El petit hotel de Alsogaray: la oportunidad que la Corte eligió desaprovechar

Por CIPCE

Hace unos días se dio a conocer que el petit hotel que perteneció a María Julia Alsogaray está siendo destruido. Este inmueble había sido subastado luego de que la ex funcionaria fuera condenada por enriquecimiento ilícito, para que el Estado pudiera recuperar más de tres millones de pesos con su venta. El CIPCE participó como “amigo del tribunal” en la causa, y pidió que los fondos recuperados tuvieran un destino social. Para eso, propusimos que el dinero fuera asignado al Hospital Garrahan, pero la Corte Suprema se negó.

El petit hotel no solo simboliza la corrupción de los 90: también representa la oportunidad que la Corte eligió desaprovechar. Se trató del primer caso de recupero de activos ilícitos en hechos de corrupción. Dar a ese dinero un destino social resultaba fundamental parareparar el daño causado a la sociedad por estos delitos, y para visibilizar la importancia de este tipo de medidas. Agustín Carrara, Director Ejecutivo del CIPCE, señaló que “la Justicia se rehusó a dar un avance que no había dado antes, y que tampoco daría después”.

El desempeño de la Justicia –y de la Corte en particular– ha sido lento e ineficiente. Pasaron 20 años desde el inicio del caso hasta la decisión definitiva sobre el destino de los fondos decomisados. Además, los manejos secretos del Poder Judicial impidieron que se conociera dónde estaba depositado el dinero, cuál era el monto exacto (con los intereses) y en qué fue utilizado. Se rehusaron a dar esa información cuando el CIPCE la solicitó. En definitiva, no existió la voluntad política de sentar un precedente que hubiera sido fundamental para el recupero de activos en casos de corrupción y delincuencia económica.

En los últimos años se han logrado interesantes avances legislativos en materia de decomiso. Existen varios proyectos de ley que regulan la extinción de dominio. El Ministerio Público Fiscal ha creado áreas especializadas en el tema y ha asignado un lugar de importancia al recupero de activos en delitos complejos. Asimismo, a nivel federal comenzará a regir un sistema de Justicia que cuenta con todas las condiciones para ser más transparente y eficiente. En este contexto, esperamos que el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y los organismos de control desarrollen políticas serias y coordinadas para recuperar los bienes ilícitos y aplicarlos a políticas públicas concretas. De esta manera, se comenzará a reparar el daño causado por la corrupción, y la Justicia podrá dar respuestas satisfactorias a la sociedad.