Bahía Blanca: Ramos Padilla normalizó el trámite de dos causas por delitos de lesa humanidad

Por Diego Kenis

El juez federal Alejo Ramos Padilla dispuso la semana pasada el procesamiento de cuarenta militares retirados y ex militares del Ejército, uniformados en retiro de las policías Bonaerense y Federal y dos ex jefes de la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta, todos acusados por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar en perjuicio de 180 víctimas.

La mitad de ellos ya fueron condenados en los tres juicios que hasta ahora se desarrollaron en Bahía Blanca, mientras que ocho volverán al banquillo junto a otros tres camaradas en otra causa cuya instrucción fue clausurada por Ramos Padilla también esta semana, para su elevación a juicio oral.

Con ambas decisiones, el juez deja saldadas situaciones irregulares que encontró en junio último al hacerse cargo del Juzgado Federal, que dejará cuando el 31 de diciembre se haga efectiva la renuncia que ya elevó a la Cámara Federal local.

El recuento de las desprolijidades, que AGENCIA PACO URONDO ya publicó, incluía el acopio indiscriminado de droga incautada y material explosivo en condiciones de detonar, pero también la falta de resolución sobre la situación procesal de imputados que estaban acusados por el Ministerio Público desde fines de 2013 y principios de 2014 y sobre los cuales no se había resuelto sus situaciones. Treinta y dos acusados habían sido ya indagados, con lo que la resolución debió llegar diez días después de cada declaración.

Fue el ex juez subrogante Santiago Martínez quien multiplicó ese plazo más de sesenta veces, lo que ilustra sobre varias falacias producidas y reproducidas por los represores, sus defensores y familiares y los medios de comunicación afines. Martínez fue denunciado por los organismos de derechos humanos y los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, pero encontró defensa en el Grupo Clarín y respaldo en la Cámara Federal que entonces presidía Néstor Montezanti, a quien a su vez defendió La Nación en su editorial del día posterior al triunfo de Mauricio Macri en el balotaje.  No fueron los organismos de derechos humanos los que impidieron que se resolviese en tiempo y forma la situación procesal de imputados a los que preferirían ver condenados hace años, sino que los mismos medios de comunicación que presentan las demoras como producto del revanchismo son los que defienden como un perseguido K al juez responsable por ellas y critican como un magistrado parcial a quien pone punto final a la desidia.

Los nombres

La lista de nuevos procesados la encabeza el ex miembro de la Junta Interamericana de Defensa Juan Manuel Bayón y la integran otros altos mandos del Estado Mayor del V Cuerpo en el momento en que se produjeron los hechos, Osvaldo Páez, Walter Tejada y Hugo Delmé, objeto de una gran crónica que en la AGENCIA PACO URONDO escribió Santiago Gómez cuando el represor fue condenado a prisión perpetua por primera vez, en 2012.

La extensa nómina de procesados incluye también a Guillermo González Chipont, Mario Casela, Jorge Masson, Jorge Rojas y Pedro Cáceres, todos ellos miembros del grupo de tareas del V Cuerpo de Ejército, y los militares de Inteligencia Osvaldo Sierra, Enrique del Pino, Carlos Villanueva, Jorge Granada, Carlos Taffarel, Norberto Condal y Víctor Aguirre, quienes tuvieron responsabilidad militar sobre el Destacamento 181 en que prestó servicios el suspendido camarista Montezanti, y los guardias del Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” Fernando Videla, Raúl Domínguez, Andrés González, Arsenio Lavayén, Gabriel Cañicul, Bernardo Cabezón, José Casanovas, José Martínez y Felipe Ayala, que el 25 de noviembre acumuló su segunda perpetua.

