"Contradicción entre un paradigma basado en los negocios y otro en la libertad de expresión"

Por Redacción APU

APU: ¿Qué opina sobre las decisiones del gobierno macrista en materia de regulación de medios?

Damián Loreti: El gobierno se aparta ostensiblemente de estándares de derechos humanos con lo actuado. Se actuó al revés de lo que indican los principios de libertad de expresión. Se reemplazó un directorio plural de siete personas, con participación de las provincias, usuarios, académicos, trabajadores, empresas, bloques parlamentarios, sociedades de gestión de derechos y pueblos originarios, por un interventor partidario. Además, es grave que se haga sin dar intervención al Congreso Nacional.

APU: El último decreto que modifica la ley de Medios establece cambios en relación a la concentración mediática. En una conferencia, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que “la desconcentración” no era un objetivo de la política oficial.

DL: Hay una contradicción entre un paradigma basado en los negocios empresariales y otro basado en la libertad de expresión y los derechos humanos. Hay mucha bibliografía y mucho derecho comparado que defienden la necesidad de intervención estatal para limitar la concentración mediática. La propia Corte Suprema de Justicia se expidió sobre el tema en el fallo que ratificó la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

APU: ¿Qué pasa en el resto del mundo en relación a este debate?

DL: Es una respuesta difícil porque hay muchos países y por lo tanto muchos paradigmas diferentes. Dicho eso, se pueden mencionar muchas resoluciones de organismos internacionales que han abordado estos temas. Por ejemplo, en 2007 los cuatro relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas, OEA, Europa y África hicieron una presentación en conjunto para alertar contra la concentración mediática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha expresado en el mismo sentido. La Unesco sostuvo algo similar en 2008 en su documento sobre Indicadores de Desarrollo Mediático. Muy lejos de esos estándares está lo actuado por el gobierno nacional con el reciente decreto.