Neoliberalismo: feo pero insistidor

Por Nicolás Tereschuk

De manera muy apurada voy a hacer dos o tres comentarios de “economía política” sobre las reformas propuestas por el gobierno de Mauricio Macri tras el triunfo del oficialismo en los comicios legislativos.

La idea central es que la elite que representa el Presidente pone sobre la mesa un menú de reformas que surgen a partir de un diagnóstico -bastante poco original, por cierto- que recupera una serie de puntos que siempre han marcado los organismos de crédito internacional y que ya formaban parte de las “reformas pendientes” que le pedían al gobierno de Carlos Menem. Incluso algunos de estos puntos que el Gobierno de Menem no pudo, no quiso o no supo llevar adelante suelen ser esgrimidos, por ejemplo, por Domingo Cavallo, cuando se le pregunta por qué terminó colapsando el esquema convertible. Me refiero a la convertibilidad no por la cuestión del tipo de cambio fijo, sino porque fue el último gran intento por priorizar mecanismos de mercado, dotar de poder a los sectores concentrados de la economía, relegar a los sectores populares.

Recordaré además que aquel gobierno, con toda la brutalidad del ajuste estructural que realizó también avanzaba en base de prueba y error, también apelaba a ciertos “gradualismos” -como se le dice ahora- y también se topaba con algunos límites políticos que le impedían -o le hacían dudar sobre la necesidad de- llevar adelante el menú completo de “lo que hay que hacer”.

Todos sabemos que la convertibilidad falló por diversas inconsistencias en el esquema económico elegido: por la desindustrialización de la economía, la apertura de la cuenta capital, por dejar al país a merced de shocks externos, por el acelerado endeudamiento externo de los grandes grupos económicos y el comportamiento predatorio a partir de la fuga de divisas, por el creciente peso de los intereses de una deuda pública insostenible y por varias cosas más.

En contraposición a estas ideas, que cuestionan el esquema en su totalidad, hay un  argumento “ortodoxo” que, por ejemplo, siempre ha expresado Domingo Cavallo, que hace una lectura fiscalista del colapso de la convertibilidad. Ese razonamiento tiene dos patas: por un lado, no se hace cargo del agujero fiscal que las propias “reformas estructurales” de aquel momento le causaron al Estado y por otra parte, atribuye las fallas a no haber hecho determinadas reformas o determinados ajustes.

Es aquí donde entran las reformas de Macri. Es decir, el Presidente comienza por las reformas que los hacedores de la Convertibilidad no terminaron realizando. Se trata de reformas que se estructuran de la siguiente forma: ajuste en el sistema previsional y ajuste en las provincias (con una especial mirada sobre el empleo público provincial). A esto se agrega la reforma laboral.

Ahora, el ajuste en el sistema previsional se traduce, por un lado, en los 100 mil millones de pesos menos que irán a los bolsillos de jubilados y beneficiarios de AUH el año próximo. En una mirada de más largo plazo -porque ya comenzó a implementarse y porque se seguirá desarrollando-, hay una idea de que esta ANSES es “demasiado grande”, así como el gobierno de Macri piensa que el sistema financiero es “demasiado chico”. En ese contexto, el ajuste en las provincias comienza por el reclamo de baja en Ingresos Brutos y distintos mecanismos de “topes” al gasto público y a la incorporación de empleados públicos. La reforma laboral es bastante conocida en los aspectos propuestos, algunos parecen haber quedado en el camino -o al menos así lo dice la CGT- pero el sentido es claro. La frase de Macri en cuanto a que si los salarios estatales son demasiado altos (o, a secas, demasiados) eso le impide al sector privado pagar los sueldos que necesita pagar (bajos), lo engloba casi todo.

Ustedes me dirán ¿pero cómo? ¿Qué reformas Menem no pudo hacer? ¿En los 90 no se crearon las AFJP? ¿No hubo un ajuste en las provincias? ¿No hubo una quita de derechos para los trabajadores? Sí, claro. Sin embargo, esas reformas encontraron algunos límites políticos.

En su trabajo “Política fiscal en Argentina durante el régimen de convertibilidad”, Oscar Cetrángolo y Juan Pablo Jiménez ofrecen algunos datos sobre las cuentas públicas durante los 90. Señalan que en el período “el resultado global de las cuentas públicas de la Nación presentó una rápida mejora a principios de los años noventa y un paulatino deterioro a lo largo de la década y que “ una parte, significativa, de esa trayectoria tiene su explicación en los intereses de la deuda”. Al analizar el deterioro, una vez que se terminaron las “joyas de la abuela” del Estado para vender, los autores indican: “el factor explicativo más importante es, sin duda, la evolución del sistema previsional. El incremento en el nivel de prestaciones, la reforma con el consiguiente traslado de aportes personales al sector privado y la posterior reducción de contribuciones patronales son parte central de la explicación de la evolución de las cuentas de la nación y, a través de la presión que ejerció la crisis previsional sobre las transferencias a las provincias, también explican parte de los desequilibrios en las provincias”.

