"Cuentas de Lula": la novela de O Globo que repitieron Clarín y La Nación

Por Santiago Gómez
Desde Florianópolis - Brasil

Después tres años de la Operación Lava Jato no apareció una sola prueba de que Luiz Inácio Lula da Silva o Dilma Rousseff hayan cometido algún ilícito. El Procurador General de la República aceptó la delación premiada del empresario Joesley Batista, quien se comprometió a entregar extractos bancarios, audios y documentos que prueban el pago de coimas a diputados, senadores y Presidente, pero cuando se presentó el 6 de marzo de lo único que tenía pruebas Batista era de la banda criminal que financiaba, liderada por el presidente de facto Michel Temer, que tenía como cajero al ex diputado Eduardo Cunhau, y un audio en el que el ex senador Aécio Neves le pide dinero. Ni una prueba contra Lula o Dilma.

Los hechos

Según los documentos que constan en los términos del Pre Acuerdo de Colaboración Premiada del 7 de abril, los hermanos Joesley y Wesley Batista, Ricardo Saud, Florisvaldo Caetano de Oliveira, Valdir Aparecido Boni, Demilton Antonio de Castro firmaron el 2 de marzo un pedido al Ministerio Público para adherirse al Acuerdo de Colaboración Premiada, “pudiendo para ello discutir las condiciones”, y designaron a Francisco de Assis e Silva como su abogado. De Assis e Silva también se adhirió al Acuerdo de Colaboración Premiada, ya que contó que un fiscal de la causa Lava Jato le pasaba información a Batista sobre la causa. Causa que, lejos de tener pruebas contra Lula y Dilma, develó que Michel Temer y Aécio Neves tenían montado un esquema de corrupción, del que Batista era su principal financista.

El Procurador General de la República, Rodrigo Janot, al solicitarle al ministro del Supremo Tribunal Federal, Edison Fachin, que abriera una investigación contra Michel Temer solicitó: “En razón de la sensibilidad del presente hecho, se requiere determinar la restricción del acceso a la presente investigación al Delegado de la Policía Federal Joselio Azevedo de Sousa, que coordina las investigaciones relacionadas a la Lava Jato que tramitan en el STF, así como a los policías por él indicados, siendo vedado compartir cualquier información relacionada a la presente investigación a otras personas, aunque se trate de superiores jerárquicos”.

Contradicciones en los documentos

Según el “Término de entrega y aprehensión” que firmaron el Promotor de Justicia Sérgio Bruno Cabral Fernandes, el Promotor Regional de la República, Ronaldo Pinheiro de Queiroz, y el abogado que representa a los Batista, el día 7 de abril se hizo entrega de 5 pen drives, con 4 audios, uno en el pen drive número 4 y tres archivos de audio en el pen drive número 5, pero conforme  el Memorando n.º 142/2017/SPEA/PGR con asunto: “Encamino informaciones”, el fiscal Daniel de Resende Salgado, Secretario de la Secretaría de Pesquisa y Análisis de la Procuración General de la República, le avisó a Cabrales Fernandes, Coordinador del Grupo de Trabajo Lava-Jato, que le envía el documento “Informaciones n.º 29 – 32/2017/SPEA/PGR” en el que se registra que el pedido de análisis de los audios fue el día 6 de abril, es decir, un día antes de la supuesta entrega.

El informe de los peritos no da lugar a confusión: “Cumpliendo con lo solicitado por el grupo de trabajo que auxilia al Procurador General de la República en la Operación Lava – Jato en trámite ante el Supremo Tribunal, a través del pedido verbal, el 06/04/2017, presentamos a continuación lo constatado con relación a los archivos de audio constantes en la carpeta AD entregados a través de un medio removible pen drive”.

En el pedido de investigación que presentó el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, ante el relator de la Causa Lava Jato en el Supremo Tribunal de Justicia,  Edson Fachin, también está registrado en la página 26 que Joesley Batista prestó declaración el día 6 de abril y no el día 7 como en otros documentos se especifica.

Mientras según registro judicial Batista entregó cinco pen drives: 1 de 16gb con etiqueta Aecio Unique text; el segundo también de 16gb con etiqueta PR2 20170316, el tercero un Cruzer Blade con etiqueta PR2 20170313, otro de 16 gb con etiqueta PR2A RRS SP y el quinto un pendrive Skandik rojo, en el documento firmado por Elaine Sobral, Analista del MPU/ Finanzas y Control SPEA/PGR y Eder Gabriel, Técnico del MPU / A.T.A/T.I.C SPEA/PGR, ellos recibieron un solo pen drive con cuatro archivos: AEunique.WAV (48min13 segundos, 44,1MB, con fecha de modificación 22/03/2017 a las 11h02), PR1 14032017.WAV (38min36seg, 35,6MB, con fecha de modificación 03/01/2013 a las 01h37) , PR2 16032017.WAV (57min06seg, 52,2MB, con fecha de modificación 15/03/2017 a las 12h30), PR2 A 13032017.WAV (1h14min30seg, 68,2MB, fecha de modificación 06/01/2013 a las 20h44).

Según especialistas informáticos consultados, el hecho de que dos archivos tengan fecha de modificación 2013 puede deberse a que la máquina en que se hicieron las últimas modificaciones no tenía la fecha actualizada. El archivo que estaba separado de los otros tres es el PR2 A RRS SP, correspondiente a la conversación con Rodrigo.

¿Qué tienen los audios?

