"Es un mamarracho jurídico"

Por Santiago Gómez

La hasta hoy titular del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (DICOM), Cristina Camaño, manifestó en declaraciones al programa radial de Gustavo Sylvestre, que el Decreto de Mauricio Macri por el que transfirió la tarea de escuchas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación "es un mamarracho jurídico, el artículo 99 inciso 3 de la Constitución establece que los Decretos de Necesidad y Urgencia no pueden versar en cuestiones penales y esta es una cuestión netamente penal". Camaño manifestó su preocupación porque la tarea de escuchas sean realizadas por los jueces ya que no habría quién los controle. "Quién le va a ordenar al juez qué puede pinchar y qué no. Si soy un mal juez y quedo a cargo puedo llegar a hacer alguna interceptación ilegal porque no tengo ningún tipo de control, yo tengo el control de los jueces. ¿Al juez quién lo va a controlar?", manifestó.

Según establecía la ley la interceptación de comunicaciones telefónicas sólo podía realizarse por orden judicial, la cual era enviada a la DICOM para su realización. A partir del Decreto 256/2015 que estableció el traspaso de las escuchas a la Corte Suprema de Justicia, será un juez penal con rango de juez de Cámara quien quedará como responsable de la tarea de escuchas por un lapso de un año. Esto quiere decir que todos los año habrá un juez distinto que sepa qué y a quiénes se está escuchando.

Camaño se refirió al traspaso de la totalidad del personal de la DICOM a la Corte Suprema de Justicia. Como manifestamos en "La Corte escuchará por decreto", en los considerandos del decreto por el cual se hace el traspaso de las escuchas a la Corte, Mauricio Macri mintió al afirmar que en la ley 27.126 que creó la Agencia Federal de Inteligencia se dispuso "transferir la totalidad del personal" de la Dirección de Observaciones Judiciales (OJ) a la Procuración General de la Nación. En dicha normativa se estableció que la PGN podía solicitar en comisión personal de inteligencia hasta que contaran con un equipo capacitado para realizar las tareas de interceptación.

"Recibimos 200 agentes de inteligencia y ya los devolvimos a la AFI. La gente es de la Procuración General, no son cosas, se van a quedar, no voy a permitir que se trasladen como si fuesen bienes muebles, son personas que tienen su contrato en la Procuración, algunos vienen  de otras fiscalías, son de informática", declaró Camaño a Sylvestre. Camaño agregó que con el nuevo decreto macrista "vuelve la gente de Stiusso, vuelve la promiscuidad entre algunos jueces y los servicios de inteligencia".

"La Corte no se va a poder hacer cargo. Las funciones de la Corte se las da la Constitución. No hay niguna función para la Corte que diga que se tiene que hacer cargo para las escuchas, por lo que lo delegan en un juez. No pueden sostener el personal, porque nadie sabe cómo se maneja. A nosotros nos llevó diez meses aprender cómo se maneja la parte informática. Eso fue gracias a que el señor Parrilli nos permitió saber antes cómo se maneja ese sistema. Los Stiusso van a tener que volver porque saben cómo se manejan esos sistemas. A partir de hoy yo no soy más responsable, estoy yendo para allá para saber a quién le dejo el despacho", declaró Camaño quien manifestó que le avisaron a las cuatro de la mañana, cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto, las novedades al respecto.

Al ser consultada por el periodista Sylvestre respeto a si la Procuración realizará alguna medida legal, la funcionaria manifestó "Considero que jurídicos de la Procuración hará alguna medida cuando termine la feria, por una cuestión de responsabilidad. Nosotros trabajamos con gente que está secuestrada por lo que no me voy a poner a pelear para decir que esto es mío y no me lo sacan, pero a partir de hoy que se vengan a hacer cargo".