Pablo Llonto: “Como no pueden arañar la imagen de Rodolfo Walsh inventan lo de la bomba (en Policía Federal)”

Por Juan Borges

El abogado y periodista Pablo LLonto dialogó con AGENCIA PACO URONDO sobre la resolución de la Sala I de la Cámara Federa que intenta reabrir la investigación sobre al ataque al edificio de la sede de Coordinación Federal  (Policía Federal), el 2 de julio de 1976. La dictadura genocida no investigó el hecho y decidió vengarlo endureciendo su oleada represiva sangrienta. Los días siguientes se produjeron centenares de fusilamientos de detenidos y explosiones de cuerpos en variados lugares. Actualmente un grupo de abogados intenta reabrir la acusación a los responsables del ataque cuando en 2006 el delito se consideró prescripto.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué mirada tiene sobre novedades judiciales relativa el ataque a Coordinación Federal el 3 de Julio de 1976, llevado a cabo por la organización Montoneros?

Pablo LLonto: En realidad no se trata de una reapertura de la causa, la Sala I de la Cámara Federal, conocida como la "sala de los gorilas o la sala antiperonista´, le dice a la jueza Servini que fundamente mejor el rechazo de la presentación hecha por los dos abogados de genocidas. Esos abogados, Ricardo Saint Jean -hijo del ex gobernador de la dictadura Ibérico Saint jean y María Laura Olea (ambos defensores de los genocidas Morello y Sánchez Zinny) pidieron a la jueza tres cosas, reapertura de la causa, que los tengan por querellantes y que si no se reabre, que se haga al menos un juicio por la Verdad.  

Ese pedido lo firman varias asociaciones de abogados y familiares de militares y militares que están en contra de los juicios por los delitos de lesa humanidad que cometieron los genocidas de la dictadura. Entonces, la jueza ahora lo que tiene que hacer es mejorar los fundamentos del rechazo de las tres peticiones. Suponemos que lo hará, y que Sain Jean y Olea volverán a apelar ante la Sala I, y entonces sí, habrá que ver que dicen ahora Bruglia, Bertuzzi y Llorens a quienes su odio actual hacia todo lo que es la militancia de los organismos de Derechos Humanos, las Madres, las Abuelas, el peronismo, la izquierda, los ha enceguecido y son capaces de cualquier cosa. Por lo tanto hay que prepararse para un disparate jurídico de la Sala I, y llevar este tema a la Casación.

APU: ¿Por qué se busca ensuciar la imagen del escritor y periodista Rodolfo Walsh implicándolo en el ataque?

P.LL: Como no pueden ni arañar la imagen de Rodolfo Walsh porque es el intelectual al que jamás podrán superar, la mezcla de inteligencia y acción y compromiso que para ellos es imposible de alcanzar, lo que hacen es inventan que fue parte del acto de colocar la bomba. Pero sin pruebas. Lo mismo con Horacio Verbitsky. Ellos creen que el ejército Montonero funcionaba de la misma manera que funcionaba el Ejército represor e ilegal de la Argentina de entonces. No sólo se trata de tapar con esta absurda denuncia los crímenes que de a miles cometían sus defendidos. También intentan saciar su gran obsesión: que se escriba la historia de la mentira, para lo cual han sido especialistas durante décadas o siglos, pero en todos los intentos han fallado.  Ya lo dijo Walsh "han procurado siempre que los trabajadores no tengan su historia" Y por los siglos de los siglos, el tiro les salió por la culata. Nosotros tenemos voz, temprano o tarde, tenemos voz.

APU: ¿Podemos decir que dicho ataque fue en respuesta a la desmedida represión desatada por el Estado que ya cargaba con miles de desaparecidos y muertos?

P.LL: No conocemos mucho de la historia real de la bomba a Superintendencia. Fundamentalmente porque quien la colocó, el militante montonero José María Salgado fue secuestrado por los grupos de tarea de la dictadura, que entre otros comandaba Saint Jean, y lo masacraron al menos en dos centros clandestinos, Campo de Mayo y ESMA.

Sí, sabemos que en julio de 1976 en Superintendencia, en la calle Moreno al 1400, en el edificio de la Federal funcionaba un centro de secuestro, tortura y exterminio. Que funcionaba allí desde 1974 como mínimo y que allí llevaban centenares de militantes a quienes destrozaron en esas mazmorras. También se sabe y se probó en la Justicia muchas masacres posteriores fueron en represalia a la bomba que colocó Salgado, ejemplo la masacre de Fátima cuando dinamitaron los cuerpos de 30 militantes que estaban secuestrados clandestinamente en Superintendencia. Y otro hecho que aparece como venganza de los grupos de tareas de la Policía Federal es la masacre de los curas y seminaristas palotinos en Belgrano pocos días después de la bomba en superintendencia.

APU: ¿Es viable jurídicamente considerar al ataque del 2 de julio de 1976 cómo un crimen de lesa humanidad?

P.LL: La bomba en Superintendencia es un hecho de derecho penal común. No encuadra en delitos de lesa humanidad porque no cumple ninguno de los requisitos que pacíficamente han desarrollado Códigos Penales y jurisprudencia de todo el mundo. Primero, no se trata de un ataque sistemático o masivo con graves violaciones a derechos humanos contra población civil. Segundo, no se trata de un ataque cometido por organización con apoyo estatal (Triple AAA, CNU por ejemplo, cometieron ataques que sí lo fueron). Ya lo dijo la Cámara Federal de Rosario en el conocido fallo Larrabure. Y lo convalidó Casación. La bomba se trata de un acto individual, que las víctimas pudieron pedir su juzgamiento en 1976 y años subsiguientes y que ya prescribió, eso es lo que ocultan a sus representados, Saint Jean y Olea.