Lombardi se queda con Paka Paka, Encuentro y DeporTV: ¿los privatizarán?

Por Juan Cruz Guido

Esta semana el Ejecutivo firmó un decreto que transfiere las señales Paka Paka, Encuentro y DeporTV de la órbita del Ministerio de Educación al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos que conduce Hernan Lombardi y que forma parte de la Jefatura de Gabinete. De esta manera, Mauricio Macri creó una nueva sociedad del Estado, "Contenidos Públicos SE", que reemplazará a “EDUCAR SE” como gestora de los contenidos que producen las señales mencionadas.

El articulado del decreto, en su primer punto, crea esta sociedad “que tendrá por objeto la gestión, operación, desarrollo y explotación de las señales ENCUENTRO, PAKA PAKA y DEPOR TV, ACUA y el BANCO AUDIOVISUAL DE CONTENIDOS UNIVERSALES ARGENTINO”. La polémica comienza con su segundo artículo donde justamente se hace mención a Ley 20.705, que regula las sociedades del Estado, y refiere que Contenidos Públicos SE “gozará de los mismos beneficios tributarios, impositivos y arancelarios que goza EDUC.AR SE”.

Esto despierta controversia ya que el origen de EDUC.AR SE fue precisamente generar un espacio pensado desde la educación que garantizara el derecho al acceso a la misma a través de los medios de comunicación. Por ello, la creación de dicha sociedad data de la Ley Nacional de Educación (26.206) sancionada y promulgada en Diciembre de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

La legislación es muy clara por cuanto señala, en su Titulo VII, que el Ejecutivo Nacional “desarrollará opciones educativas basadas en el uso de las tecnologías de la información y de los medios masivos de comunicación social” a través del, para ese momento, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Allí se asienta un fundamento básico para la puesta en práctica de los principios de la ley, fruto de la discusión parlamentaria y la promulgación del Ejecutivo.

Es por eso que el decreto firmado por la administración de Cambiemos está expuesto a un claro pedido de inconstitucionalidad ya que excede las atribuciones que le concede la Constitución. En sentido, la misma es muy clara en su carácter restrictivo de las posibilidades de “legislación” del Presidente y el decreto en discusión no aplica para ninguna de las variantes del articulado (Art 99. T1. S2. Ejecutivo. Cap 3).

El nuevo decreto, como mencionamos previamente, también enajena el BANCO AUDIOVISUAL DE CONTENIDOS UNIVERSALES ARGENTINO (BACUA) y lo transfiere la nueva sociedad. De esta manera, le quita al Ministerio de Educación el control sobre este organismo que se dedicaba a la preservación de contenidos audiovisual de alta importancia en materia educativa, violentando también el “espíritu” de la ley en cuanto al objeto de su creación.

Más allá de los fundamentos jurídicos de la evidente exposición del decreto a un pedido de inconstitucionalidad, existe una intencionalidad política. Funcionarios del gobierno consultados sobre el tema intentaron restarle relevancia al asunto apuntando a que “no fue más que una decisión administrativa” de unir todo lo referente a audiovisuales bajo la influencia de Hernán Lombardi y, su superior, Marcos Peña.

En el actual contexto de desesperación oficial por el déficit fiscal, que incluso llevó al gobierno a parar la tan anunciada reanudación de obras públicas, esta transferencia no parecer ser un simple acto administrativo, como plantea el gobierno, sino más bien un acción deliberada para efectivizar su desfinanciamiento o, lo que es peor, su privatización. No por nada la Ley Nacional de Educación lo regula específicamente y fija principios para su implementación. Las señales creadas no tienen como objetivo regirse por las reglas del mercado comunicacional sino que por la vocación sostenida de poder producir material audiovisual de calidad y con fines educativos.

En última instancia, la decisión de Mauricio Macri es avanzar sobre la estructura de medios públicos introduciéndoles la inversión privada, situación que se ha evidenciado en el año de gestión de Lombardi al frente del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Por eso, es imposible no encuadrar esta nueva acción dentro de esa política de desfinanciación y destrucción de lo público en manos privadas.