Aborto espontáneo: después de Belén, Carla. El patriarcado cantó retruco

Por Julia Pascolini

Carla llegó al Hospital Sanguinetti con fuertes dolores abdominales. Allí fue atendida y diagnosticada por el médico cirujano Christian P. Pesce quien, a su vez, es Jefe del Departamento Auditoría General del Hospital Militar de Campo de Mayo. Se trataba de un aborto espontáneo en proceso y, al igual que sucedió con Belén en Tucumán, Carla desconocía la existencia del embarazo.

“¿Dónde dejaste el feto? Van a allanar tu casa para buscarlo”, fue parte del violento interrogatorio al que fue sometida la joven después de retirada la placenta. La diferencia con el caso de Belén, mínima en términos simbólicos, radica en la falta de una denuncia formal. Christian P. Pesce llenó un formulario de Intervención Policial, utilizado en casos de accidentes de tránsito en el cual figura inclusive la opción de alcoholemia. A la hora de describir el tipo de accidente del que habría sido parte Carla es llamativa la respuesta: parto domiciliario (sin feto).

Al ser considerado un accidente de intervención policial, denota explícitamente la existencia de un delito.  El caso de Carla, que negó tener conocimiento del embarazo, no se trató puntualmente de una denuncia. Sin embargo, el hecho fue rápidamente criminalizado y puesto en manos de dos instituciones que responden, la mayoría de las veces, a favor de estructuras misóginas y heteronormales: la policía y la justicia.

Al esquivar la palabra aborto, la cual carga con un peso simbólico gigante, y reemplazarla por “parto”, no sólo deslegitima el proceso de intervención del embarazo como tal sino que asume al feto como un cuerpo nacido, con vida y asesinado, según el conservadurismo antiabortista, por quien aborta (incluso cuando sea de forma involuntaria). En una coyuntura de debate constante, de luchas en busca del reconocimiento de los derechos de los géneros relegados institucionalmente y los de las mujeres y personas trans que puedan quedar embarazadas en particular en caso del aborto, el uso de conceptos tan sensibles a respuestas de lucha y exigencia es seguramente evitado por aquellos/as que en cambio prefieren el orden social opresor y patriarcal.

En el caso de Carla, este tipo de denuncia difiere en términos legales del caso de Belén, ya que se encuentra internada en la institución de los hechos con consigna policial, tal como sucedió con la segunda antes de la condena preventiva. Pesce violó el secreto profesional ya que el nombre real de la víctima figura en el formulario, a diferencia de lo que afirmó el pediatra y secretario de Salud de Pilar por el partido Cambiemos Carlos Kambourian en contacto con Página 12: “El médico no hizo una denuncia. Es muy irresponsable largar una noticia sin saber de qué se habla. Es un procedimiento habitual, muchas veces tenemos pacientes con consigna policial.” También declaró que no había sido violada la privacidad de nadie. La consigna policial exige la identidad del/de la paciente por lo que en definitiva, sí, efectivamente fue quebrantado el derecho a la privacidad.

La Constitución Nacional afirma, acerca del secreto profesional en la Ley 26.529 (Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud) Capítulo II que la información sanitaria sólo puede ser brindada a terceras personas con el consentimiento del/de la paciente. La intervención policial obtuvo los datos personales de Carla sin la autorización correspondiente, lo que significa la infracción de la ley. Asimismo, las acusaciones de las que fue víctima violan por otro lado la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres que sanciona todo tipo de violencia contra la mujer, promueve la protección de su identidad y sanciona la judicialización de la mujer en los casos que requieran un abordaje alternativo, entre otras medidas.

El secretario de salud de Pilar responde sin ninguna duda a un esquema que, lejos de poner en conflicto al aborto, mucho menos defenderlo, lo estigmatiza, criminalizando además a quienes pasan por uno. En otras declaraciones, remarcó la necesidad de acompañar psicológicamente a Carla y aseguró que el formulario de intervención policial no sólo rechaza la existencia de un aborto como tal sino que tal estigmatización fue ejercida desde un principio por las organizaciones sociales que hicieron pública la violación a los derechos humanos explicitada dentro de la institución.

Dos semanas antes de lo sucedido, el 25 de agosto, el Ministerio de Salud y más concretamente la ministra Zulma Ortiz, dio aviso acerca de las sanciones severas que serían aplicadas a aquellas/os profesionales de la salud que denunciaran posibles casos de aborto y violaran la identidad y privacidad de las pacientes. El Hospital Sanguinetti no sólo continúa impune y al margen de la advertencia sino que además Kambourian dijo estar al tanto del mismo cuando defendía las acciones del médico cirujano Pesce.

Organizaciones de género, políticas y de salud a favor del aborto y de los derechos de las mujeres se presentaron en la institución en apoyo a Carla, nueva víctima de un sistema patriarcal, el cual a través de sus representantes en los distintos sectores del sistema de salud criminaliza día a día al aborto y a la mujer. Después de casi 900 días, Belén, la joven tucumana condenada a 8 años de prisión acusada de homicidio doblemente agravado por el crimen y alevosía tras haber tenido un aborto espontáneo, fue liberada, aunque la condena sigue vigente. El sector de salud de la provincia la condenó, al igual que condena la intervención del embarazo.

Si bien estos casos no son los primeros ni mucho menos los únicos, han despertado un nivel altísimo de movilización y organización. Desafortunadamente, la coyuntura de lucha y la adquisición de derechos en materia de género, en especial en la última década, despiertan sentimientos contrapuestos que reaccionan a través del adoctrinamiento y el temor. Casos como el de Belén, e incluso el de Milagro Sala en Jujuy, denotan dos cuestiones: primero, la estructura misógina y machista que todavía caracteriza a la sociedad Argentina y mundial, y en segundo lugar el intento de adoctrinar a aquellas personas que luchan y militan día a día por la liberación de los géneros y la desnaturalización de las prácticas que suprimen y subordinan.