¿ENACOM "independiente"? Suman al directorio a la macrista Giudici

Por Nicolás Adet Larcher

A través del decreto 276/16, con fecha del 25 de enero, se oficializó la designación de Silvana Giudici como integrante en el directorio por el Poder Ejecutivo en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), según lo publicado en el boletín oficial. ENACOM es el organismo creado irregularmente por el decreto 267/15 que agrupa a AFSCA y AFTIC bajo la órbita del ministerio de comunicaciones encabezado por Oscar Aguad.

En diciembre, el ministro Aguad había anunciado en conferencia de prensa la designación de Agustín Garzón como interventor en AFSCA, argumentando que “hay cargos que no pueden ser ocupados por militantes”, poniendo la mira en Martín Sabbatella por haber apoyado al gobierno del Frente para la Victoria. La intervención de Garzón en el organismo generó polémica por su vinculación estrecha con el PRO: de hecho formaba parte de una agrupación de abogados que apoyó a Mauricio Macri, pertenecía a la mesa chica por ser amigo de Marcos Peña y había cumplido funciones como legislador porteño dentro del bloque del PRO.

Luego de idas y vueltas judiciales, al macrismo le costó llevar adelante su estrategia para establecer ENACOM como tenía previsto. Giudici había sido la opción para la presidencia en un principio, sin embargo, su rol de legisladora le impedía asumir funciones lo que derivó en la designación de Garzón. El 18 de enero, Giudici efectivizó su renuncia como legisladora porteña e inmediatamente se sumó al gabinete de Macri. 

Giudici es reconocida – además de su tarea legislativa – por presidir la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) que se autodefine como una organización privada que vela por el derecho a la libertad de expresión en Argentina y emite informes anuales al respecto. Desde hace tiempo, la funcionaria justifica cualquier acto llevado adelante por el macrismo en lo que respecta a medios de comunicación. En un diálogo con Radio Del Plata a principios de enero había justificado el avance sobre la Ley de Medios por decreto sin haber enviado modificaciones al Congreso: “la verdad que son medidas de un alto significado político. Macri prometió en su campaña unir a los argentinos y el gobierno toma una decisión muy fuerte que es terminar con la confrontación por la imposición del relato”, aseguró sin ponerse colorada.  

En la misma línea, también justificó que el gobierno incumpla el fallo del juez Arias sobre la prohibición de “alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia” de AFSCA. Aceptando su designación, Giudici acepta – pese a que Fundación LED busca defender la libertad de expresión –  que se esté pasando por encima de la ley más debatida en la historia democrática argentina y se deja de lado el apoyo por amplia mayoría del congreso el cual debería ser el único responsable de cualquier modificación al respecto.

En noviembre de 2014, Giudici se había presentado en una audiencia en el senado para referirse a la ley “Argentina Digital” desde donde se conformó AFTIC. En aquella ocasión, Giudici destacaba a los “organismos independientes del poder ejecutivo” y resaltaba que los cargos a ocupar dentro de los mismos “se eligen desplazadamente de los turnos electorales”. Al comenzar su intervención, la representante de Fundación LED dijo que era necesaria una “autonomía del poder ejecutivo” de parte de organismos que regulan radiodifusión y telecomunicaciones. Lo denunciado en ese momento por Giudici, contrasta con la situación actual planteada desde el poder ejecutivo al subordinar AFSCA y AFTIC, diluyéndolos en ENACOM que se coloca bajo la órbita del ministerio de telecomunicaciones lo que coloca al ente dentro del marco del poder ejecutivo y no como un organismo descentralizado como proponía Giudici.

Frank La Rue, ex relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, advirtió que el avance sobre la ley de medios representa “un regreso a los privilegios de los monopolios en la Argentina”. Sumado a esto, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se habían pronunciado respecto al decreto de Macri sobre la ley exhibiendo “preocupación” al respecto y alertando que "Una democracia requiere diversidad y pluralismo y que los estados adopten medidas positivas para que no se constituyan oligopolios o monopolios en la comunicación porque afecta a la circulación de ideas, al trabajo periodístico y a la información que reciben los ciudadanos".