Santa Fe: acusan a una organización "pro-vida" de tomar de rehén a una niña violada para que no pueda abortar

Cuando todavía duele en la memoria la muerte de Ana María Acevedo en Santa Fe, por esos fundamentalismos que parecían haberse dejado de lado, la última semana del año que terminó se conoció en esa misma provincia el caso de una niña de 12 años embarazada, producto de una violación intrafamiliar, que había solicitado la realización de un aborto y también de una organización antiderechos que trató de impedirlo.

Para saber cómo se desarrollaron los acontecimientos luego de conocerse el tema, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Lucila De Ponti quien preside la Comisión de Género, Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué iniciativa tomaron desde la Comisión que preside?

Lucila De Ponti: Nosotros habíamos presentado un pedido de informe al Poder Ejecutivo para conocer cuáles habían sido los protocolos implementados en el caso de esta niña que había decidido interrumpir su embarazo producto de una situación de violencia, en el contexto de una ILE (Interrupción Legal del Embarazo), ya que cuando tenía el turno para realizar el procedimiento se da esta situación en la cual una organización obstruye la posibilidad de concretarlo.

APU: ¿Cuál fue la respuesta del Ejecutivo provincial?

LDP: El Poder Ejecutivo nos convocó a una instancia de reunión con la Secretaria de Niñez , Adolescencia y Familia, con funcionarias del área de Igualdad de Género, y del ministerio de Salud que fueron los distintos ministerios y áreas que intervinieron en el caso. En esa reunión nos dieron la información solicitada respecto de cómo había actuado el Estado provincial y en este sentido me parece importante destacar que fue de acuerdo a los protocolos establecidos, a la normativa vigente, a lo que dicen las leyes y también a lo que venían pidiendo la víctima, la niña de 12 años, y su madre.

APU: ¿Qué sucedió a partir de la interferencia que realiza la organización antiderechos?

LDP. Lo que sucede es una situación adicional donde un tercero particular, esta ONG de nombre Grávida genera una situación que incluso puede ser tipificada como privación ilegítima de la libertad. Esto está sujeto a lo que determine la Justicia a partir de una denuncia que presentó el propio Poder Ejecutivo, donde pone a disposición de la Fiscalía toda la información existente para que se pueda determinar si existió la comisión de un delito y qué delito fue y qué penalidad le corresponde.

APU: ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen desde la Comisión de Género?

LDP: Nosotros sí entendemos que hay un delito por parte de esa organización y esperamos que la Justicia rápidamente también lo avale para que se puedan tomar medidas que establezcan las penalidades correspondientes, y en lo administrativo se le quite la Personería Jurídica a esta ONG.

APU: En un comunicado de esta organización, las autoridades de Grávida dijeron que sólo buscaron acompañar a la niña y a su madre en este proceso, ¿este descargo que hacen es creíble?

LDP: No, sabemos y conocemos cuál es el modus operandi de esta ONG que no es la primera vez que actúa de esta manera, además hay que entender que lo hace en una situación de extrema complejidad, de una madre que venía sufriendo violencia de género por parte de quién era su pareja, que esto es denunciado y se identifica el abuso sexual con respecto a su hija, una familia en una situación económica muy precaria, en una población rural del interior de nuestra provincia, es decir que todos estos elementos constituyen un contexto de extremada vulnerabilidad y también de mucha complejidad. Lo que sucede es que esta organización aprovechándose de esa situación de fragilidad intenta disuadir a la madre y a la niña de realizar el aborto, pero nosotros entendemos que lo hace con herramientas que implican condicionar la voluntad, en este caso de las víctimas. Incluso la Justicia deberá determinar si se las obligó a permanecer en determinado lugar, cuando ellas tenían que dirigirse al hospital público para poder continuar con el procedimiento solicitado.

APU: ¿Qué otros casos se conocen respecto del accionar de Grávida?

LDP: Hay un caso que tomó estado público en 2015, una sicóloga que forma parte de esta organización se llevó a una niña de un efector y generó una situación de similares características para evitar que se pudiera realizar un aborto legal, esto está denunciado en la Justicia; después en la comunidad santafesina se conocen ya no con un nivel de denuncia y demás, pero sí hay un conocimiento claro de que ésta es una práctica común de las personas que integran la organización.

APU: En la reunión que mantuvieron con autoridades provinciales, ¿preguntaron si esta ONG recibe aportes del Estado?

LDP: Se nos afirmó que no existe ningún convenio firmado con esta organización, que no reciben ningún financiamiento del Estado provincial, que el Gobierno de Santa Fe no está poniendo dinero público para financiar una organización de estas características.

APU: A partir de este hecho que sucedió a pesar de haberse cumplido con los protocolos correspondientes. ¿Qué medidas adicionales habría que tomar para evitar otras interferencias en el futuro?

LDP: Lo que sucedió obliga a revisar esos protocolos y procedimientos porque más allá de que se respetó la normativa vigente, esto de cualquier manera sucedió. En situaciones que son de muchísima vulnerabilidad, de mucha complejidad y de una violencia muy profunda nos parece que hay que fortalecer el acompañamiento del Estado a las víctimas en toda su dimensión, en todos sus niveles.

APU: ¿Te parece que actualmente la sociedad en general, y la santafesina en particular es más consciente sobre estos temas de violencia de género?

LDP: A mí me parece que tanto a nivel provincial como nacional, hay un avance muy claro que tiene que ver con la jerarquía institucional que se le ha dado a las políticas públicas de género para construir mayores niveles de igualdad. Después de lo que ha sido un fuerte período de discusión, de debate social y de mucha movilización ha quedado un saldo positivo en cómo la sociedad aborda estos temas, cómo piensa los vínculos en términos de los estereotipos y roles, me parece que todas estas cuestiones evidentemente han transformado la mirada de la sociedad.

APU: Por último, ¿Cuál es la situación actual de la niña según pudieron informarse?

LDP: Hay un tema que es el de poder preservar la situación de esta niña que viene siendo víctima de violencia, no sólo por la situación en su propia familia que fue lo más grave, sino también por toda la exposición, por toda esta situación que venimos describiendo, por lo tanto es importante poder preservar la información relativa a su situación y que ella pueda continuar con el menor nivel de exposición posible. Lo que se nos afirma por parte del Poder Ejecutivo es que se está en un proceso en el cual se ha respetado su decisión y que los pasos y procedimientos se han llevado a cabo tal cual como ella lo quiso.