La variopinta pertenencia de todos ellos a distintas áreas ilustra cómo cada una formaba parte de un engranaje que operaba en conjunto y que incluía también al Batallón de Comunicaciones 181, la Unidad Penitencia 4 y las policías Bonaerense y Federal. Por el Batallón, cuyas celdas visitaba el fallecido capellán y capitán Aldo Vara, fueron procesados los militares retirados y ex militares Jorge Mansueto Swendsen, Carlos Stricker, Alejandro Marjanov, Alejandro Lawles, Ricardo Gandolfo, Enrique Stel, Antonio Seghighi y Raúl Otero. Por la UP resultaron procesados sus dos directores de entonces, Héctor Selaya y Andrés Miraglia. Por las policías, Ramos Padilla decidió los procesamientos de los bonaerenses Pedro Noel, Jesús Salinas y el coleccionista de candados Gustavo Boccalari, y de los federales Víctor Forchetti y Héctor Abelleira, que sometieron a sus tropelías a la ciudad rionegrina de Viedma.

Ocho de los procesados forman parte a su vez de una causa cuya instrucción clausuró también esta semana Ramos Padilla para su elevación a juicio. Enfrentarán debate oral en breve Villanueva, Casanovas, Casela y Stel, mientras que Delmé, Marjanov y Cabezón lo harán por segunda vez y para Ayala, guardia de “La Escuelita” apodado “Chamamé”, será el tercer juicio luego de sumar dos condenas a prisión perpetua. A ellos se agregan los acusados Carlos Martínez, Mario Torres y Adalberto Bonini.

Los casos 

Muchos de los delitos incluidos en los nuevos procesamientos dictados por Ramos Padilla no han llegado aún a juicio oral, y sus autores esperan la elevación en distintas instancias del proceso de instrucción. Varios de los casos, cuyas investigaciones realizó la Unidad Fiscal de Derechos Humanos a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia, se destacan por revelar aspectos del plan criminal, como los grupos perseguidos, el manejo de las zonas geográficas, la penetración del aparato criminal hasta en los pueblos más pequeños o las modalidades de blanqueo de los secuestrados o de sus ejecuciones y muertes.

El auto de procesamiento sobre las cuatro decenas de represores incluye los casos de víctimas que permanecieron secuestradas en los CCD del Comando del V Cuerpo, el Batallón de Comunicaciones 181, la UP 4 de Villa Floresta, la delegación de Viedma de la Policía Federal y la delegación Cuatrerismo, la Brigada de Investigaciones y el Comando Radioeléctrico de la Policía Bonaerense, todos bajo control operacional de la subzona 51 de la represión clandestina.

Los delitos analizados incluyen los homicidios de Mario Herrera, Néstor Farías, Roberto López, Adrián Carlovich, Juan José Córdoba y Héctor Correa, cuyos cadáveres fueron presentados tras la puesta en escena de enfrentamientos y tiroteos que jamás existieron, y los de Daniel Riganti y Juan Carlos Prádanos, dos ingenieros y docentes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) cuyos restos fueron enterrados como NN en la localidad pampeana de La Adela luego de que sus asesinos los dinamitaran para impedir sus identificaciones.

Además, la resolución abarcó definiciones sobre la responsabilidad de varios acusados en la privación ilegal de la libertad, las torturas y homicidios de Teodoro Bonfiglio, Carlos Oliva y Daniel Gastaldi, cuyos cuerpos aparecieron en un terreno contiguo a la morgue de la ciudad bonaerense de Avellaneda a mediados de 1977.

Bonfiglio era ingeniero químico y a comienzos de ese año había ingresado al servicio militar entonces obligatorio, tras la prórroga por estudios superiores. Su destino luego del ingreso en Comodoro Rivadavia fue el Arsenal “Ángel Monasterio” de la localidad de Pigüé, adonde llegó a comienzos de marzo. En la previa a un franco semanal, el teniente coronel Oscar Moschini se ofreció a acercarlo hasta su ciudad natal, Bahía Blanca. Cuando el soldado aceptó, Moschini tomó el teléfono y confirmó a sus superiores el viaje. La historia de esa llamada telefónica es narrada en el libro El escuadrón perdido, de José Luis D’ Andrea Mohr. En plena ruta, Moschini privó ilegalmente de la libertad a Bonfiglio y para encubrir el hecho fingió un secuestro de su colimba por parte de Montoneros, lo que era a todas luces inverosímil: Moschini dijo haber quedado desmayado tras ser golpeado pero por el hecho no se tomó ni un día de licencia, mientras que su legajo dedica siete folios y cuarenta días de descanso por la caída desde una escalera. Una placa de la UNS recuerda a Bonfiglio como su egresado en el predio de la Cooperativa de Trabajadores “Textiles Pigüé”. “Podría haber sido rector, porque buena parte de nuestros rectores fueron ingenieros químicos”, dijo la entonces vicerrectora María del Carmen Vaquero, al descubrir el homenaje permanente.

