España: es urgente la movilización social contra la desigualdad y la corrupción

Por Carlos Iaquinandi, desde Catalunya (*)

El informe de “Cáritas” se suma al que hace poco tiempo publicó la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En “El Estado Social de la Nación”, aportaban datos sobre el carácter estructural de la pobreza, por su extensión y persistencia. Allí se menciona -por ejemplo- que la renta media de los hogares españoles se ha reducido un 13% desde el 2009 al 2015 y que casi 700.000 hogares (1,3 millones de personas), no tienen ningún ingreso.

Contraponiendo cifras a los cánticos gubernamentales que exponen mejoras de la Economía, establecen que la característica más persistente de la realidad española es la desigualdad. “Los mecanismos de movilidad social -afirman- son cada vez más intransitables para la mayoría de la población.”

En los últimos años, el 30 % de la población que vive en riesgo de exclusión ha visto como sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras que el del 10 % más rico, se disparaba un 56%. 

El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%) mientras que el 20% más pobre se queda con un 0,1%.

La fortuna de las tres personas más ricas en España, equivale a la del 30% más pobre.

Precariedad laboral

El gobierno alardea que se incrementan los puestos laborales, pero oculta la precariedad del nuevo empleo, su carácter temporal y los sueldos reducidos entre un 75 a un 50% de lo que se pagaba antes de la “crisis” que el propio sistema originó. Eso explica que las cotizaciones sigan siendo insuficientes para poder cubrir el pago de las pensiones de las cuales dependen 9 millones de ciudadanos que hicieron regularmente sus aportes.

El incierto futuro del sistema previsional

El gobierno del Partido Popular (PP) que en cinco años vació prácticamente el Fondo de Reserva que en el 2011 disponía de 68.500 millones de euros, siguen sin adoptar medidas que garanticen las pensiones futuras. Y cuando prometen, dicen que “si es necesario se emitirá deuda”, olvidando que la deuda española llega ya al ciento por ciento del PIB, y que toda deuda comporta la devolución del capital más los intereses. 

O sea, más cadenas para la economía española, sometida a los dictados de Bruselas gracias al artículo 135 introducido en el 2011 en la Constitución con nocturnidad y alevosía por los dos principales partidos, el PP y el PSOE.

Esa modificación no consultada al pueblo español, establece el concepto de “estabilidad presupuestaria” precisando que el pago de la deuda pública es lo primero frente a cualquier otro gasto del Estado. La reforma constitucional española de 2011 modificó el texto vigente e introdujo el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública se antepusiera a cualquier otro gasto, incluyendo los sociales, educativos y sanitarios. Ellos siguen endeudando al país y a la vez, desarrollando una corrupción estructural que significa la pérdida de millones de euros que terminan en Suiza o en paraísos fiscales o… en “el ático de los suegros” como el grotesco caso de Ignacio González, ex presidente de la comunidad de Madrid. 

Una justicia “amiga”

En los últimos meses el gobierno ha colocado en puestos claves del Poder Judicial, a personajes que han sido recusados por su más que dudosa imparcialidad, incluyendo nada menos que al fiscal anticorrupción Manuel Moix, quien finalmente tuvo que dimitir. Pero días después se produjeron nuevas designaciones cuestionadas. Quieren disponer de una justicia “amiga”.

La impunidad prevalece sobre los centenares de cargos políticos, la mayoría de ellos del Partido Popular, imputados por diversos delitos. Muchos de ellos, han ocupado cargos ministeriales o de relevancia en la función pública, o en el propio partido. Disfrutan de un amplio margen de impunidad, ya que muchos de ellos a pesar de los cargos que se les imputan y la certeza de que disponen de sumas millonarias en el exterior, están procesados, pero en libertad.

Cuando pasan por los juzgados, sufren amnesia y no recuerdan nada. “No lo sé”, “no me acuerdo”, “no me consta” son sus frases constantes. Una forma más de burlarse de los jueces y de los ciudadanos. Los hechos de corrupción y la financiación ilegal del partido de gobierno, representan una pérdida cuantiosa de dinero público. Es difícil estimar la cifra, pero algunos de los casos conocidos suman millones de euros en cuentas en Suiza y en paraísos fiscales.

Salvando a los bancos privados con dinero público

Los escándalos bancarios han representado otro drenaje para el dinero público. El Banco de España anunció hace pocos días que da por perdidos nada menos que 60.600 millones de euros, sea casi el 80% del dinero entregado para el rescate de los bancos privados. Eso a pesar de que en su día, tanto Rajoy como Montoro, su ministro de Hacienda afirmaron contundentes que “ese rescate no costaría un solo euro a los españoles”.

