La interminable caída de Montezanti: suspendido y a jury

Por Diego Kenis

Por amplia mayoría, el Consejo de la Magistratura de la Nación decidió el jueves 10 de septiembre suspender de sus funciones y someter a jury de enjuiciamiento para su remoción al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Montezanti. Sobre el suspendido magistrado pesan gravísimos cargos por delitos de lesa humanidad en la Justicia Federal, que lo declaró en rebeldía cuando faltó por tercera vez y sin justificación veraz a la declaración indagatoria a que estaba citado por el juez Alejo Ramos Padilla.

Además, el voluminoso expediente del Consejo de la Magistratura da cuenta de denuncias y conflictos en todos los ámbitos en los que el acusado se desempeñó. En su rol de juez de Cámara se le reprochan abusos de poder, conductas antisindicales, espionaje y hostigamiento a empleados y colegas y una opinión favorable de la pena de muerte como ordenador del sistema jurídico. En su desempeño docente en la Universidad Nacional del Sur (UNS), además de las imputaciones referidas a la etapa estatal terrorista, se destacan en el expediente los contenidos que vertía en sus clases y publicaciones, algunas de ellas por cuenta de la editorial universitaria, y prácticas que constituían incluso delito, como encerrar a sus alumnos con llave en el aula donde dictaba clases y privarlos de la comunicación con el exterior a través de sus celulares.

La suspensión decidida por el cuerpo colegiado representa el principio del fin de la carrera de Montezanti como camarista federal. Ese trayecto había comenzado con su asunción, el 21 de febrero de 2003, apenas un trimestre antes del arribo al poder de Néstor Kirchner. Su llegada al asiento de Cámara significó la entronización de un estilo autoritario que mantuvo hasta el final y un cambio de época negativo para la jurisdicción: en camino inverso al de un país que meses después se sorprendería por las acciones del nuevo gobierno contra la impunidad, la asunción de Montezanti operó como el golpe final para transformar a una Cámara Federal que hasta poco antes había demostrado ser de avanzada: presidida por Luis Cotter, fue la única que declaró inconstitucionales a la llamada “ley de obediencia debida” y los indultos del menemato. Además, capturó e interrogó a victimarios y, cuando los caminos de la Justicia se hallaban obstruidos, dio luz verde al Juicio por la Verdad que Bahía Blanca vivió en 1999.

El poder político imperante en los ’90 respondió con un recorte de la jurisdicción de la Cámara y la contradictoria ampliación de sus vocalías, para licuar la incidencia de Cotter, que además comenzó a padecer el hostigamiento de sus nuevos pares camaristas. En ese contexto, la llegada de Montezanti fue un símbolo de los contrasentidos que estaban por venir y que cerraron con un epílogo fenomenal, cuando el máximo responsable de la Justicia Federal de la jurisdicción fue declarado por ella en rebeldía al no presentarse en tres oportunidades a prestar declaración indagatoria como imputado por los peores delitos tipificados y ofrecer excusas mentirosas respecto de esas ausencias.

En cambio, suyos fueron la instrucción y el veredicto del sumario disciplinario contra el ex juez Álvaro Coleffi, el único magistrado bahiense que aplicó la igualdad ante la ley a imputados civiles como Vicente Massot, el sacerdote Aldo Vara o el actual arzobispo Guillermo Garlatti, que llegó a estar procesado por su encubrimiento. Montezanti estaba excusado de intervenir en causas de lesa humanidad por motivos obvios, pero ello no impidió que decretara la cesantía de Coleffi por “pérdida insalvable de confianza”.

Mejor se apoyaba en Ricardo Planes, el jubilado camarista al que fue a buscar cuando debió ocupar temporariamente una vocalía ante la vacancia que registraba –y aún registra, ahora agudizada- la Cámara. Planes había integrado el tribunal de alzada junto con Cotter e Ignacio Larraza y fue el único de los tres jueces que votó en disidencia a aquella declaración de inconstitucionalidad de la ley de impunidad por obediencia.  

Las Tres A y las Tres Armas

Las denuncias de estudiantes, trabajadores judiciales y miembros de la fiscalía y la propia Cámara lo dibujan, coincidentemente, como una figura autoritaria que llegaba a calificar a sus empleados bajo el denigrante y castrense rótulo de “ITS”, que en la jerga militar refiere al recluta “inútil para todo servicio”, establecer sistemas de espionaje y delaciones y hacer de la persecución por vía judicial un modo de amedrentamiento.

Además, se acreditó que Montezanti instrumentó medidas para entorpecer las investigaciones por delitos de lesa humanidad, suprimiendo la Secretaría de Derechos Humanos del tribunal y obstaculizando el trabajo y finalmente expulsando del edificio a la Fiscalía General encabezada por Hugo Cañón, responsable de todos los avances en las investigaciones registrados hasta su jubilación en 2009.

Los antecedentes que la pesquisa y sucesiva acusación de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia recuperaron permiten inferir nexos de causalidad entre las imputaciones formuladas al camarista y su accionar de la última década.

Ante la Justicia Federal, Montezanti está actualmente acusado de haber integrado la organización parapolicial de ultraderecha conocida como “Alianza Anticomunista Argentina”, haber participado de la privación ilegal de la libertad del militante de la Juventud Peronista (JP) Jorge Riquelme Esparza, secuestrado ya en dictadura, y haber revistado como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento de Inteligencia 181, que dependía del temible Batallón 601.

