Grave: Grabois fue sancionado por el Poder Judicial a partir de un decreto de la "Revolución Libertadora"

El militante popular y dirigente de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) y del MTE (Movimiento de los Trabajadores Excluidos), Juan Grabois, sufrió en carne propia la persecución política y judicial que se vive en la Argentina de Mauricio Macri. Así lo instruyeron los jueces del Tribunal Oral Federal N° 6 que lo sancionaron por su alegato en la defensa del militante popular Lito Borello. La causa se centraba en hechos ocurridos en una protesta realizada en la comisaría de La Boca en 2004, a raíz del asesinato impune del El Oso Cisneros. 

De esta manera, los magistrados impusieron al referente de la CTEP una "multa que alcance el 15 % del sueldo de juez de primera instancia”.  

En su alegato de defensa, Grabois había criticado duramente las lógicas antidemocráticas y los privilegios de los funcionarios judiciales. Para su sanción, el Tribunal se amparó en un decreto impuesto por la "Revolución Libertadora”, el régimen militar que derrocó al gobierno constitucional de Juan Perón en 1955. 

Según los jueces, el alegato “tuvo como única finalidad un inequívoco propósito de agravio y descalificación a los miembros del Tribunal como integrantes del Poder Judicial de la Nación”. Asimismo, consideraron que “no se trata ya de una mera desobediencia a las formas o a los modos que impone la ley, sino, antes bien, de un ataque elaborado y planificado".

En su fallo citaron las expresiones del dirigente popular que fueron castigadas. En su alocución, Grabois había denunciado que en las audiencias se daba "una pantomima de debate”. Además, señalaba una “bancarrota moral de una Justicia servil al poder de turno” y profundizaba: “Que se hable de usted, que se tome mate, que se pare cuando entran tres señores que parecieran pertenecer a una casta privilegiada que encima no paga impuestos”.

Por otro lado, el consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, había cuestionado las lógicas del Poder Judicial  “por tener entre sus filas a magistrados que han convalidado el terrorismo de Estado o, como pasa acá, convalidado apropiaciones de niños durante la dictadura militar”.

En este contexto, Myriam Bregman, diputada porteña por el FIT e integrante del equipo jurídico del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CPDH), realizó una presentación ante la Justicia Federal para rechazar las sanciones impuestas por motivos políticos a Grabois, quien también integra el CPDH. 

“La sanción es absolutamente nula. Los dichos vertidos en el alegato que tanto ofenden a los jueces son claramente opiniones políticas. Se ve que lo que los molestó son los cuestionamientos a sus privilegios y orientación política. Pero eso de ningún modo puede ser motivo de sanción para un abogado defensor, porque así estamos todos en peligro”, explicó Bregman.

“Estamos en el marco de una coacción inaceptable. Para nosotros es de principios elementales enfrentar este ataque al derecho de defensa y lo vamos a hacer. Peleamos siempre por defender los derechos democráticos en general y del pueblo trabajador y los sectores más pobres en particular, por eso denunciamos que a pasos agigantados el Poder Judicial y un Poder Ejecutivo con rasgos cada vez más autoritarios, apoyados por las corporaciones mediáticas, apuntan hacia una ‘democracia carcelaria’. Como este sistema no puede siquiera alimentar a millones de personas, quieren encarcelar a una buena porción de ellas para disciplinar al resto. Por ese camino pugnan desde hace años los sectores más reaccionarios de la sociedad, y mucho han avanzado. Es por eso que ahora van por el derecho de defensa”, sintetizó la dirigente del Frente de Izquierda.