Bahía Blanca: renunció el juez Ramos Padilla

Por Diego Kenis

El último martes 24, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla elevó a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca su renuncia indeclinable a la subrogancia que ejerce en el Juzgado Federal 1 de esa ciudad desde junio pasado, cuando se hizo cargo de la función tras la separación del hasta entonces subrogante Santiago Martínez y su secretario Mario Fernández Moreno, apartados por el Consejo de la Magistratura por las graves irregularidades comprobadas.

Derivada del fallo de la Corte Suprema del 4 de noviembre, la renuncia de Ramos Padilla cobrará vigencia a partir del último día de este año y fue comunicada con la antelación suficiente para que la Cámara Federal bahiense, que el miércoles se negó a tratarla, busque un reemplazo para ese Juzgado clave que lleva adelante causas de lesa humanidad y narcotráfico, entre otros temas sensibles.

En su carta de renuncia, que ayer difundió la asociación “Justicia Legítima”, el juez federal recordó que fue designado “de acuerdo a la ley y por expreso mandato del Consejo de la Magistratura” en una función que no le reportó “mayores beneficios, ni un cargo de mayor jerarquía” y que lo aceptó “en la creencia de que podía constituir un aporte para superar la grave situación que se vivía en la jurisdicción de Bahía Blanca”, a la que definió como “una grave afectación del servicio de justicia” que constató “apenas me hice cargo del Juzgado” y a la que enfrentó “con pocos recursos” y “esfuerzos extraordinarios”, sin que se le proveyera “el personal necesario que reclamé”. Este último punto había motivado que en septiembre pasado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la regional local de H.I.J.O.S remitieran una nota al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para respaldar al juez y solicitar al máximo tribunal “mayor cantidad de personal y medios adecuados” para su tarea.

El “enorme desgaste y cansancio personal” por atender dos Juzgados Federales distantes uno de otro en setecientos kilómetros no fue, sin embargo, la causa de la dimisión de Ramos Padilla a su subrogancia bahiense. La decisión del magistrado se precipitó por el fallo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación votó el 4 de noviembre, declarando inválidas las leyes, reglamentos y designaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura y otorgando un plazo de tres meses para la expiración de las subrogancias aprobadas por el cuerpo.

“No comparto las consideraciones, ni la oportunidad de ese fallo; pero como Juez debo ser respetuoso de las decisiones del más alto tribunal y al mismo tiempo señalar claramente la situación en la que me coloca —al menos desde mi óptica- la declaración de invalidez mencionada”, escribió Ramos Padilla en su texto de renuncia. El juez agregó que “al declararnos y calificarnos como ‘inválidos’, ‘irregulares’, ‘vulnerables’, ‘designados por una mayoría circunstancial’, y ponernos fecha de vencimiento”, el máximo tribunal “puso en duda nuestra legitimidad y la de nuestras decisiones, que son para mí la base ética de la actividad de un Juez”.

Un Juzgado en condiciones de detonar

El texto de la renuncia de Ramos Padilla puntualiza las acciones que debió desarrollar para ordenar el grave cuadro que presentaba el Juzgado, donde los estupefacientes incautados atiborraban estantes o se encontraban al alcance de transeúntes o en lugares inadecuados como la terraza del edificio, junto a una considerable cantidad de basura. La droga hallada fue incinerada este mes en el cementerio bahiense, ante testigos y periodistas.

Entre las irregularidades aún más graves se encontraban las situaciones de detenidos a los cuales no se les tomó declaración indagatoria en los plazos legales o aquellos que, habiendo declarado, no tenían resuelto su estado procesal. Algunos llevaban tres años en esa situación, cuando el Código Procesal Penal de la Nación ordena un límite de diez días, prorrogable a otros diez excepcionalmente, entre la declaración y la resolución de la falta de mérito, el sobreseimiento o el procesamiento del imputado. La impericia de los antecesores de Ramos Padilla, consentida por la Cámara Federal anterior, produjo que no existiese siquiera un registro de los detenidos a disposición del Juzgado, ni de las condiciones y lugares de encierro y custodia. Producto de ello, decenas de ellos tenían ya su prisión preventiva vencida y no habían sido informados al Consejo de la Magistratura, encargado del registro.

Párrafo aparte merece la descripción del arsenal que Ramos Padilla encontró al asumir la subrogancia y que cobró notoriedad nacional cuando trascendió el informe del juez a la Comisión Interpoderes, cuyo detalle incluía el ya famoso proyectil antiaéreo que como informó el diario Página/12 estaba rotulado con la inscripción “Ojo: está activado”. El explosivo fue retirado y neutralizado por la Brigada Antiexplosiva de la Policía Federal.

