Caso Maldonado: ¿Quién es el juez Otranto?

Por Redacción APU

El juez federal de Esquel Guido Otranto se encuentra hace más de 40 días en el centro de todas las miradas. El magistrado es el hombre encargado de investigar la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la causa instruida en la Justicia Federal recibió críticas de la familia del joven desaparecido, de los organismos de Derechos Humanos locales e inclusive del representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, que manifestó “preocupación por la falta de avances en la investigación”.

En todo este tiempo que fue desaparecido Maldonado, las críticas de los organismos de Derechos Humanos no solo apuntaron a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y los funcionarios de Poder Ejecutivo, inclusive al mismo presidente Mauricio Macri, también apuntaron al rol de la Justicia Federal que tardó diez días en allanar a la Gendarmería, única fuerza sospechosa de la desapración.

En los primeros diez días de la investigación, tanto la fiscal federal de Esquel Silvina Ávila como Otranto, no impulsaron la investigación contra la Gendarmería sabiendo que los testigos oculares de la represión y la familia señalaron y señalan directamente a la fuerza federal. La situación de sospecha sobre la Gendarmería expone una situación particular: el 4 agosto el juez pide a la fuerza de seguridad que presente un informe sobre el operativo en el cual fue visto por última vez Maldonado. Las autoridades de Gendarmería no presentan lo solicitado por el magistrado y aun así ni la fiscal, ni el juez, piden pericias o avanzan sobre la Gendarmería. El Defensor Público Oficial, Fernando Machado, afirma que hay rastros claros que indican que Santiago Maldonado estuvo en el lugar donde ocurrió la brutal represión a los mapuches. Los testimonios del accionar violento relatan que los uniformados dispararon inclusive con balas de plomo 9 mm. 

Recién diez días después de la desaparición forzada de Maldonado, Otranto ordena las pericias y los allanamientos sobre los escuadrones de Gendarmería de Esquel y El Bolsón. En ese lapso que Otranto no escuchó a los organismos de Derechos Humanos, los vehículos de Gendarmería Nacional utilizados en el operativo represivo “fueron lavados y los precintos de seguridad violentados”, según reconoció la propia fiscal. El 20 de agosto, Ariel Garzi, amigo de Santiago y testigo fundamental, denuncia públicamente que Otranto lo había destinado al programa de protección de testigos hasta que Bullrich expuso su identidad en el Senado el 16 de agosto. El juez federal se lo había confirmado a Garzi. Recién cuatro días después de eso, el 24 de agosto, Otranto ordena el cambió de la caratula a “desaparición forzada”, para ese momento la causa es una llaga abierta en la sociedad que terminará ese mes convocando a más de 200 mil personas en Plaza de Mayo.

Otranto es un funcionario judicial experimentado, pero los cuestionamientos al accionar negligente en la causa de Maldonado lo expusieron de una forma en la cual no se encuentra acostumbrado. No alcanza la experiencia de haber trabajado durante casi 20 años en los tribunales federales de Comodoro Py (ingresó como empleado de la Sala II de la Cámara Federal porteña). El magistrado se encuentra en pareja con Rafaella Riccono, secretaria letrada de la Fiscalía Federal de Esquel. La fiscalía de su pareja, encabezada por la fiscal Ávila, investiga la causa de Maldonado. Las suspicacias generadas por la endogamia de funcionarios judiciales en la causa de desaparición forzada son lógicas.  

¿Por qué depende del macrismo?

Hay un hecho que los análisis suelen pasar por alto para referirse a Otranto y su controversial participación en la investigación del caso Maldonado. Y que podría explicar por qué el magistrado parece tan ocupado en defender a la Gendarmería, que es la misma estrategia que adoptó el Gobierno nacional desde un primer momento.

El dato soslayado tiene que ver con que Otranto se encuentra primero en el orden de mérito en una terna para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, provincia de Río Negro. Para lograr ese cargo, necesita del visto bueno del Consejo de la Magistratura, dominado por Cambiemos. Es decir, el macrismo tiene en sus manos la llave para darle al juez el puesto anhelado.

Esa relación implica una necesidad mutua: Otranto necesita de la mayoría amarilla en Magistratura; el Gobierno busca que la causa se aleja lo más posible de la Gendarmería y ni hablar de las autoridades del ministerio de Seguridad. Ese vínculo puede explicar por qué Otranto tardó tanto tiempo en allanar la fuerza federal, rápidamente descartó cualquier intervención de Pablo Noceti, jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, o ahora declaró que "tal vez Maldonado se ahogó en el río", lo que fue descartado por las propias pericias que indicaron que el lecho no tiene la profundidad ni la corriente necesaria.