Mientras tanto el presidente Rajoy sigue imperturbable como si nada ocurriera y como si los escándalos fueran ajenos a su partido y a su responsabilidad. Elude también las demandas del gobierno de Catalunya y ha esquivado sistemáticamente la posibilidad de un diálogo que evite un mayor distanciamiento.  Eso sí, su ministro del Interior tuvo que marcharse cuando aparecieron grabaciones que ponían en evidencia acciones y tramas de su gobierno contra dirigentes políticos catalanes.

La pérdida de derechos sociales, económicos y laborales ha sido progresiva. Muchos sectores padecen las consecuencias de un sistema que les ignora. Los grandes medios de comunicación, como ocurre en casi todo el mundo, están en manos de corporaciones que representan intereses privados. Muchos de ellos tienen como principales accionistas a grupos bancarios o financieros. El control social que se ejerce desde el gobierno con una legislación que incluye graves sanciones contra manifestantes o expresiones de protesta, (Ley Mordaza) se refuerza con la manipulación informativa desde esos medios, en particular, los canales de TV y el manejo partidista de la televisión pública. 

¿Qué hacer?

La acción parlamentaria no parece estar a la altura de las necesidades de millones de ciudadanos. La oposición, fragmentada, no ha logrado poner freno a leyes y medidas que castigan a las mayorías. Y lo que puede prosperar en diputados, encuentra una valla en la mayoría absoluta que dispone el partido de gobierno en el senado.

Es imprescindible que los partidos que tienen intención de revertir el rumbo ruinoso que lleva el PP asuman que deben unir y coordinar esfuerzos. El “nuevo” PSOE, dispone de un flamante mandato de sus bases que claramente han rechazado la opción conciliadora y pactista con el gobierno en temas claves. Pedro Sánchez y su equipo deberían aprovechar ese impulso para articular un espacio de coincidencias que previsiblemente tiene con Podemos.

Para eso, ambos grupos políticos tendrían que abandonar la pugna por “liderazgos” y centrarse en lo que es la demanda de una mayoría social: frenar cuanto antes  las políticas del Partido Popular y acumular apoyos y propuestas para desalojarlo del poder. En esta nueva etapa, quienes se definieron hace menos de un año como “las fuerzas del cambio”, tendrán que actuar en consecuencia. En los hechos, más que en las palabras.

Si lo hacen, Albert Rivera y su partido quedarán a la intemperie. Tendrán más limitado su espacio para oscilar entre actitudes “regeneracionistas” y ejercer de muleta del PP. Si en votaciones trascendentes (como ocurrió con los presupuestos) se ven obligados a abstenerse o apoyar explícitamente al PP para “salvarlo” de una derrota, quedarán definitivamente “pegados” a Mariano Rajoy. 

Articular un plan de trabajo que parta de mínimos, que debata y busque consenso sobre los pasos siguientes, puede conseguir mejoras en la situación social y económica de los ciudadanos. Por ejemplo y entre otras, recuperando derechos laborales, atendiendo la situación de las pensiones públicas como un derecho adquirido, y con el estudio de una posible reforma de la Constitución del ‘78. Esto último permitiría abrir la puerta a una negociación razonada que permita desencallar lo que algunos llaman “la cuestión catalana”, olvidando que el tema tiene causas y razones que hay que dialogar para poder alcanzar acuerdos.

Todo eso depende de que las dirigencias del PSOE y de Podemos actúen con lucidez y antepongan el bien común a cualquier otra consideración partidaria.

No será fácil, pero allí es donde debe entrar a jugar el protagonismo de los ciudadanos, hasta ahora en gran medida  pasivos espectadores de los retrocesos en derechos sociales, económicos y laborales. La indignación y el hartazgo deben romper silencios y conformismos. Es indispensable que eso suceda para que los cambios sean posibles.

El pueblo, actor y protagonista

Ante este panorama, deben crecer las expresiones de movimientos sociales diversos, de las llamadas “mareas” que agrupan a sectores específicos (sanidad, educación, desahuciados, pensionistas, entre otros) y que demandan medidas que corrijan la deriva hacia un Estado injusto que promueve la desigualdad y abandona a los sectores más desprotegidos.

En la convergencia de estas corrientes populares y en su movilización están los principales recursos para exigir e impulsar los cambios que permitan mejorar la situación de las mayorías. La experiencia demuestra que este camino no es para recorrerlo en solitario, que exige unidad más allá de siglas partidarias. Y que no se circunscribe a fronteras. Las experiencias de los pueblos, como el caso de  Grecia, indican que la dominación de los poderes económico- financieros se ejerce a través de los títeres políticos que se reúnen en Bruselas.

Ellos son los que dictan las reglas de juego que benefician a pocos y hunden a muchos.

Ellos son los que abandonaron los principios fundacionales de la Europa de post-guerra, y que hoy cierran fronteras a los millones de refugiados causados por las guerras y las injusticias promovidas por los propios países “desarrollados”  y  sus políticas neocoloniales. 

Son los pueblos, con sus  propias organizaciones los que deben construir su futuro.

(*) Por el Servicio de Prensa Alternativo (SERPAL).