Aborto legal para la igualdad

Fotografía: Ludmila Sueiro

Por Ludmila Sueiro 
 
El aborto clandestino sigue siendo la principal causa de muerte materna en Argentina. Se estima que se realizan de 500.000 a 600.000 por año y, como consecuencia, mueren alrededor de 200 mujeres. La experiencia demuestra que su penalización no inhibe que se lleve a cabo la práctica, y profundiza las condiciones de injusticia social, inequidad y subordinación que afecta a las mujeres. 
 
En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que toda mujer embarazada producto de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin importar su capacidad intelectual. No es necesario solicitar una autorización judicial previa para acceder a la práctica y no se debe realizar ninguna denuncia penal, por haber ausencia del delito. Sólo basta una declaración jurada en la que se manifieste que el embarazo es producto de una violación.
 
Sin embargo, pese a dicha resolución, existen en nuestro país personas en las distintas instituciones estatales (salud, judicial, fuerzas de seguridad, eclesiástica, etc) que toman las decisiones que a las mujeres no se nos es permitido tomar. Es decir, que nos obligan a no abortar sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede implicar: muerte y riesgos para las mujeres.
 
La penalización y restricción al derecho del aborto legal, seguro y gratuito, en el cual sólo las mujeres podemos ejercerlo, demuestra el sometimiento del que somos parte día a día en nuestra sociedad. La situación es de marginalización y desigualdad, afecta nuestra capacidad de decidir y, sobre todo, violenta nuestros derechos humanos.   
 
Las mujeres sufrimos, asimismo, desigualdad entre nosotras: Las mujeres de bajos recursos son las principales víctimas por estar, en muchos casos, limitadas a acceder a prácticas clandestinas con escasas medidas sanitarias que terminan causando infecciones, enfermedades y, en los peores casos, la muerte. Por el contrario, las mujeres con recursos tienen la posibilidad de pagar un aborto clandestino a médicos o en clínicas privadas donde tiene aseguradas sus condiciones de salud y privacidad.   
 
La ley nos igualaría. La ley nos daría a las mujeres la autonomía de nuestros derechos sexuales y reproductivos. La ley visibilizaría una práctica que determinados sectores de la sociedad deciden no ver. La ley nos otorgaría la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. La ley ayudaría a que dejáramos de morir.