Las conversaciones grabadas que entregó Batista son cuatro: una con Michel Temer el día 7 de marzo, dos con Rodrigo Rocha Loures, operador de Temer, los días 13 y 16 de marzo, y una con el ex senador Aécio Neves el día 24 de marzo. Rodrigo Loures, antes de asumir el cargo de diputado federal en lugar de Osmar Serraglio, que asumió el Ministerio de Justicia, era asesor especial de Temer. Según el Miniterio Público en cada uno de los audios queda probado el conocimiento de los interlocutores en los esquemas delictivos que Batista financiaba, así como también que cada uno de ellos era un beneficiario directo.

“Uno que matemos antes de que haga una delación”

La conversación con Aécio Neves, que sucedió una semana después de que comenzara la conocida “Operación Carne Floja”, tuvo la operación mediática como tema de la misma, ya que JBS fue la empresa señalada. Según registro del audio en el pedido de investigación del MP, Aécio Neves reconoció haber intentado organizar una forma de impedir que la investigación del Lava Jato avance, definiendo la elección de delegados de la policía que dirigen los procesos, pero eso no habría acabado entre él, Michel Temer y el ex ministro de justicia y actual ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Durante toda la declaración realizada por Batista registrada el día 7 de abril, tanto la banda de Michel Temer, como la define el empresario, cuanto Aécio Neves sostenían constantes demandas de dinero. En el registro de la charla con Aécio Neves, el ex senador que compitió con Dilma Rousseff para la presidencia, le pide a Batista R$ 2 millones y no logran ponerse de acuerdo sobre la entrega. Aécio le dice que le mandará un emisario y Batista responde que él también, que si es con Aécio la entrega la hace él personalmente, pero si se trata de enviar representantes él hará lo mismo. Aécio señaló “tiene que ser uno que lo matemos antes de que haga una delación”.

Batista no tiene pruebas contra Lula, comienza la ficción

Toda la declaración de Batista apunta a Temer y Aécio Neves. El pedido de investigación presentado por el Ministerio Público al Supremo Tribunal cuenta con 42 anexos, el Anexo I tiene como título BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) y en el mismo se buscó vincular al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el esquema de corrupción descripto. La versión de Batista es de novela y no sorprende siendo que O Globo es “o maior especialista em novelas do mundo”. Pero la novela salió mala y tuvieron que reconocer que habían mentido.

El que no tiene permitido mentir es Batista, según el acuerdo que firmó. Y en la segunda grabación que se difundió de sus declaraciones, la cual tiene como claro objetivo acabar con la imagen del ex Presidente, Batista señaló que las cuentas no eran ni de Lula ni de Dilma, sino que habría entendido por lo que escuchó que las cuentas serían de ellos.

El grano de verdad: las cuentas en Suiza existieron

Las cuentas en Suiza a las que hizo referencia Joesley Batista existen o existieron desde 2008 y están o estaban a su nombre. De ahí transfirió dinero a diversos partidos políticos. Señaló que el 80% de esas transferencias fueron legales, considerando que hasta septiembre de 2015 la ley brasilera establecía que la política debía ser financiada por empresarios, según Batista la mayor parte de los US$ 150 millones fue transferido al PMDB, pero por orden de Guido Mantega, el ex ministro de Lula a partir del 2006 y de Dilma hasta el 2014.

Batista consiguió probar que él era el dueño de la empresa que le transfirió los millones de dólares a Eduardo Cunha en Suiza, consiguió probar que Michel Temer era parte de la banda de delincuentes, que Aécio Neves también era financiado por él, dijo tener los extractos de cuenta de todo, pero no consiguió probar que esas cuentas era de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff sino que contó la historia de que el PT le habría ordenado abrirlas en el 2008, que la plata quedó quieta hasta 2014, que fue año electoral, y que toda la plata fue transferida a diversos partidos políticos y que el que más recibió fue el PMDB y eso por orden del PT, que a fin de cuentas se trataría de una orden de Lula.

Pedido homologación

En el pedido de homologación del Acuerdo de Colaboración Premiada que firmaron los hermanos Batista, cuatro empleados de la empresa y el abogado que los representó, el Procurador General de la República le solicitó al ministro Fachin del STF que avalara el mismo, porque probaría "Pago de ventajas indebidas en el orden de US$ 50 millones depositados en una cuenta en el exterior, destinada a Lula y de cerca de US$ 30 millones en otra cuenta en el exterior en beneficio de Dilma Rousseff, por intermedio de Guido Mantega en razón de un esquema criminal en el BNDES y en fondos de pensión (PETROS y FUNCEF) para beneficiar a JBS. El saldo de estas cuentas sumaba cerca de US$ 150 millones en 2014”. El apuro por alargar los capítulos de la novela le hizo pasar por alto que 50 + 30 da 80.

Estados Unidos y la impunidad

Los siete delincuentes que adhirieron al acuerdo de colaboración premiada tienen garantizada su inmunidad y el perdón judicial en toda causa relacionada a los hechos confesados. Pagará la JBS una multa por los siete bandidos de R$ 240 millones, mantienen el derecho a seguir al frente de sus compañías. Los hermanos Batistas deberán enfrentar también a la justicia de los Estados Unidos por haber reconocido que pagaron coimas a través del país del norte, donde JBS continuará funcionando y donde hoy residen los hermanos Batista.

El acuerdo firmado establece que la justicia brasilera sólo compartirá información con autoridades extranjeras si se comprometen, por escrito, a respetar lo pactado: inmunidad total para los delincuentes. La información divulgada no puede servir para perjudicar a los colaboradores.