Ajuste sin fin: 180 trabajadores de TDA fueron despedidos  

Por Lucía Cholakian Herrera

En el día de hoy se conoció que no serán renovados los contratos de 180 trabajadoras y trabajadores del CIARA, programa de contenidos producidos para la TDA. La dependencia estaba en la órbita del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, y en ella se producían las señales de ACUA Mayor y ACUA Federal -ambas canceladas recientemente por la gestión del Sistema Federal-, un banco de contenidos para distribución entre las señales adherentes de todo el país; y áreas de producción, realización y post-producción. De acuerdo a “Micaela”, trabajadora del espacio, las y los trabajadores fueron notificadas/os en una serie de reuniones con Gabriela Ricardes en las que informó que el espacio que ocupaba la dependencia -situado en el subsuelo del edificio de Fabricaciones Militares- debía ser devuelto. La situación de las y los trabajadores del CIARA comenzó a preocupar cuando a principios de 2016 se creó una sociedad estatal llamada Contenidos Públicos S.E. bajo la cual se absorbió a las y los empleados de dicha dependencia y de Canal Encuentro. Desde ese momento se exigió que se reconociera como trabajadores en blanco a quienes fueron absorbidos por la sociedad estatal, pero jamás se concretó. 

Para contextualizar, la Televisión Digital Abierta (TDA) es una política creada mediante decreto en el año 2009 que implicó la implementación de un sistema de televisión digital terrestre y satelital para su despliegue a lo largo de todo el territorio nacional. El proyecto preveía un apagón analógico definitivo para el año 2019. Desde su génesis implicó la generación de contenidos desde una perspectiva plural y federal. Uno de los gestos en ese sentido fue la creación del BACUA (Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino), una fuente de contenidos audiovisuales digitales disponibles tanto para los nuevos espacios de emisión como para los ya existentes, de libre acceso y de distribución gratuita. 

Los casi doscientos despidos en el área de generación de contenidos implican, en primer lugar, el desmantelamiento de una de las patas más fundamentales del proyecto decretado en el año 2009: la sistematización y fomento de la producción a lo largo de todo el territorio nacional, que aseguraba a su vez la circulación de contenidos federales por las pantallas de todo el país. En segundo lugar, implica una nueva retracción del Estado en materia de regulación, producción y circulación de contenidos nacionales. Tras la disolución de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a fines del año 2015, el gobierno de Mauricio Macri tomó una serie de medidas en el sentido de la desregulación de los medios de comunicación a favor de la consolidación oligopólica y en detrimento de la pluralidad de voces y acceso a la producción y transmisión de medios alternativos y comunitarios. 

Hace unos meses, en una conversación con NODAL, “Marcelo”, trabajador de uno de los organismos dependientes del Sistema Federal, aseguraba que “hasta el 2015, estaba entrando muchísimo, tanto que teníamos sobrecargada toda la infraestructura del BACUA. En este momento, hay dos dividendos sin aprovechar en la TDA cuando hay toda una estructura de equipamiento y recursos humanos con la capacidad de ponerlo en funcionamiento”. En la misma línea, explicaba que “la administración no sabe qué hacer con las señales, y están buscando privatizarlas”. A principio de año, Hernán Lombardi -titular del Sistema Federal- anunció que se renovaría la grilla de la Televisión Digital Abierta con una impronta “republicana”. Una de las primeras medidas fue quitar a Telesur, medio multiestatal latinoamericano. La segunda, cederle un espacio a LN+, señal televisiva del Diario La Nación. Ya por ese entonces se perfilaba la nueva cara republicana de la televisión abierta: la cesión de espacio a medios privados, a canales afines al gobierno; y la eliminación de discursos contrahegemónicos o con agendas opositoras. 

Casi doscientas familias de trabajadoras y trabajadores de los medios se quedarán esta semana en la calle. Una noticia que, en el marco del creciente vaciamiento del Estado en Argentina, parece repetirse con una frecuencia preocupante. Con la destrucción del CIARA se le pone el moño a un proceso político que implica la liberalización de las estructuras mediáticas para la apropiación oligopólica de la producción y circulación de contenidos. El futuro de la Televisión Digital Abierta queda sujeto, ahora, a los arreglos que realicen quienes coordinan el Sistema Federal de Medios -Hernán Lombardi y Gabriela Ricardes- y a la coordinación de la apropiación privada de espacios que fueron constituidos para el fomento de la producción audiovisual federal y descentralizada. Un retroceso más en lo que fue y será una larga batalla en torno a la producción de sentidos en el contexto de una creciente avanzada neoliberal en Argentina y en toda nuestra región latinoamericana. 

Fuente: Nodal