El arsenal (foto), que durante meses puso en riesgo la vida de empleados, testigos y transeúntes y la seguridad pública, se conformaba además de 474 proyectiles, un millar de vainas y otro de municiones, 581 cartuchos, varios plomos y cargadores, una decena de pistolas, diecisiete revólveres, tres carabinas, dos escopetas, seis pistolones y una granada en condiciones de detonar, que el viernes 20 fueron retirados para su destrucción por el Registro Nacional de Armas (RENAR) tras los exámenes que sobre ellos practicaron peritos de la Policía Federal. Hasta la llegada de Ramos Padilla, el arsenal se encontraba disperso, al alcance de transeúntes o visitantes ocasionales del Juzgado y sin registro alguno ni indicación de su estado. Al armamento hallado debe agregarse a veintidós pistolas y revólveres, un fusil, cuatro escopetas y dos carabinas más cuyo origen no pudo siquiera establecerse y que continúan siendo objeto de pesquisas.

El cuadro que halló el juez subrogante se completaba con las demoras en el otorgamiento de más de un centenar y medio de cartas de ciudadanía reclamadas y el alto nivel de conflictividad interna que registraba el Juzgado, lo que comenzó a ser solucionado con capacitaciones, reordenamientos y atención a reclamos pendientes.

Responsable de este cuadro resulta en primera instancia el secretario judicial Santiago Martínez, que ejerció como subrogante hasta su desplazamiento y la llegada de Ramos Padilla. Martínez fue cuestionado por actores tan disímiles como los organismos de derechos humanos bahienses, que denunciaron obstaculizaciones permanentes en causas de lesa humanidad y con mayor énfasis en aquellas que involucraban a civiles, como por el Tribunal Oral local, que al fallar en el juicio contra el empresario Juan Suris criticó duramente a Martínez y su grupo por haber violado las garantías procesales básicas de los imputados de la causa, sobre los que se practicaron escuchas telefónicas incluso en sus conversaciones con sus defensores, y consentir una inversión de roles en que la Justicia quedaba como auxiliar de la policía y no a la inversa. Entre las acciones que llevó a cabo Ramos Padilla estuvo el impulso a sumarios administrativos contra Martínez y su ex secretario de Derechos Humanos Fernández Moreno.

Durante la subrogancia del juez federal de Dolores, además, se avanzó en forma inédita en la jurisdicción con las detenciones e imputaciones de varios militares por delitos de lesa humanidad cometidos después del 24 de marzo de 1976 y, sobre todo, de civiles acusados de los ilícitos perpetrados antes, con el accionar criminal de la versión local de la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina. Entre los imputados de este último grupo se encuentra el abogado Néstor Montezanti, cuya sola figura ilustra  la complejidad institucional de la jurisdicción: Montezanti integraba, hasta su suspensión provisoria, la Cámara Federal de Apelaciones y como camarista era superior jerárquico del juez que debía resolver su situación procesal. A Ramos Padilla no le tembló el pulso. Recogió la acusación de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, imputó y citó a declaración indagatoria a Montezanti y lo declaró en rebeldía cuando el camarista suspendido faltó por tercera vez sin motivo veraz. Los fueros de los que el imputado goza, aún suspendido, impiden hasta el momento su detención y la resolución de su estado procesal.

Los claros ejemplos

El último tramo de la carta de renuncia de Ramos Padilla deja reflexiones sobre lo que entiende una degradación del Poder Judicial y su legitimidad, y puntualiza que la dimisión fue elevada luego del balotaje presidencial “para evitar cualquier tipo de especulación política” sobre la decisión, resuelta a partir de la debilidad en que dejó a los jueces subrogantes el fallo de la Corte sobre la ley que regulaba sus designaciones.

“He visto durante años cómo se degradaba el Poder Judicial de la Nación, cómo jueces complacientes del poder de turno o de las grandes corporaciones acomodaban sus decisiones en pos de un interés mezquino”, expresó Ramos Padilla. “He visto cómo Jueces de las más altas jerarquías afectaban la legitimidad prorrogando sus mandatos por encima de la Constitución y supeditando su renuncia a fechas determinadas con clara intencionalidad política”, agregó, en obvia referencia al ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt, cuya renuncia fue elevada en septiembre pero para entrar en vigencia un día después del recambio de autoridades del Ejecutivo nacional.

Los ejemplos enunciados “son para mí, la convalidación de las leyes de impunidad en los años 80, la Corte adicta de los años 90, el tratamiento que el Poder Judicial le dio la ley de medios y a la llamada democratización de la justicia, y el modo en que muchos magistrados se aferran a sus cargos incumpliendo los mandatos de la Constitución Nacional, los más claros ejemplos de esta degradación”, resumió el juez renunciante, que desde el primer día de enero próximo continuará sólo con sus funciones en Dolores. Para entonces, otro nombre deberá haber surgido del complejo sistema ordenado por la Corte para la selección de un magistrado subrogante. Ese futuro juez o jueza tendrá a su cargo algunas de las más trascendentes causas de la historia de Bahía Blanca y el sur argentino.