Jujuy: “La detención de Seillant es un caso de criminalización de la protesta social”

Por Antonella Álvarez y Hernán Ouviña

APU: ¿Cuál es la situación judicial actual de Santiago Seillant?

Luis Orellana: El día 10 de Agosto Santiago Seillant estuvo con trabajadores de la localidad de Vinalito, haciendo una protesta  por mejoras en las condiciones laborales, incumplimiento de actas, que el comisionado municipal José Acuña se había comprometido a dar ante el Ministerio de Trabajo en sucesivas audiencias. Acuña  fue a algunas audiencias en el ministerio, y a varias no fue. Tampoco quiso recibir ni siquiera a los delegados de la localidad de Vinalito, ni a los representantes del SEOM, en este caso Santiago Seillant. El día 10 de agosto llevaron a cabo una medida de fuerza con asamblea en la plaza de Vinalito, frente a la comisión municipal, sin haber ingresado. La asamblea votó dirigirse a la localidad de Libertador General San Martín y a la altura del puente San Lorenzo  hicieron una manifestación a la  vera del camino, es decir fuera de la ruta. La policía y gendarmería en un operativo cerrojo los cerraron a la mitad del puente San Lorenzo y procedieron a detener a 10 compañeros de la localidad de Vinalito, Santiago Seillant no fue detenido ese día. Al día siguiente, 11 de agosto, Santiago terminó de trabajar a las 12:00 en el SEOM, fue a un cajero que está a la vuelta, frente a la municipalidad, y ahí entre varios carros de policía, policías de uniforme y policías de civil lo subieron a una camioneta, lo esposaron y se lo llevaron. Estuvimos 8 o 9 horas sin saber dónde estaba, hasta que supimos que estaba en San Pedro, en la brigada de investigaciones; había sido detenido  por orden del fiscal Blanco, fiscalía N° 9 de San Pedro y detenido por la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín, más conocido como Ledesma.

APU: ¿Qué hechos le imputan?

LO: Los hechos que se le imputan son: lesiones agravadas por el número de personas, porque dicen que tiraron una bomba de cal en la municipalidad de Vinalito, y supuestamente afectó a una empleada, aunque no tenemos constancia de eso todavía en la causa, porque además la fiscalía no nos ha permitido sacar fotocopia a la causa, por lo que la defensa la hemos tenido que hacer con la simple vista del expediente en el mostrador; le imputan también amenazas, supuestamente a Acuña, el comisionado municipal;  entorpecimiento de tránsito de la vía terrestre, haber cortado la ruta, aparentemente la N° 34 que es una ruta nacional. Y la última es la instigación a cometer delitos, es decir, Santiago Seillant habría alentado a los demás trabajadores a que produzcan esos desmanes, las amenazas, o tirar la bomba o el corte de la ruta 34.

APU: ¿Por qué le denegaron el cese de detención?

LO: La semana pasada pedimos el cese de detención y la fiscalía lo resolvió y denegó en dos días. Los fundamentos eran que como todavía faltaba prueba por producir, entre ellos la nueva declaración indagatoria que pedimos por Santiago, porque no pudo declarar por no tener copia de la causa, faltaban los testigos de cargo que son tres, el comisionado Acuña, su hermana y su hija; los otros coimputados, que son 13 más imputados en esta causa, trabajadores de Vinalito y El Talar. En función de eso es que el juez de control, Jorge Marcelo Ibañez, denegó el cese de detención.

APU: ¿Por qué entienden que es parte de la criminalización de la protesta social?

LO: Entendemos que es un caso de criminalización de la protesta social porque justamente esto tiene que ver con un reclamo de los trabajadores,  Santiago en su carácter de secretario del interior representa los intereses de los trabajadores. Toda la protesta tiene que ver justamente con reclamos de los trabajadores de Vinalito y de otras localidades que estaban haciendo con Santiago Seillant encabezando como parte de la comisión directiva. Es un claro caso de criminalización de la protesta social, porque tiene que ver con  un fenómeno social, que  responde a la precarización que vive toda la provincia de Jujuy y que en particular se vive muy fuerte en el SEOM. Toda una política de represión no sólo en Jujuy sino en el resto del país, hay una política nacional que tiene su repercusión en Jujuy.

APU: ¿Cuáles son las perspectivas a mediano plazo y por qué es importante que se nacionalice la situación?

LO: Vamos a esperar ahora técnicamente desde el punto de vista jurídico que se produzcan las pruebas y las demás diligencias que el juez ordenó que debieran hacerse, y luego vamos a intentar un nuevo cese de detención. Si los fundamentos son los mismos no habría motivos para denegarla, si bien Santiago Seillant está imputado en otras causas por los mismos motivos, siempre representando al SEOM y en protestas y reclamos por mejoras en las condiciones de los compañeros municipales de toda la provincia. Entendemos que debe nacionalizarse porque es una consecuencia más de una política nacional, esto no es de Morales solamente, detenciones ilegales, detenciones arbitrarias, gente que desaparece como Santiago Maldonado, está sucediendo esto en todo el país. Es necesario que se nacionalice para unificar las luchas y los reclamos y hacer saber que esto está pasando en democracia.

APU: ¿Dónde está detenido y en qué condiciones?

LO: Técnicamente está detenido, no se ha dictado la prisión preventiva, lo arrestaron por 24 horas y luego el juez de control convirtió ese arresto en detención, pedimos el cese de detención, el juez de control lo denegó. Esta detenido en San Pedro en un barrio que se llama La Merced, desde el 11 de Agosto.

APU: ¿Cómo es la situación en relación a la judicialización del resto de los integrantes del SEOM?

LO: El resto de los imputados en esta causa, que son 13 en total,  han sido indagados nada más y siguen en libertad. En general muchos miembros de la comisión directiva  del SEOM están sometidos a proceso, todos en libertad, hay dos causas que están elevadas a juicio oral para fijar fecha de debate, hay una causa que tenemos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Buenos Aires y hay otras que estamos planteando recursos ante el superior tribunal de justicia en Jujuy. El resto son delegados que también están judicializados por pequeños delitos, pero que todos tienen que ver con una función gremial.