La Boca: un barrio sin lugar para sus habitantes

Por Adriana Sandro y Leandro Villalba - ETER

La precariedad en La Boca no sólo se limita a los desalojos. El informe “Buenos Aires sin techo” de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña de 2009 establece que en este barrio se concentra el 70% de los conventillos e inquilinatos de la Ciudad, habitados aproximadamente por 5.500 familias. La mayoría no tienen contratos de alquiler y sus hogares cuentan con Necesidades Básicas Insatisfechas. Sólo durante 2016, 1.106 fueron expulsadas de sus viviendas. Quedan hoy en pie 427 conventillos en riesgo y  hay contabilizados al menos 74 juicios de desalojo que, de concretarse, dejarían en la calle a 300 familias más. Este relevamiento fue realizado por el Grupo de Vivienda y Hábitat del colectivo La Boca Resiste y Propone y el Observatorio de Derechos a la Ciudad, quienes aseguran que el barrio vive una real y alarmante emergencia en materia habitacional. Natalia Quinto, una de las integrantes, asegura que el Gobierno de la Ciudad conoce la vulnerabilidad por la que atraviesan las familias del barrio. Esto quedó evidenciado en 2006 cuando se sancionó la Ley N° 2.240 que declara la Emergencia Ambiental y Urbanística en La Boca. A través de la conformación de una Unidad Ejecutora, que la misma ley contempla para atender esta problemática, el Gobierno debe desarrollar proyectos y programas específicos que nunca se elaboraron. “La Unidad Ejecutora no funciona y cada año se vota presupuesto para eso. Nuestro objetivo fundamental como grupo es que la ley se cumpla”, sostiene.

A su vez, el Artículo 29 de la ley que crea el Distrito de las Artes, establece que el Poder Ejecutivo debe atender la situación de vulnerabilidad social en la zona, relevar  la necesidad de soluciones habitacionales y disponer de acciones direccionadas a facilitar la permanencia de las familias radicadas. Sin embargo, los integrantes de los movimientos en defensa de los vecinos denuncian que es el único artículo que no se cumple. Para Natalia “cada decisión y acción errónea del Estado y en contra de los intereses de los vecinos genera consecuencias que después son muy difíciles de revertir. El incumplimiento sistemático de la ley implica chicos muertos en los incendios y adolescentes con conflictos de integración en la vida social”.

Una vez desalojadas, las familias no encuentran alquileres en el barrio. Es que el  Distrito de las Artes está en marcha para cambiar la fisonomía de las manzanas en el sur de la Ciudad. Su creación busca establecer en La Boca un polo inmobiliario y cultural exclusivo mediante el facilitamiento impositivo a quienes inviertan en algún emprendimiento relacionado con las artes visuales, musicales, escénicas y literarias. El Distrito se creó por la Ley N° 4.353 de la Legislatura porteña en noviembre de 2012. El beneficio de exenciones impositivas es para a quienes desarrollen infraestructura en la zona a partir de la compra de inmuebles con el fin de realizar algún tipo de actividad artística. Así se multiplicaron los carteles en el barrio. Como el de Filiberto Apart, un proyecto que dice que será inmobiliario, turístico y cultural. O como el de Queen Caminito, en la esquina de Olavarría y Juan Filiberto de Dios, que ofrece suites a metros de la Bombonera, la Fundación Proa y la Usina del Arte. En este marco, las Organizaciones vecinales reclaman la intervención del Gobierno de la Ciudad en el trabajo de mejorar las infraestructuras edilicias de las viviendas en estado precario y así mitigar inundaciones e incendios.

Vivir (y tratar de no morir) en un conventillo

La escalera de mármol que sube al primer piso del edificio habla de que tiempo atrás fue importante. Está ubicado en la calle Olavarría, una de las más céntricas de La Boca. La cerradura rota y las marcas de forcejeos sobre la puerta de madera maciza son señales del derrotero vivido en años de desgracia y abandono. Una segunda puerta, en la planta superior, da paso a un pequeño patio interno con suelo de cemento y humedad en las paredes. La última vuelta de llave es en una de las tres puertas que dan a ese espacio abierto. Al entrar en la habitación es casi inevitable tropezar con una de las cuatro sillas que rodean a la mesa y que forman un comedor. Un sillón que se encuentra a unos centímetros de las sillas hace la división del espacio. Frente a él, el televisor. Por encima del televisor hay una repisa donde están los elementos de higiene personal: cepillos de dientes, desodorantes, frascos de shampú y crema de enjuague. En el mismo ambiente hay una cama marinera. En la pared opuesta a la cama, una ventana entreabierta que deja entrar un fino haz de la luz. Pilas de ropa planchada completan el paisaje. Todo está en perfecto orden. El baño es compartido con las otras dos piezas del piso. Para llegar a él hay que cruzar por el frío y deteriorado patiecito. También para  usar la cocina.

