¿Qué mejoras habrá en seguridad con la reforma judicial? 

Por Ezequiel Kostenwein*

Se acaba de presentar la Nueva reforma integral del Sistema de Justicia para la provincia de Buenos Aires. Algunas cuestiones salientes del plan, primordialmente para la esfera penal, es la pretensión de despolitizar y transparentar el sistema y, por el otro, a hacer más accesible la justicia y poner a la víctima en el centro de los procesos. A su vez, el plan contendrá un proyecto de Ley de Enjuiciamiento de Magistrados que facilite acortar los plazos del juicio y, llegado el caso, apartar ágilmente a quienes no cumplan debidamente con sus tareas, evitando que estos procesos sean utilizados como un mecanismo de coacción política a los jueces y fiscales.

El diagnóstico mediante el cual el ejecutivo bonaerense llegó a la conclusión de que era necesario proponer estas modificaciones parte de una serie de sondeos en los que se advirtieron que la mayoría de las personas no confían en la justicia, en particular, en la penal. Y es en este escenario que la gobernadora afirmó que "no hay mejoras en seguridad sin reforma judicial", pensando en la seguridad penal, especialmente.

Un análisis provisorio al respecto nos llevaría a pensar que para el diagnóstico y la afirmación anteriores las autoridades provinciales priorizaron a la víctima, por un lado, y a la ciudadanía, por el otro. 

Para mejorar la seguridad, entonces, hay que pensar en modificar la justicia penal: hasta aquí, es posible estar de acuerdo. Ahora, para modificar la justicia penal, ¿en qué hay que pensar? Uno de los grandes problemas respecto de las transformaciones que se han intentando llevar a cabo en la justicia penal en especial es que no se la piensa como una institución, en el sentido de considerarla como un ámbito donde ya existen prácticas y costumbres respecto de las cuales no se sabe bien qué piensan aquellos que cotidianamente las llevan adelante. Más concretamente, ¿sabemos qué piensan los actores judiciales sobre la seguridad? ¿Sabemos qué piensan sobre la víctima como figura del proceso? ¿Sabemos qué piensan sobre la sociedad a la cual pertenecen? ¿Sabemos qué piensan sobre la justicia penal en la que trabajan? ¿Sabemos qué piensan sobre la reforma integral que los afectará? ¿Sabemos qué piensan sobre el uso político que tradicionalmente se le han dado a este tipo de reformas? ¿Sabemos qué piensan sobre la policía con la que se vinculan cotidianamente? ¿Sabemos qué piensan sobre los medios de comunicación que parecen tener cada vez más influencia? 

De todo esto sabemos realmente poco, en términos generales porque hay más urgencia en transformar a la justicia penal que en entender por qué los actores judiciales hacen aquello que hacen y que, valga la redundancia, se pretende transformar.

No estamos insinuando que para hacer una reforma en la justicia sea suficiente con saber lo que piensan sus integrantes, ¿pero es posible hacer dicha reforma sin saberlo? Vale recordar que lo que se busca modificar con una reforma en la justicia son prácticas, modos de hacer, modos de sentir, de aquellos que la integran. Aunque quizá parezca obvio decirlo, lo que se busca modificar con una reforma en la justicia no son fórmulas aritméticas, sino conductas cargadas de sentido para quienes la realizan.

En definitiva, estamos sugiriendo que para mejorar la seguridad es muy factible que haya que reformar la institución de la justicia penal, pero para reformar la institución de la justicia penal, antes de pensar en la víctima y la ciudadanía, o al menos conjuntamente con la víctima y la ciudadanía, se debe conocer qué piensan aquellos que hacen lo que, precisamente, se quiere reformar. 

*Investigador del CONICET, autor de “La cuestión cautelar. El uso de la prisión preventiva desde la sociología de la justicia penal” y compilador de “Sociología de la justicia penal”.