En cuanto a las cuentas públicas provinciales, indican: “en relación con las finanzas provinciales, estas también muestran un deterioro a lo largo de la década (con mejoras significativas hacia mediados de la misma) pero como parte de una trayectoria de mediano plazo constantemente deficitaria;  a lo largo de los años noventa el gasto público provincial creció a una tasa constante cercana al 5% anual dependiendo el resultado de lo sucedido con los ingresos. En cambio, esta situación cambió a partir de 2000, cuando comienza un proceso de contención del gasto público provincial”.

¿Qué interpreta Domingo Cavallo de algunos de algunos de estos datos? Puede leerse en su blog personal: “El grueso del déficit fiscal, que dio lugar al endeudamiento desestabilizador que hizo crisis en 2001 se produjo entre 1997 y 1999, fue el déficit de las provincias que resultó de la competencia entre Menem y Duhalde por la candidatura presidencial del Peronismo. Ese déficit se financió con créditos del sistema bancario, algo que a propuesta mía había estado prohibido mientras yo fui Ministro de Economía. Ese financiamiento fue a tasas flotantes (BADLAR más 700 puntos básicos). Esas deudas de las provincias fueron los activos bancarios tóxicos que dieron origen a la crisis financiera de 2001”.

Es decir: para Cavallo, la Convertibilidad falla porque no se hicieron suficientes ajustes en determinados aspectos, uno de ellos en las provincias.

Haciendo una lectura política de esta situación, agrego yo, puede verse que Carlos Menem, si bien promovió una privatización del sistema previsional, lo que pudo pasar por el Congreso fue una reforma parcial, manteniendo el “régimen de reparto”. No pudo avanzar con una ley “a la chilena” de privatización total. El esquema elegido, baja de aportes patronales incluida, le requirió a aquel Estado mayores erogaciones.

Por otra parte, Menem usaba como moneda política de cambio con las provincias, a cambio de apoyo político “soltarle la soga” del ajuste” que requerían los “técnicos” más ortodoxos, como Cavallo o Carlos Rodríguez, el secretario de Política Económica de Roque Fernández, que renunció en 1998. Otro límite a los reclamos de los organismos internacionales.

Yendo a la reforma laboral, resulta más que obvio que Menem, si bien avanzó con una flexibilización “de hecho” (cuando hay 18 por ciento de desocupación, cuando caen los niveles de sindicalización, obviamente hay una ‘flexibilización’) no pudo avanzar con reformas de fondo al grueso de las leyes laborales. Sebastián Etchemendy ha estudiado ya hacia mediados de los 90 (hay un artículo en este libro, por ejemplo), que los intentos de reforma de leyes laborales chocaban con el rechazo de los propios legisladores del PJ.

A quienes les interese el tema, lean esta nota de The Economist de 1998, que habla de las presiones al último Menem para concretar una reforma laboral donde está este párrafo: “La idea de la reforma no es ninguna novedad. Menem y su anterior ministro de Trabajo dedicaron buena parte de los últimos dos años a tratar de concretarla. El problema era encontrar una reforma que los sindicatos -cuya principal confederación, la CGT, generalmente se mantiene cercana al Partido Justicialista gobernante- aceptaran”.

Si Menem hubiera concretado la reforma laboral, no tendría que haberla realizado a pura Banelco Fernando de la Rúa.

En cuanto a los acuerdos que logra el Gobierno de Macri a este plan por parte de la CGT y los gobernadores: no resulta llamativo. La CGT nunca desde 1983 para aquí un gran obstáculo para que un gobierno despliegue sus políticas. Me hablarán de los 13 paros a Alfonsín, pero aquello era más un límite “político” que a “las políticas” públicas del alfonsinismo, que encontraron su mayor obstáculo no en el sector sindical sino en el empresario.

Recomiendo la lectura de estas notas que cuentan qué ocurrió el día en que la CGT selló el acuerdo a De la Rúa por la reforma laboral. La bajada indica: “El oficialismo jaqueó desde el primer día a la cúpula sindical. Su táctica fue la clásica: presionar para luego negociar. Luego, a medida que avanzaba la negociación, fue restituyéndole algunos de los beneficios que le había cuestionado. Las gestiones de Barrionuevo”. No fue la CGT un obstáculo para el endeble De la Rúa, no lo ha sido para el más sólido Macri.

No llamativamente, los gobernadores tardaron un poco más en ofrecer su acuerdo a las reformas. En aquellos tiempos de la Convertibilidad ocurría algo parecido. Como dato de color, puede recordarse que Néstor Kirchner era gobernador. Y que los gobiernos no peronistas de los que tenemos memoria no vieron frustradas sus políticas por la negativa a acuerdos por parte de los gobernadores tanto dentro como fuera del Senado nacional.

En definitiva, el límite se los puso la realidad, no el peronismo.