“El hostigamiento a quienes filman actitudes represivas no se explica por impulsos personales”

Por Miguel Gaya*

Fracasado el intento de arrinconar a los reporteros gráficos en un “corralito informativo” para limitar su testimonio, las fuerzas de seguridad han pasado a una etapa de intimidación ejemplificadora. Parece que se intenta confinar a la prensa en el gueto de las noticias felices, mientras arrecia la represión sobre la protesta social.

D. L. tiene poco más de veinte años y una novia de la misma edad. Juntos viven en un departamento ubicado delante de la casa de los padres de ella, en Zona Norte. D. L. trabaja todo el día, pero desde hace un año, dos veces por semana, se hace tiempo para tomar clases de fotografía de prensa en ARGRA Escuela. 

Como todos sus compañeros de estudio, vivió las movilizaciones de marzo último como una oportunidad especial para su aprendizaje. En ARGRA Escuela se habló y discutió mucho sobre el modo en que ellos, estudiantes primerizos, podían y debían registrar esa protesta callejera. Los profesores son reporteros gráficos con larga experiencia en su profesión. Disfrutan el entusiasmo de sus alumnos por retratar las movilizaciones, pueden medir los desafíos de aprendizaje que implican, pero no ignoran tampoco los riesgos que habrían de correr. 

Así bajaron instrucciones muy precisas para su trabajo de campo para preservar su seguridad: No trabajar solos, acercarse a los profesionales para observar cómo se mueven, estar atentos a cómo se protegen. Retirarse si ellos se retiran, o si comienza la represión; evitar quedar en el medio; llevar ropas o elementos que los identifiquen con claridad y de lejos como fotógrafos; identificarse como tales en caso de requerimiento, y sobre todo no resistirse, no discutir, no confrontar con las fuerzas de seguridad. Son instrucciones sencillas, de gente que sabe que no se puede evitar el riesgo si se quiere sacar fotografías de valor, pero sí minimizarlo. Y eran conscientes de que, luego de largos diez años, el riesgo de represión a la protesta social es alto. 

El 6 de abril D. L. debía registrar el paro nacional convocado por las centrales de trabajadores. La consigna que había recibido de sus profesores era fotografiar sobre todo calles vacías, locales cerrados, estaciones de trenes, evitando situaciones de conflicto. Pero en la radio de su auto escuchó de un piquete en Panamericana y la ruta 197 y decidió acercarse a cubrirlo. Es difícil afirmar si ese fue un error o la demostración de su instinto de periodista.

Al llegar se apostó junto a un grupo de fotógrafos y camarógrafos cerca del piquete y del despliegue realizado por Gendarmería, que había dado por resultado obstruir las vías que los manifestantes habían dejado libres. Desde allí observó una escena llamativa: Una mujer increpaba a los gendarmes apostados a un costado de la ruta. Se acercó y escuchó que la mujer se identificaba como docente, y que recriminaba a los gendarmes por atacar a gente que se manifestaba pacíficamente. En segundos la mujer fue rodeada por gendarmes y arrojada al piso, donde la esposaron. Sin pensarlo dos veces, D. L. comenzó a tomar fotografías de la violenta e injustificada detención. Pocos segundos después, el golpeado y detenido resultó él. 

Pese a identificarse con claridad como fotógrafo, como sabía debía hacer, los gendarmes lo derribaron y redujeron, quitándole la cámara. Varios colegas tomaron fotos del hecho, que fueron publicadas por la prensa del día y demuestran la injustificada detención y el exceso de violencia utilizado. Como consecuencia de esta detención, D. L.  fue privado de su libertad por más de doce horas y se le inició sumario por “Resistencia a la autoridad”, involucrándolo en el corte de ruta, cuando era notorio que no participaba del mismo.

Iniciado este sumario, se utilizó la habitual confección del “Informe ambiental” del “reo” para enviar a su domicilio una excesiva delegación de cinco gendarmes, que ingresaron en forma abusiva a su hogar y tomaron fotografías de su interior sin necesidad procesal alguna, amedrentando a su compañera y su familia.

Esta desmesurada represalia institucional por haber registrado una detención arbitraria no puede explicarse por un ensañamiento particular o un “exceso” involuntario que deriva en un disparate burocrático. Si es habitual que las fuerzas de seguridad “escarmienten” a los ciudadanos díscolos con dilaciones injustificadas para devolverles la libertad, la absurda incriminación y la actitud patoteril de la delegación de gendarmes en su domicilio advierten sobre una metodología particular. 

Esta metodología no es otra que la escuela de la “respuesta aplastante” ante cualquier conflicto, de cualquier índole, y parte de la base de la infalibilidad del accionar policial y la peligrosidad del sujeto que causa el conflicto. La conocen los palestinos de los territorios ocupados por Israel, la conocen los afroamericanos en Estados Unidos cuando se manifiestan por sus derechos vulnerados. La está conociendo el pueblo argentino que se manifiesta contra las políticas antipopulares del gobierno.

Si esta práctica tiene algún sentido, y muy discutible, cuando se trata de enfrentamientos armados a secas, adquiere un tinte siniestro cuando se trata de la protesta social. En este caso, lisa y llanamente significa terror y ejemplo. Y es la que intenta aplicar a rajatabla el ministerio de seguridad de Patricia Bullrich, y para botón de muestra alcanza la represión a los maestros en la Plaza Congreso, o el mismo caso que nos ocupa, donde no solo se reprime, sino también se le arroja sobre la cabeza de los detenidos todo el accionar judicial del Estado. No importa que finalmente no prospere, la intimidación funciona. 

Pero el amedrentamiento institucional a los trabajadores de prensa o simples ciudadanos que registran el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad  se origina justamente en la necesidad de impedir dicho registro. Todo policía es extremadamente sensible al registro de su accionar, y cuando es consciente que es ilegal o excesivo, su instinto le dicta que no debe dejar testigos. De allí la tradicional inquina contra la prensa, porque además el policía de a pie sabe que será él quien pagará los platos rotos si alguien exige explicaciones. Pero la repetición de episodios de hostigamiento a fotógrafos y ciudadanos que filman actitudes represivas de las fuerzas de seguridad, y sobre todo la persecución institucional posterior, no se explican por impulsos personales. 

Así lo ha entendido ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos, que en un reciente comunicado a raíz de los hechos relatados  denuncia esta práctica y alerta sobre su peligrosidad para la integridad física y la libertad de los trabajadores de prensa, y el ejercicio libre del periodismo. 

* Abogado ARGRA. Escritor