"Se agrava la situación de los derechos humanos en la Provincia de Buenos Aires"

Por la Comisión Provincial por la Memoria

Ante los anuncios realizados por el Gobernador Daniel Scioli y el Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, en relación al resultado de la Emergencia de Seguridad en sus primeros 45 días, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires expresa:

La información oficial no hace más que confirmar que la orientación de las políticas anunciadas insisten en un esquema de control territorial que delega la seguridad pública en la policía bonaerense. De este modo se insiste en un modelo que ha demostrado una completa ineficiencia en el abordaje del delito y la profundización de las violaciones a los DERECHOS HUMANOS de toda la población y fundamentalmente de los sectores pobres.

Confirmando que el discurso bélico, de guerra contra el delito, se ha transformado en acción, el comunicado oficial expresa entre los resultados que se efectuaron “164 enfrentamientos con 35 delincuentes abatidos”. Sin eufemismos el gobierno provincial asume que en su concepto de la seguridad y la “paz social” tiene entre los resultados positivos esperables la muerte de los enemigos, que ya no son personas muertas, sino delincuentes abatidos en enfrentamientos. Una simple proyección de lo informado, nos indica que en un año de emergencia morirían en los denominados enfrentamientos más de 290 personas. Lo que para el ejecutivo parece ser un dato esperable y positivo, sólo nos habla de un escenario de mayor violencia que no disminuye sino que aumenta las muertes en la provincia de Buenos Aires.

Preocupa también que el anuncio de la realización de “18.000 procedimientos preventivos y proactivos” coincida con lo recientemente denunciado por la CPM. Nos referimos a la proliferación de detenciones, cacheos y secuestros en el marco de procedimientos policiales sin orden judicial. Tal como expresáramos, sabemos por nuestra tarea cotidiana que la habilitación de privaciones de libertad por parte de la policía, sin autorización y al margen del control judicial, es la condición de posibilidad de otro tipo de acciones tales como el reclutamiento para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas.

Otro motivo de preocupación es el anuncio de 13.000 delitos esclarecidos. Esto es parte de una concepción de la función policial completamente apartada del rol constitucional. La función policial no es esclarecer, sino prevenir y reprimir delitos aportando, en el mejor de los casos, elementos de prueba que, legalmente obtenidos, contribuyan a que el poder judicial determine en el marco de un proceso la existencia o no de un delito y la imputación, condena o absolución de una persona. De manera tal que lo expresado refuerza la profundización del esquema de delegación judicial en la policía, y como contrapartida, la falta de avance en la implementación de la policía judicial.

La presentación de cifras realizadas en el marco del balance de la emergencia en materia de seguridad, expresa una gran subestimación hacia la opinión pública. Como señalamos en el último Informe Anual, a partir del año 2013 el Ministerio de Seguridad dejó de publicar datos relacionados con los delitos. Hasta la fecha, los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad son de diciembre de 2012. Sin embargo, a la hora de evaluar los primeros 45 días de la emergencia, se presentan datos comparativos entre los años 2014 y 2013, sin precisar la metodología ni las instancias oficiales que han elaborado esas cifras.

La improvisación y debilidad técnica de estos datos no resisten el análisis de lecturas atentas. Por ejemplo, se habla de “asaltos”, categoría que no remite a ningún delito del código penal. ¿Qué son los asaltos? ¿Se refiere a los robos, a los robos con armas o a otros robos agravados? Esta presentación de cifras aisladas, fuera de toda referencia que permita interpretarlas y contextualizarlas y que se realiza en el marco de una política de ocultamiento de los datos de los delitos por parte del Ministerio de Seguridad provincial, no es capaz de fundamentar ninguna presentación de resultados. Lo que se pretende presentar como reducción de delito no tiene en este comunicado ninguna referencia que permita fundar esta afirmación.

Por fuera de los anuncios en el marco de la emergencia, pero como confirmación del modelo elegido, el ministro de Seguridad dictó con fecha 20 de mayo una resolución por la cual dispone rehabilitar el funcionamiento de los calabozos ubicados en dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que la clausura de los calabozos en dependencias policiales fue dispuesta con motivo de las inhumanas condiciones de detención y la disfuncionalidad respecto al rol que tiene la policía que no es la de custodiar detenidos sino la prevención de delitos. De manera tal que la rehabilitación de un centenar de calabozos en la Provincia no solo implicará una profundización de las condiciones de detención que fomentan y propician la tortura -y que fueron limitadas por las Cortes Supremas de Justicia Nacional y Provincial de Buenos Aires- sino que también quitará policías de su función de prevención del delito para nuevamente involucrarlos en la custodia de detenidos. 

Durante los últimos años, el gobierno provincial difundió la baja del índice de personas detenidas en comisarías como un logro de su gestión que cumplía con los fallos de la CSJN y los reiterados señalamientos críticos de los organismos internacionales. Todos los Comités y organismos de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, señalaron la detención en comisarías como graves violaciones de derechos esenciales.

La decisión política de profundizar las políticas de seguridad en clave de prisionización, control poblacional y fortalecimiento de la autonomía policial, elevó la cantidad de personas detenidas de 26.500 aproximadamente en 2007 a 31.500 en la actualidad. Casi 5.000 personas más durante esta gestión de gobierno. Un 18 % más de detenidos que colapsaron el sistema de encierro. Casi un 65% de personas detenidas con prisión preventiva, y por lo tanto inocentes, que padecen graves y constantes violaciones de derechos humanos. No hay esperanza rehabilitadora para nadie en estos lugares de detención; quienes pasen por allí agravarán los padecimientos que los llevaron a estos ámbitos.

Los anuncios dados confirman un apartamiento cada vez más pronunciado por parte del Ejecutivo Provincial de las propuestas de seguridad democrática y en este punto profundizan la distancia entre políticas de seguridad y respeto a los derechos humanos.