Por el Batallón pigüense también pasaron secuestrados de la zona norte de la región, en camino hacia la sede central del aparato represivo en Bahía Blanca. Julio Lede y Marta Bravo fueron secuestrados en Huanguelén, donde el Ejército literalmente tomó el pueblo por varios días y se llevó detenidos a varios vecinos. La localidad, en el partido bonaerense de Coronel Suárez, había sufrido ya los avatares del terrorismo de Estado cuando la Triple A asesinó al docente y ex candidato a concejal Rodolfo Gini. Su viuda, secuestrada también en 1976, tenía problemas para decidir con quién dejar a sus hijos, porque cada nombre que mencionaba para custodia era seguido por la aclaratoria uniformada: “no, nos lo llevamos también”.

El matrimonio conformado por Oscar Maisonave y Ana Germani, por su parte, fue privado ilegalmente de su libertad a comienzos de julio de 1977 en Bahía Blanca. Tres días después de sus secuestros, las víctimas fueron sometidas a un Consejo de Guerra, un remedo de proceso judicial que buscaba blanquear sus reapariciones y encarcelamientos en unidades penitenciarias, donde permanecieron hasta mediados de 1984, ya entrada la democracia.

La causa que ahora cuenta con cuarenta nuevos procesados también investiga las desapariciones forzadas, persistentes en la actualidad, de Eduardo Colella, Roberto Garbiero, Miguel Bacasun, Néstor Repetto y Julio “El Chiva” Infante Julio, primo de Diana Julio de Massot y, como ella, nieto del fundador del diario La Nueva Provincia, Enrique Julio.

El tío olvidado de Vicente Massot fue asesinado por el grupo de tareas al mando de Adel Vilas, con quien se había enemistado por demostrar la verdad inocultable que el diario familiar escondía: en un asado, alguien lo escuchó criticar a Vilas porque “es un cagón. No se anima a salir sin ocho custodios atrás. Hacen mierda a pibes recuperables y a (el sindicalista y jefe de la Triple A bahiense Rodolfo) Ponce lo encuentran en El Palacio de la Papa Frita y no lo tocan”. La madrugada del 18 de mayo de 1976, una patota ingresó a los tiros en su “Bowling Center”, heredero de la mítica “Posta del Chiva”. Herido, Julio fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo, que habría sido quemado en un horno de ladrillos, permanece desaparecido.

La pregunta emerge: ¿podía Vilas secuestrar o asesinar a un primo de Diana Julio por un comentario contrario en un asado, sin tener su visto bueno? La familia jamás denunció el caso y Vicente Massot no lo mencionó en las declaraciones indagatorias que brindó en la causa de lesa humanidad que lo encuentra al borde del procesamiento. El paso de su tío segundo por “La Escuelita” se conoció por la información que a uno de los amigos del “Chiva” llevó el periodista de Policiales de La Nueva Provincia, Jorge Soldini, junto a una sutil amenaza: “cuidate, a vos también te van a voltear”. Coincidía con advertencias previas de miembros de la patota que secuestró a Infante Julio. No era extraño: además de periodista de La Nueva Provincia, Soldini fue agente secreto del Destacamento de Inteligencia 181. A fines de 1976, cuando Vilas dejó la ciudad, el diario familiar le dedicó una cálida despedida, agradeciéndole por los servicios prestados en la faena y cerrando con una frase conmovida: “Hasta pronto, soldado”.