INCAA: el cine no se toca, pero los fondos sí

Por Eliana Verón

La legislación argentina referida al fomento de producciones de bienes culturales, como el cine, cuenta con varias fuentes de recaudación. Entre ellas está la aún vigente y diezmada Ley 25.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que posibilita buena parte del financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y el Instituto Nacional de Teatro (INT).

En su articulado sobre gravámenes estipula que “los titulares de los servicios de comunicación audiovisual, tributarán un gravamen proporcional al monto de la facturación bruta correspondiente a la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios”, art.94. En tanto el art. 97 inc. a dice “el veinticinco por ciento (25%) del total recaudado será designado al Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales.” Como así también sucede con Instituto Nacional del Teatro y el Música, entre otros organismos públicos de carácter autárquicos. Cabe recordar que el decreto 267, modificó sustancialmente esta ley, pero no derogó estos artículos. Por tanto hasta tanto se sancione una ley que modifique la base de financiamiento del sector, los titulares de licencias de radiodifusión continuarán tributando a las películas argentinas. El temor de la comunidad es este punto crucial que haría perder al Incaa el 60 por ciento de su financiamiento.

La Ley de Cine también establece que la recaudación destinada a la producción y al fomento de la industria audiovisual proviene del impuesto del 10% a la entrada de cine y de un gravamen a las empresas de radiodifusión. Por ello en la asamblea abierta que se realizó ayer en las puertas del instituto quedó claro que el “el cine se sustenta de la propia actividad audiovisual sin restarle recursos a otras áreas del Estado”.

Otra de las preocupaciones es el proyecto de la nueva ley de convergencia que el Poder Ejecutivo promueve enviar al Congreso que pueda suspender el impuesto que sustenta al cine nacional.