Allí vive Elsa Guzmán con sus 2 hijos. Juntó sus ahorros y compró esa pieza a una persona que le entregó las llaves. Se mudó hace sólo cuatro meses. Antes alquilaba junto a otros familiares una casa en Munro, zona norte del conurbano. La Boca es un barrio conveniente para ella porque una de sus hermanas está a pocas cuadras. Nunca imaginó lo que iba a tener que pasar. Una tarde, mientras trabajaba en San Isidro, un grupo de policías entró por la fuerza al edificio. Rompieron la puerta de la planta baja y forzaron la de su casa. Adentro estaban sus hijos que se asustaron al ver a los oficiales con sus armas largas. No pasó nada. La orden de allanamiento era para el lugar pero buscaban a una persona que ya no vivía allí. El miedo a que sus chicos vuelvan a pasar por una situación parecida la hizo pensar acerca de la posibilidad de mudarse cuanto antes. Pero esa no es la única razón. Su pieza será desalojada. Pudo hablar con la dueña para pedirle tiempo. Dentro de cuatro meses una vecina se mudaría y la dejaría vivir en esa otra pieza. Es la solución que encontró. Eso, o tener que volver a alquilar en provincia.

La situación por la que atraviesa Elsa no es aislada, muchos vecinos están en la misma. El pintor argentino Benito Quinquela Martín en los años 20 ya pintaba incendios en los conventillos, no son ninguna novedad. La construcción de los conventillos es en su mayoría con chapa y madera. El estado de precariedad y hacinamiento ponen en constante riesgo a las muchas familias que pueden vivir en su interior. Uno de los mayores riesgos a los que están expuestas son los incendios. Existen dos temporadas en donde suceden con mayor frecuencia. Una es el invierno debido a la forma que tienen para calefaccionar sus habitaciones. La otra, el verano, donde las precarias conexiones eléctricas se sobrecargan y colapsan. Esto, se suma al material altamente inflamable de las paredes.

El caso de Selene es similar al de Elsa. Su pieza también está ubicada en un edificio de la calle Olavarría. Vive allí desde noviembre de 2016, con su hijo de cuatro años y un embarazo de cuatro meses con cierto riesgo. Selene tiene Lupus, una enfermedad autoinmune que afecta en forma progresiva todas las partes de su cuerpo. Hace dos meses pudo comprar la pieza. Antes pagaba dos mil pesos de alquiler por mes. Como no contaba con ahorros, tuvo que pedir un préstamo para comprarla sin saber que al mes iba a recibir el último aviso de desalojo. El día estipulado en aquel anuncio se hicieron presentes en la puerta de su casa la dueña con sus abogados y “gente del Gobierno”. Conversaron y pudo conseguir quince días más para buscar otro lugar donde vivir. Pero no tiene a nadie, solo un conocido que le presta una pieza donde dejar sus cosas.

Finalmente el desalojo de Selene se llevó a cabo. Estaban el oficial de la Defensoría, la dueña del edificio con sus abogados y una asistente social. Selene devolvió la llave y no alcanzó a mencionar que fue estafada. “Confié en una persona que resultó ser una okupa, ella me sub alquilaba la habitación por 2.000 pesos. En enero me dijo que si quería quedarme tenía que comprársela. Pedí un préstamo sin saber que existía esta situación”. No lo pudo decir. Ese mismo día se fueron a un parador con su hijo. Allí, compartieron la noche con un grupo numeroso. Muchos gritaban y lloraban en medio de la oscuridad. Las camas tenían sábanas que conservaban olores que no eran propios. Un mismo baño para todos. Así pasaron la noche pero sin poder dormir. Selene estaba asustada por su embarazo. Su hijo, por estar entre tantos desconocidos. “No volví a ese lugar, mi hijo no pudo dormir, tenía miedo y estaba incómodo. Entonces una amiga me ofreció quedarnos con ella”. Selene señó una habitación entre los barrios de Constitución y Parque Patricios. Le piden 8 mil pesos más un mes de garantía por adelantado y hasta que no pague la totalidad no va a poder ingresar. Para eso, depende de que le paguen el subsidio habitacional.

Organizar y resistir

El Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca se creó hace ocho años con el objetivo de organizar la demanda en torno a la problemática habitacional del barrio. Su tarea consiste en brindar ayuda a los vecinos para mejorar el deterioro de sus viviendas. Pero principalmente hacen un seguimiento de los juicios que se llevan adelante e intentan frenarlos o, al menos, demorarlos. Los fines de semana juntan fondos para sus acciones. En la Biblioteca Popular de La Boca venden guiso de lentejas y ropa usada en una feria americana con precios bajos. Además, una integrante del grupo cocina tortas que se rifan entre los vecinos que se acercan a colaborar. La gente entra y sale como si estuvieran en su casa. Para Carolina Sticotti, miembro de este grupo, el proceso por el que atraviesa el barrio no es único sino que se repite en muchos lugares del mundo. “Se deja en total abandono una parte de la ciudad, se compra por unos pocos pesos y para poder hacer el negocio es necesario ponerlo en valor. La creación del Distrito de las Artes favorece la instalación de nuevos emprendimientos en la zona. Además -agrega Carolina-, hay un circuito específico donde ahora arreglan las veredas con una determinada estética. La lógica está a la vista del que quiera verlo”.

