Nuevo decreto macrista endurece la política migratoria nacional

El gobierno nacional oficializó a través del Boletín Oficial la reforma de la Ley Nacional de Migraciones a través del Decreto 70/2017 denominado "Modificación Ley 25.871". Las modificaciones implementadas implican un endurecimiento de la política migratoria nacional: incluyen una reducción de garantías y del derecho a defensa, a la vez que recrudecen criterios de expulsión. Mientras que anteriormente se contemplaban únicamente delitos con penas de prisión efectiva, ahora también se incorporan contravenciones y todos aquellos delitos que impliquen prisión aún en suspenso, tales como la venta ambulante. También se recortan las vías de acceso a la justicia, se conceden sólo 3 días al migrante para informarse de su expediente y presentar el recurso correspondiente, dando al juez un plazo igual para decidir.

Organizaciones sociales, de Derechos Humanos e investigadores solicitaron una reunión urgente con el jefe de Gabinete Marcos Peña ante este nuevo DNU del Gobierno macrista que implica “un avance sobre las facultades del Congreso” y “agrava la situación de falta de participación en las discusiones vinculadas a una política migratoria basada en derechos humanos”.

Los fundamentos del decreto dan cuenta de la terrible asociación que intenta imponer el Poder Ejecutivo Nacional entre migración y delito: “Que el Estado debe regular la política migratoria teniendo en especial consideración el bien común. Que tanto ese bien común como el interés general de la sociedad se ven actualmente afectados por las graves consecuencias que provocan los delitos que merecen, según las leyes argentinas, penas privativas de la libertad y en particular los delitos de tráfico de armas, de personas, de órganos o tejidos y de estupefacientes, lavado de dinero, inversiones en actividades ilícitas, trata de personas, genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional”.

Desde la Red Nacional Migrantes y Refugiadxos en Argentina denunciaron una presentación intencionada de cifras por parte del gobierno nacional, con el fin de reforzar su discurso en torno a inmigración y delito para justificar su accionar con la excusa de combatir la inseguridad y el narcotráfico. Los extranjeros presos en el Servicio Penitenciario Federal representan un 6% de la población carcelaria total, a la vez que tan sólo el 17% se halla detenido por infracción a la ley de estupefacientes. Sin embargo, los considerandos del decreto publicado establecen que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total. (…) En relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad el 33 por ciento de las personas bajo custodia del SPF son extranjeros. Ello denota que la población extranjera detenida por infracción a la Ley 23.737 está altamente representada entre los detenidos".

También señalaron que los mecanismos de acceso a la asistencia jurídica vuelven a equipararse a los vigentes previos a la ley actual, es decir a los presentes con la Ley Videla (Ley 22.439), sancionada durante la última dictadura cívico militar. En este sentido, señalaron que su derogación y reemplazo por la Ley Nacional de Migraciones en el 2004, supuso la transición a un paradigma superador, que contempla la migración como un “derecho esencial e inalienable de la persona”, obligando al Estado a garantizar este derecho sobre la base de los principios de igualdad y universalidad.