Los principales indicios de la vinculación de Montezanti con la Triple A fueron probados en un juicio por calumnias e injurias que él mismo inició, en 2004, contra el actor y militante Alberto Rodríguez. En el decisorio del proceso, el juez José Luis Ares dio por acreditado que Montezanti ostentaba en su despacho de 1984 un diploma de pertenencia a la “Liga Anticomunista Argentina” firmado por el represor Guillermo Suárez Mason y que una década antes, en 1974, había estado en medio de un grupo de matones del grupo criminal que tomó la Facultad local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para protegerla de “las hordas izquierdistas”, como las definió en un escrito al explicar su ingreso.

Por otra parte, su participación como agente de Inteligencia está probada por los propios archivos del Ejército, que dan cuenta de que entre el enero de 1981 y el junio de 1982 se desempeñó como “asesor universitario”. El aval personal para su incorporación lo obtuvo de José Osvaldo “Balita” Riveiro, un genocida militar aún prófugo que encabezó el Destacamento 181 tras haber pertenecido a la Triple A.

Declarar ante Massot

Mientras eludía los llamados a indagatoria de la Justicia Federal por cuyo cuidado debía velar como magistrado, créase o no el último acto público de Montezanti como juez fue la participación en un reportaje promocional que le realizó La Nueva Provincia, el diario del también imputado Vicente Massot.

Se comprende, ambos tienen intereses y enemigos comunes, están en situaciones similares y por eso la puerta se abrió cuando otras ya no. En el reportaje, prologado por un párrafo que anticipaba los “sólidos y elaborados” argumentos del entrevistado, Montezanti negó todas las acusaciones, pero sólo consiguió agravar su situación: atacó a los testimonios de las víctimas exigiéndoles una precisión absurda en detalles sin importancia, se contradijo con declaraciones anteriores suyas al explicar su rol en el aparato de Inteligencia, calificó a la sociedad argentina en su conjunto como “culposa y enferma de demencia colectiva” y deslegitimó a los juicios considerándolos linchamientos, a contramano de lo que el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti acababa de opinar sobre ellos como orgullo nacional.

La Nueva Provincia publicó en tapa y en sus dos primeras páginas del martes el reportaje, que nutrió a un furioso editorial que dos días más tarde despidió La Nación y al comunicado del Colegio de Abogados porteño que se conoció el mismo día. Todos repetían las falsedades y tergiversaciones y apuntaban a una persecución política pergeñada por el Partido Comunista, para Montezanti, y los K, para todo el grupo.

En realidad, si una capacidad ha tenido Montezanti es la de generar consensos: un amplio abanico de actores de distintos sectores políticos quería su suspensión y jury y hasta el matutino de la familia Mitre debió reconocer el viernes 11 que a la hora de votar “ocurrió en el Consejo lo que hace mucho no sucedía”, al reunirse más de dos tercios y el voto conjunto de los representantes del oficialismo, la presidenta Gabriela Vázquez y los representantes de los abogados.

El dato no es novedoso y habría sido necesaria tan sólo una repregunta del anónimo entrevistador de Montezanti para dar por tierra con la idea de una persecución política: el testigo que vio el diploma de la “Liga Anticomunista Argentina” firmado por Suárez Mason fue Juan Pedro Tunessi, a quien nadie podría tildar de comunista, peronista o kirchnerista. Tunessi fue hasta 2013 diputado nacional por el radicalismo y actualmente es cercano al controvertido magistrado Luis Cabral, que se abstuvo en el tratamiento en comisión y votó en contra en el plenario.

El sol y la mano

Mientras en el Departamento de Derecho de la UNS estos hechos pasaron desapercibidos por años y en diciembre su Consejo Departamental negó la apertura de un Juicio Académico de exoneración derivado de la participación de Montezanti en el aparato de Inteligencia del terrorismo de Estado, la Justicia Federal citó al camarista como imputado en una causa por delitos de lesa humanidad y luego lo declaró en rebeldía, mientras el Consejo de la Magistratura lo suspendió e inició el proceso para su remoción porque, explicó la consejera Anabel Fernández Sagasti, “no podemos tapar el sol con la mano, todos conocemos la situación de Bahía Blanca”.

Para colmo, el representante de los académicos, Jorge Candis, fue el primero en pedir la palabra para acompañar el dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, que descansaba en un detalle pormenorizado de los incidentes protagonizados por Montezanti y los insultos y agravios que dedicó a todos los que osaron contradecirlo en cada ámbito en que incursionó. La presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez, expresó que “como jueza, lamento que no me acompañen mis colegas”. El ahora suspendido camarista, remarcó Vázquez, “tenía conductas propias de personal castrense con los empleados judiciales”.

La votación finalizó once a dos a favor de la suspensión y el jury. Votaron por la afirmativa los ya mencionados Vázquez, Fernández Sagasti y Candis y a ellos se sumaron Julián Álvarez, Adriana Donato, Héctor Recalde, Gustavo Valdés, Ángel Rozas, Ruperto Godoy, Pablo González y Miguel Piedecasas. Los únicos votos en contra fueron los de los representantes de los jueces Leónidas Moldes y Cabral.

La votación se dio ante la mirada de miembros de organismos de derechos humanos de Bahía Blanca, sobrevivientes del terrorismo de Estado, el fiscal Palazzani y militantes gremiales del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) que festejaron la decisión. Al día siguiente, en su crónica, La Nación los describió textualmente como “un sector kirchnerista del gremio judicial kirchnerista”. Le llaman fallido: el error subraya la intención. Mejor y más clara es la frase que los H.I.J.O.S. le cantan al futuro en sus banderas, "lo imposible sólo tarda un poco más". Se verifica a diario.

(Foto: Rocío Cereijo, APU)