A lo que Carolina hace referencia es al proceso de gentrificación, un término atribuido  a la socióloga inglesa Ruth Glass, quién “lo utilizó por primera vez en 1964 para definir el fenómeno que se presentaba en algunos decaídos barrios obreros de Londres, en los cuales se producía una revalorización de las casas. Antiguamente abandonadas o arrendadas por personas de bajos recursos, ahora eran adquiridas por sectores medios. Este proceso continuaba hasta que todos los antiguos habitantes de la zona eran expulsados y las características sociodemográficas se modificaban por completo”, según cuenta Cristina Silva, de la Universidad Nacional de Luján. Agrega también, que existe en este proceso tres actores: el Estado, los agentes inmobiliarios y los sectores medios o medios-altos que desplazan a los habitantes del lugar. Un cuarto actor lo pueden configurar los vecinos y sectores populares en la oposición al avance de dicho proceso. Con este concepto, Gabriel Vommaro, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti, describen la situación actual de los barrios del sur de la Ciudad en su libro “Mundo Pro”.

En La Boca, este fenómeno cobró mayor dimensión con la creación del Distrito de las Artes. Los vecinos desalojados no encuentran posibilidades de alquiler en el barrio porque los dueños de las piezas prefieren alquilarlo como ateliers, lo que le permite un ingreso mensual seguro, beneficios impositivos y crediticios y un deterioro menor del inmueble ya que se usan no más de 6 horas por día. Una de las pocas ayudas que reciben los que tienen que dejar sus viviendas es un subsidio habitacional para alquiler de hasta 4 mil pesos por el plazo de 12 meses. Esta ayuda es brindada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en cumplimiento del Decreto 690 del 2006. Entre sus objetivos se encuentra el de destinar subsidios para la obtención de una solución habitacional definitiva. Sin embargo, la mayoría de las familias sólo pueden recibir dicho aporte durante un año para disminuir los gastos que les demandan alquilar.

Algunas otras, intentan completar los extensos formularios para la solicitud de un crédito con tasa subsidiada que brinda el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en cumplimiento de la Ley N° 341. Para acceder, los beneficiarios participan de una suerte de ranking con sistema de puntaje. Obtienen más puntos, aquellas familias que son numerosas, con integrantes que tengan alguna discapacidad y que la situación habitacional sea muy urgente. Cecilia es una de las 100 personas de toda la Capital Federal a las que se les aprobaron dichos préstamos durante 2016. Con su crédito aprobado, consiguió una casa en Dock Sud, en el conurbano sur del Gran Buenos Aires. El tasador oficial fijó el precio de venta -y por lo tanto del crédito- en menor valor a lo que solicita el dueño. Cecilia es discapacitada y debe afrontar de su bolsillo los gastos de escritura más la diferencia entre el crédito y el valor de la propiedad. Son alrededor de 120 mil pesos que le será muy dificultoso poder juntar. “Están hechos para que nadie acceda”, denuncian desde La Boca Resiste y Propone.

Para los integrantes del Grupo de Vivienda y Hábitat “si las leyes se cumplieran, las paredes de chapa y madera estarían con pintura ignífuga, todos tendrían disyuntor y matafuegos, y la entrada y salida estarían en condiciones. Además, no habría escaleras rotas ni obstáculos en las vías de escape que impidan que un pibe de 4 años logre salir de un incendio como ocurrió reiteradas veces”. Y agregan: “El problema es que esta gestión no tiene gente capacitada. Acá arreglan las veredas y fuimos las organizaciones los que tuvimos que marcarle donde estaban las tomas de agua para bomberos. Tuvieron que romper lo que arreglaron. Cuando hay un incendio, los bomberos nos preguntan a nosotros dónde están esas bocas”.

Debido al incumplimiento de las leyes 2.240 y al artículo 29 de la Ley del Distrito de las Artes, las organizaciones barriales luchan por la sanción de una ley que reconozca la emergencia habitacional y suspenda el proceso de expulsión masiva que se lleva a cabo. En este sentido, elaboraron un proyecto de ley que presentaron ante la Legislatura de la Ciudad y que tiene como finalidad “frenar el aumento desmedido de desalojos en la zona así como buscar el compromiso del Poder Ejecutivo local a garantizar una solución definitiva para las familias que se encuentran en situación crítica ya sea por hacinamiento, en hogares de infraestructura precaria donde son asiduos los incendios o en peligro constante de quedarse en la calle”. Además, requiere que el Gobierno ponga a disposición inmuebles de su propiedad y herencias vacantes para construir viviendas para los vecinos del barrio.