"La política de persecución llega a todos los sectores del Colegio Nacional"
Por Asamblea de Docentes del Colegio Nacional
Mientras el gobierno nacional avanza contra la educación universitaria pública y gratuita en todo el país, la actual gestión del Colegio Nacional de La Plata, encabezada por la directora Ana García Munitis y la vicedirectora Verónica García, despide trabajadores y persigue a quienes no acuerdan con su modelo de Colegio.
Como docentes del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de La Plata denunciamos la política de despidos y persecución que viene llevando a cabo la actual gestión contra trabajadores y trabajadoras críticos al modelo educativo implementado desde 2014. Las consecuencias de esta política son cada vez mayor cantidad de docentes sin trabajo, recorte de horas para aquellos/as que disienten con las medidas que se toman y persecución para quienes se solidarizan con los/as despedidos/as.
La política de despido y persecución llega a todos los sectores del Colegio y se ha profundizado en los últimos meses. Sólo en 2016 se echaron a más trabajadores/as que en todos los años anteriores desde que asumió la actual gestión. El grupo de trabajadores/as más afectado es el de los preceptores/as, con 9 despedidos/as, y la cantidad total crece con despidos en otras áreas y recorte arbitrario de horas a profesores/as. En ninguno de los casos se respetaron derechos ni garantías laborales básicas como la debida notificación y el plazo de pre-aviso, llegando en algunas oportunidades a informar el despido de un día para el otro e incluso en los pasillos de la institución. La vulneración de los derechos laborales es sistemática y desconoce el convenio colectivo de trabajo que ampara nuestra tarea.
En la mayoría de los despidos se repite la misma modalidad. La gestión los llama “corrimientos naturales”. Se trata de actos administrativos que, según su explicación, provocan el desplazamiento de docentes en carácter de suplentes que pierden su trabajo ni bien el docente titular del cargo regresa a cumplir tareas en el Colegio. Estos “corrimientos” comparten una particularidad: siempre afectan a trabajadores/as que se identifican con un modelo educativo distinto al de la actual gestión y que han expresado públicamente críticas a distintas medidas que se adoptaron a lo largo de estos casi dos años. Estas características se presentan de manera invariable en cada uno de los casos de despido.
El objetivo de esta modalidad no es cumplir con la normativa y respetar procesos administrativos, sino lisa y llanamente deshacerse de opositores. Prueba de ello es que en la mayoría de los “corrimientos”, el/la docente titular nunca regresó a cumplir funciones, lo que derrumba el argumento con el que la gestión justifica los despidos y desnuda la real intención detrás de cada acto administrativo que termina con un/a trabajador/a en la calle. A este hecho hay que sumarle la incorporación de nuevo personal para cubrir las mismas tareas que desempeñaban los/as docentes despedidos/as. Estas designaciones se dan en un marco poco transparente, con ingresos a discreción y sin información respecto de los criterios utilizados para cubrir cargos. En cualquier caso, la gestión optó por no preservar las fuentes laborales de los/as docentes que llevaban años de trabajo en el Colegio para reemplazarlos/as y alejarlos/as de la institución.
Pero las astucias administrativas no terminan allí, sino que se aplican para apartar a profesores y profesoras, recortando sus horas sin una explicación clara y de manera arbitraria. Los llamados a concurso docente tampoco están exentos de manejos irregulares, principalmente a partir de la discrecionalidad en los llamados, que termina por relegar a aquellos/as docentes que no son afines a la gestión.
Mediante esta política de despidos se nos intenta disciplinar y acallar, para que cada vez seamos menos quienes denunciemos este tipo de situaciones por temor a represalias. Consideramos que nuestra respuesta debe ser justamente la contraria: estar junto a cada uno/a los/as trabajadores/as despedidos/as y dar testimonio ante toda la comunidad educativa de la preocupante situación que nos afecta.
No estamos en contra de nadie, sino a favor de un modelo de educación inclusivo, en el que estudiar no sea un privilegio sino un derecho; con enseñanza de excelencia; un Colegio comprometido con la realidad social, en el que los valores democráticos sean centrales para la formación de los/as estudiantes; un ámbito en donde los/as chicos/as se sientan acompañados/as y cuenten con el apoyo de quienes formamos parte como docentes. Ese es el modelo que defendemos: educación pública, inclusiva y de calidad.
En menos de dos años hemos visto cómo la gestión ha relegado estos principios y elegido un modelo diferente al que aspiramos. Decisiones como la eliminación de la pareja pedagógica durante los primeros dos años de formación, reducción de becas (incluyendo las que se asignan para fotocopias y viandas), son apenas algunas muestras de la forma en que la actual gestión concibe la educación. Durante todo este tiempo la gestión incumplió con las principales promesas en que apoyó su campaña, como la elección de jefes de departamento y la apertura de los concursos docentes.
Medidas de este tipo, junto al desplazamiento de los/as docentes que durante años acompañaron el proceso de formación de los/as estudiantes, impactan directamente en la calidad educativa y sus consecuencias no tardan en aparecer.
Nuestro compromiso pasa entonces por promover los valores educativos en los que creemos, garantizar el derecho de los/as estudiantes a la educación y defender a cada uno/a de los/as integrantes de la comunidad educativa. En momentos en que la educación universitaria pública se ve seriamente afectada por las políticas de ajuste adoptadas por el gobierno nacional, es nuestro deber asumir una posición activa en contra de cualquier tipo de embate contra la educación pública. En este contexto no hay margen para dobles interpretaciones: sostenemos esta postura ante toda política o medida que se tome en perjuicio de los/as trabajadores/as y los/estudiantes, ya sea a nivel nacional, provincial o en el propio Colegio. La educación no se negocia.