Estados Unidos colaboró ilegalmente en la Operación Lava Jato

Por Santiago Gómez
Desde Florianópolis

La defensa del ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó pruebas ante el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos colaboró ilegalmente en la construcción de la Operación Lava Jato. Videos prueban que autoridades de la justicia estadounidense repasaron información violando los acuerdos judiciales entre los dos países. La defensa de Lula pidió la nulidad del caso.

En el día de ayer Cristiano Zanin Martins y José Roberto Batochio, abogados del ex presidente, presentaron nuevas pruebas que confirman la nulidad del proceso contra el ex presidente en lo que se refiere al juicio por el departamento tríplex que se le adjudica. Una de las pruebas presentadas es un video en el que se puede observar a Kenneth Blanco, ex Vice Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) explicando la cooperación con los fiscales de la Operación Lava Jato en términos de “confianza” y fuera de los procedimientos oficiales”, en el marco de un evento organizado el 19 de julio pasado por la Atlantic Council, dedicado a Brasil.

Blanco comenzó su discurso  agradeciendo la presencia de “su amigo Rodrigo Janot”, ex Procurador General de la República, quien estaba al frente del Ministerio Público cuando comenzó la Operación Lava Jato y renunció en septiembre de 2017. "Considerando que las economías son globales y que los delitos no respetan fronteras", Blanco destacó la necesidad de cooperación entre las autoridades judiciales de los diversos países “respetando la soberanía de cada uno”, resaltando que “es difícil imaginar una historia de cooperación mejor en la historia reciente que entre Estados Unidos y Brasil” (Se lo puede escuchar en el video que está al final con subtítulos en portugués3’ 58’’).

La autoridad del Departamento de Justicia afirmó que no sólo las autoridades judiciales se ayudaron unas a las otras pasándose pruebas, cuanto que el Departamento de Justicia estadounidense colaboró “en la construcción del caso”. Cabe destacar que el hecho de que se utilice una cuenta en los Estados Unidos para el pago de coimas habilita al país del norte a establecer multas, razón por la cual la persecución de empresas que se sirven de las off shore estadounidenses se ha convertido en una fuente de recaudación para los Estados Unidos. Blanco hizo referencia a Rolls Royce, cuya sede británica debió pagar US$ 170 millones a los estadounidenses en conceptos de multa.

En el video se pude escuchar a la autoridad judicial  destacando la relación de “confianza” entre el Departamento de Justicia y las autoridades del Ministerio Público brasilero. “Dada la relación íntima entre el Departamento de Justicia y los fiscales brasileros, no dependemos sólo de procedimientos oficiales como tratados de asistencia jurídica mutua, que generalmente llevan tiempo y recursos considerables para ser escritos, traducidos, transmitidos oficialmente y respondidos".

El entonces Vice Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia, reconoció que un fiscal brasilero no necesitaba pedirle información, bastaba con una llamada telefónica y cuando ya tuvieran todo listo para llevar las pruebas al tribunal, recién entonces hacer el pedido formal de la documentación requerida para ser utilizada como prueba.

En la misma dirección se había manifestado unos meses antes Trevor Mc Fadden, ex Subsecretario General de Justicia Adjunto Interino, en mayo de 2017 en un evento organizado por el Instituo de Conferencias Americano, para tratar la corrupción en Brasil, donde señaló que "los fiscales y los agentes están en contacto casi diariamente, intercambiando información y colaborando unos con otros".

Los abogados de Lula emitieron un comunicado en el que señalaron que “Esta cooperación sin ningún registro y realizada fuera de los canales oficiales se muestra incompatible con el Decreto nº 3.810 / 2001, que incorporó al ordenamiento jurídico brasileño el ‘Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil y el Gobierno de los Estados Unidos de América’, celebrado en Brasilia el 14 de octubre de 1997. Según este acuerdo, toda solicitud de asistencia en materia penal dirigida a los Estados Unidos debe ser hecha por medio de la Autoridad Central, que en Brasil es el Ministerio de Justicia. En el proceso, sin embargo, y al que se tenga conocimiento, no existe ningún registro de la participación del Ministerio de Justicia en la cooperación confesada por los agentes norteamericanos”.

Tras presentada la prueba del reconocimiento del Departamento de Justicia de esta irregularidad, la defensa del ex Presidente solicitó que el Ministerio Público sea notificado para aclarar la ilegal cooperación.

Otra de las pruebas presentadas ante el TRF4, que no sólo confirmó la sentencia de Sérgio Moro contra Lula, sino que amplió la pena de 9 años y seis meses a 12 años y 1 mes, fue la declaración de Márcio Faria, ex ejecutivo de Odebrecht, que ante el tribunal de Moro afirmó que la OAS no realizó ningún pago indebido al Partido de los Trabajadores. Recordemos que la OAS es la empresa responsable por la construcción del departamento que se le adjudica a Lula, aunque el mismo esté a nombre de la OAS y haya sido embargado en otro juicio para cobrarle una deuda a la constructora.

La defensa del ex Presidente señaló que el testimonio de Farias confirma la declaración del ex Tesorero del PT, João Vaccari Neto, quien fue condenado por Moro y absolvido por el TRF4, de que no realizó ningún acuerdo con Léo Pinheiro, ex presidente de la OAS, en nombre de Lula, para que el ex presidente recibiera beneficios indebidos, como las reformas de un departamento que no le pertenece.

“Las nuevas pruebas presentadas demuestran la necesidad de que el TRF4, al juzgar los embargos de aclaración, proclame la nulidad de todo el proceso o, entonces, declare la inocencia del ex Presidente Lula”, afirmaron los abogados del ex mandatario. .