EE.UU.: periodista lleva 18 meses preso

Por Nicolás Adet Larcher

Hace dieciocho meses, el periodista del periódico The Guardian, Barett Brown, era apresado por agentes del FBI por el delito de “revelar información privada y actuar contra la autoridad federal”. A partir de allí, comenzó el calvario de Brown, quien fue alojado en una prisión Federal con acusaciones que acumulaban una pena de más de 105 años en la cárcel. La justicia en aquel momento le negó la libertad bajo fianza, priorizando la prisión preventiva por un tiempo excesivo.

Barett Brown había destinado el último tiempo de sus investigaciones periodísticas siguiendo la conexión entre las agencias secretas y las compañías privadas de seguridad. La tercerización del espionaje, los trabajos paraestatales de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y otros trapos sucios vinculados al espionaje de la privacidad de los ciudadanos de parte del gobierno de Barack Obama, eran moneda corriente en las notas publicadas por Brown. Algunos, incluso llegaron a pensar que el periodista era el portavoz del grupo de hackers, Anonymous, lo cual el mismo negó rotundamente, aunque sí reconoció que compartieron información valiosa.

Entre las revelaciones del periodista norteamericano, sus colegas destacan la publicación de documentación que vincula en forma ineludible a más de dos mil compañías privadas en tareas de espionaje junto a la Casa Blanca. La publicación que colmó la paciencia del FBI fue aquel link que revelaba como la empresa Stratfor – la compañía que más peso tenía para el pentágono – había espiado a miles de ciudadanos norteamericanos, recopilando infinidad de nombres y números de tarjetas de crédito, entre otras cosas. Los agentes inmediatamente actuaron, entraron a su casa y lo encontraron chateando. Allanaron toda la vivienda y se dieron el lujo de presentar cargos contra la madre de Brown por haberse negado a revelar donde guardaba la computadora.

A diciembre de 2013, Brown ya contaba con 12 imputaciones en su contra entre las que se destacaban obstrucción de la justicia, conspiración, robo de identidad agravado y amenaza contra un agente federal. El 5 de marzo pasado, el cargo de robo de identidad agravado, junto a otros cargos, fueron retirados. En un comunicado, Reporteros sin Fronteras celebró la decisión de retirar cargos que pesaban contra la libertad de información del periodista. La organización había firmado un Amicus Curiae junto a otras organizaciones como Electronic Frontier Foundation, Reporters Committee for Freedom of the Press, Freedom of the Press Foundation, Committee to Protect Journalists y PEN American Center a favor del periodista.

Barett Brown, todavía mantiene cargos en su contra. La imputación por obstrucción de la justicia y amenazas a un agente federal, le podría provocar una condena de casi 70 años en prisión. Desde Reporteros sin Fronteras argumentaron que “El periodista paga por una interpretación demasiado amplia y abusiva del concepto de protección de la seguridad nacional, en detrimento de la libertad de información”. Desde su celda, Brown concedió una entrevista en la que expresó  “He sabido durante mucho tiempo que acabaría en la cárcel. Hay varios documentales donde digo que sé que voy a ir a la cárcel en algún momento. No puedes hacer estas cosas y no caer en el radar del FBI sin represalias. No quiero hablar contigo sobre el caso o las personas involucradas en este tema, pero no estoy muy preocupado por eso”.

Para el periodista Fran Andrades, de Público, su opinión sobre el caso es que “En un momento particular en el que muchas de las revelaciones periodísticas perturban a la opinión pública sobre la intervención del Estado en la vida privada de las personas, casos como el de Barrett Brown pueden indicarnos cuál sería el destino de gente mucho más implicada en las filtraciones como Edward Snowden o Julian Assange y las garantías jurídicas que pueden esperar”. Las filtraciones de operaciones de inteligencia perpetradas por la CIA, la NSA, más de dos mil empresas privadas y demás actores bajo la aprobación de las gestiones de George Bush y Barack Obama, mantienen en jaque a la Casa Blanca. El Gobierno norteamericano emprendió estos últimos años una cacería contra cualquier periodista o activista que pretenda difundir al público filtraciones de documentos que comprometan a toda la administración.

Los casos Assange, Snowden, Greenwald, Manning y Brown, son el claro ejemplo de persecución por difundir información concreta, mientras el Gobierno norteamericano asume sus culpas en nombre de la seguridad, intensificando cada año los programas de vigilancia sobre la población mundial. La desconfianza está a la orden del día, hace unos días, la senadora Dianne Feinstein, presidenta de la comisión de inteligencia del senado que investigaba abusos de la CIA durante la gestión Bush, denunció que la propia CIA espiaba las computadoras del congreso para supervisar la investigación de Feinstein. En el seguimiento de la senadora, se había descubierto hechos de tortura posteriores al 11 de septiembre mucho más crueles de los que la propia CIA había reconocido.