Odebrecht: Macri y Temer frenan la investigación en Argentina

Por Enrique de la Calle

Nunca lo contarán públicamente, pero a fines de junio la estrategia conjunta frente al caso Odebretch acordada entre los operadores del vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de Brasil, Michel Temer, y el presidente argentino, Mauricio Macri, tuvo un vuelco: el procurador general de Brasil, Rorigo Janot Monteiro Barros, y su par argentina, Alejandra Gils Carbó, acordaron la constitución de un equipo conjunto de investigación entre ambos ministerios públicos.

Así, la estrategia de dirigir las acciones judiciales exclusivamente a funcionarios del gobierno kirchnerista, como parte de la ofensiva contra Lula y así cerrar el cerco judicial contra dos de los principales opositores a la restauración neoliberal en la región. Antes, el abanderado de la impunidad había sido el ministro Garavano, quien arrogándose funciones judiciales prohibidas por la Constitución, encabezó las gestiones directamente con Odebrecht y los Estados Unidos para controlar la información sobre los sobornos pagados para las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y la Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas.

El joven ministro había tentado a jueces y fiscales con esquivar los mecanismos institucionales y traer la documentación directamente. Pero la zanahoria comenzó a marchitarse cuando los Estados Unidos cuestionaron la difusión a través del diario Clarín de información reservada. La tentación de dictar condena con letra de molde conspiró contra la intención gubernamental.

Mientras tanto, los fiscales encontraron en la Procuración General de la Nación un canal para destrabar el acceso a las pruebas colectadas por sus pares brasileños: una comisión binacional para sortear los obstáculos procesales que impiden a la Argentina cumplir con los compromisos asumidos por Brasil. El 16 de junio, durante una reunión de procuradores y fiscales generales convocada para analizar la situación del Ministerio Público de Venezuela, Gils Carbó y Janot firmaron el acuerdo.  En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal de la Nación emitió un texto afirmando que "por esa razón los Procuradores Generales de Argentina y Brasil pusieron en práctica la herramienta prevista en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y firmaron el Acuerdo de Conformación del ECI. Esta conformación permitirá que los Fiscales de ambos países que se encuentren trabajando en el caso Odebrecht puedan compartir información y coordinar trabajos, con el objetivo de avanzar en las investigaciones y condenar a los culpables".

Además, denunciaron "que las autoridades centrales en materia de cooperación jurídica internacional de ambos países -Ministerio de Justicia de Brasil y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina-, presentan obstáculos y requerimientos que constituyen injerencias indebidas en el desarrollo de los acuerdos que en materia de investigación del caso Odebrecht realizaron los Ministerios Públicos de Brasil y Argentina".

Macri, socio de Odebrecht en 2006

La preocupación del presidente Macri por el caso Odebrecht es entendible. El escándalo puede llegar hasta él mismo. Un poco de historia: cuando en 2006 el kirchnerismo licitó el soterramiento del Sarmiento, la megaobra fue ganada por Iecsa, la italiana Ghella, la brasileña Odebrecht y las españolas Comsa-EMTE. En ese año, en el que todavía Macri no era jefe de Gobierno porteño, IECSA pertenecía a Mauricio. La venta a Ángelo Calcaterra, primo del mandatario, se produjo en 2007.

Es decir, que cuando Odebrecht se quedó con la licitación del soterramiento lo hizo en asociación con una una empresa del presidente. Si hubo coimas: ¿pagó también IECSA? Y si hubiese pagado: ¿cuál fue el rol de Mauricio Macri? Este año, un operador de Odebrecht reconoció el pago de millonarias transferencias a Gustavo Arribas, íntimo amigo del ex presidente de Boca y actual jefe de los servicios. La Justicia prácticamente no investigó al funcionario de Cambiemos.