La urbanización de las villas no es un paso de magia ni una concesión generosa de un gobierno de turno

Por Demian Konfino*

En los últimos días, los diarios nacionales festejan los avances la urbanización de las villas 20 y 31/ 31 bis por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, tomamos conocimiento que el mismo proceso se está pensando para la Villa Rodrigo Bueno. Entre los anuncios y las recorridas villeras de los funcionarios aparecen insinuaciones técnicas, catálogo de voluntades pero pocas certezas.

A ciencia cierta, nadie conoce los proyectos arquitectónicos de urbanización de esos barrios. Las autoridades locales, sin embargo, recorren los barrios, se interesan por las propuestas elaboradas por los pobladores, dialogan con sus autoridades legítimas, realizan asambleas, conceden razones y se muestran permeables a las sugerencias. Pero de los aplausos no se come.

Los personeros del gobierno local muestran lineamientos, enseñan algún plano aislado, responden pedidos de informes señalando algunas obras a realizarse y sus plazos, pero no se divisa un conglomerado de normas técnicas que indiquen que fehacientemente se trate de la urbanización de esos barrios, con la interconexión con el resto de la ciudad, con la infraestructura de servicios básicos, con parques, con sistemas de pasillos transitables, con medios de transporte que los atraviesen, con vivienda digna y propia para los actuales habitantes.

Es verdad que hay un cambio notable de gestión en la problemática, pero aún no se avistan las soluciones de largo aliento. El Poder Ejecutivo de la CABA aborda la temática con determinación, plantea una agenda plagada de banderas populares y descoloca a sus opositores, pero no acaba de resultar creíble en su intención de superar los meros parches de la gestión anterior, del mismo signo político.

Las cabriolas discursivas de las autoridades locales no conectan con la idea que la integración urbanística vaya a plasmarse en resultados constatables en cualquier hogar villero. Y no se trata de suspicacias o descreimientos. Los propios instrumentos que desarrollan los funcionarios para llevar a cabo su cometido contienen el germen de la ambigüedad.

En un caso testigo, la Secretaría de Integración Social y Urbana decidió avanzar en refacciones interiores de las casas de un sector de Villa 31 al que se denominó Galpón 1 (G1). Con el fin de realizar las mejoras, tal dependencia invita a los vecinos a adherirse a un contrato preestablecido que contiene cláusulas, cuanto menos, sugestivas. Así, en la única cláusula que se habla de derechos, el artículo 9, lejos de garantizar algún derecho para los beneficiarios se los restringe indicando que la adhesión al programa “no genera expectativa futura sobre derecho alguno”.

Debe escribirse, si la idea del gobierno fuera que esas mejoras formen parte de una casa cuyo dominio pase a ser titularidad de los actuales ocupantes pacíficos, debería garantizarse el derecho de propiedad sobre esas mejoras a los habitantes de las casas del G1 que se adhieran al programa.

De todos modos, que el gobierno de la ciudad tome el mástil de la urbanización de las villas es un paso cultural de envergadura. La misma fuerza política que triunfó en las elecciones de la ciudad prometiendo la erradicación de villas y que, ya en la gestión, pasó las topadoras por el barrio Papa Francisco y lo intentó –legislativamente– con el barrio Rodrigo Bueno, revierte sus antecedentes y legitima el discurso histórico de los luchadores villeros. Ahora, hasta una fuerza política conservadora admite que las villas deben urbanizarse en el lugar como, por otra parte, ordena el artículo 31 de la Constitución de la CABA.

Probablemente existan segundas intenciones que, en verdad, sean las que realmente importan a los funcionarios. Tanto Rodrigo Bueno, con el proyecto “Solares de Santa María” de IRSA, como Villa 31 y 31 bis con el nuevo proyecto de correr la autopista Illia, como Villa 20 con las obras de infraestructura deportiva necesarias para los juegos olímpicos de la juventud, esconden negocios inmobiliarios o de obra pública de gran factura.

En el terreno de las especulaciones, puede pensarse que el Jefe de Gobierno quiera erigirse en una figura potente de una derecha moderna que, sin anteojeras ideológicas, resuelve los problemas de la “gente”, con la intención de anotarse en la carrera por la sucesión presidencial de su compañero de partido, Mauricio Macri.

Sin embargo, el vecindario lejos de analizar el costado ético o sugestivo de las intenciones declamadas, deberá bregar por la viabilidad de las propuestas, no por su enunciación festiva. Ese verosímil solo puede concebirse mediante proyectos arquitectónicos sustentables y, en nuestro ordenamiento jurídico, con una ley o un decreto que ordenen la urbanización en plazos determinados, y en base a tales proyectos técnicos.

Hoy la ley N°1.770 para Villa 20 y N° 3.343 para Villa 31 resultan un valladar contra intentonas erradicadoras, pero se han descubierto impotentes a la hora de avanzar en la urbanización de esas villas.

Si los funcionarios son sinceros en sus discursos, deben sancionar las normas que garanticen el sustrato de su verba: Que reconozcan los derechos y garanticen la posibilidad de reclamos ante eventuales incumplimientos.

Para ser claros, un vecino que haya escuchado a Horacio Rodríguez Larreta en Villa 20 o en Villa 31 anunciando la urbanización de sus barrios no podrá reclamarle judicialmente la mentira  de su alocución, en caso que no cumpla con su palabra. Solo puede garantizarse el ejercicio de los derechos a partir de una norma que reconozca esos derechos.

Los vecinos, junto a las organizaciones del campo popular, deberán estar atentos para no entorpecer avances para la cotidianeidad del vecindario pero, al mismo tiempo, sosteniendo la necesidad de más hechos y menos palabras. Porque cuanto mejor, mejor. Eso lo saben las mujeres y hombres de a pie, que han crecido desde el barro. Los guardianes de la memoria no permitirán que la charlatanería simule oro cuando es baratija. Las organizaciones tendrán que calibrar ese equilibrio mediando sensibilidad popular y sentido de la responsabilidad histórica.

A 20 años de su reconocimiento en la Constitución de la Ciudad, la urbanización no es un paso de magia, ni una concesión generosa de un gobierno de turno. Es un derecho constitucional y una lucha histórica del movimiento villero curtida desde el propio cuero de las mujeres y hombres anónimos de nuestro pueblo que dieron todo por esta quimera. Hasta la vida misma. Siempre, con la brújula en el mismo sur: La tierra para quien la trabaja y la vivienda para quien la vive.

* Autor del libro Patria Villera. Militante popular, escritor, abogado.