipandolas, haciendolas volver a pasar un malestar ya vivido. 
 
Las soluciones legislativas y judiciales ofrecidas sólo son de carácter punitivista,  privilegiando la denuncia y el castigo como respuesta a la problemática, y sus propuestas radican en prolongar  las condenas al llegar a la reclusión perpetua. 
 
Es importante abordar la problemática de forma integral enfocándose en el cumplimiento de la ley, gestionando no sólo la prevención de los casos de violencia de géneros, sino también teniendo en cuenta que la problemática debe ser abordada desde la concepción de derechos vulnerados como son la educación, la vivienda, el trabajo, y la salud, entre otras, como factores clave a la hora de abordar la problemática de violencia de género.
 
De esta manera no solo se tendrá en cuenta los casos de mujeres víctimas sino también la de varones violentos.  La respuesta punitiva debe existir en última instancia, pero siempre problematizando la realidad del sistema penal argentino, el cual actualmente no es una solución a la problemática, sino la suma de otro problema. Es necesario ser consciente de que el Estado debe llegar antes de que las violencias ocurran. Llegar durante y después es necesario pero tarde.