"Ataque a la Justicia"

Seguramente, el título utilizado le resultará familiar al lector por verlo reflejado en las portadas de los principales diarios nacionales. Pero, a diferencia de una mirada eclética, entendemos a la justicia como un valor democrático que procura un reparto equitativo y no como una estructura organizacional del Estado que, en todo caso, pretende apropiarse del sentido. El daño que denunciamos no es a la estructura de poder que prevé nuestro ordenamiento constitucional, sino lisa y llanamente sobre el valor asequible y aspiracional que toda sociedad democrática procura defender.

En nuestra aún joven democracia, esta lesión al valor "justicia" nos remonta, como antecedente inmediato, a la década del '90 y a la conformación de la estructura orgánica federal que hoy se conoce popularmente como Comodoro Py. Es en la robustez y conformación de dicha orgánica judicial, donde encontraremos semejanzas con la matriz utilizada por el Macrismo durante estos últimos años. De la servilleta del Ministro Corach a los partidos de Paddle y de Fútbol entre el Presidente Macri y los Jueces que tenían bajo su jurisdicción las causas penales contra la principal líder de la oposición, existen semejanzas de diseño y prácticas. Máxime cuando todos tenemos presente el show mediático en busca de las imágenes o registros de una supuesta reunión de la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el Juez Casanello, hecho que motivó varias tapas en medios de comunicación y la activa participación del juez instructor. Hoy, quienes denunciaron a Casanello por esa supuesta reunión, fueron condenados a penas de prisión en suspenso sin que esta información saliera publicada en ningún medio.

Lo sorprendente es que, para ese supuesto hecho, intervino un juez por la presunta comisión de un hecho ilícito entre Cristina Fernández y Casanello, ilícito que evidentemente no cometieron la cantidad de jueces que sí participaron comprobadamente de encuentros personales con el entonces Presidente Macri. Haber llegado a la circunstancia en que los jueces que deciden sobre tu libertad compartan amistad y momentos de intimidad con tu principal oponente político, sin siquiera excusarse en la intervención de las causas y que todo ello sea convalidado por el Poder Judicial, claramente daña la búsqueda de justicia. 

El hecho de que jueces federales, empresarios de medios de comunicación, ex servicios de inteligencia y el Secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Bs. As. viajaran juntos a Lago Escondido costeados por empresas privadas, vuelve a poner en evidencia que, pese al cambio de gobierno, el denominado “sótano de la democracia” no ha sido desarticulado, sino que continúa en plena vigencia. A ello, debemos sumar la cobertura mediática que impide que se tome la relevancia social que amerita, aun cuando incluso con posterioridad aparece en escena la relación promiscua del Secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma con jueces y fiscales federales a través de la filtración de los chats de su teléfono personal. Filtración que ya sucedió en el ámbito internacional con WikiLeaks, Panamá Papers y Paradise Papers, que provocaron, entre otros, la renuncia del Primer Ministro de Islandia, a diferencia de la escasa trascendencia otorgada por los medios de comunicación, las instituciones y la oposición política a la filtración local referida.

Dichas filtraciones sobre hechos de relevancia pública, solo han sido descartadas para dar inicio a una investigación judicial a razón de una obscena impunidad mediática y judicial. Más allá de la discusión sobre si la prueba tiene o no validez de forma directa en una causa judicial (sería una aplicación de la regla de la exclusión probatoria para un caso donde no aparece involucrado el Estado, ni autoridad pública alguna), lo cierto es que en un sistema donde la denuncia anónima inicia investigaciones por causa de narcotráfico o trata de personas, resulta sorprendente que una noticia de tamaña trascendencia pública no sea considerada siquiera como iniciadora de una investigación que tienda a obtener información por medios probatorios ordenados mediante la pesquisa judicial. 

Es en este contexto, donde encontramos al máximo poder judicial de la República Argentina, arrogándose competencias propias del poder administrador, violentando la división de poderes y entrometiéndose indebidamente en las facultades sobre todo del Poder Legislativo. El fallo que declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley del Consejo de la Magistratura reponiendo una ley derogada por el Congreso de la Nación hace ya 16 años, es tal vez la muestra más cruda de dicha expresión. Para llevar adelante semejante maniobra debieron cometerse varios artilugios espurios: a) Obvió la Corte su propia jurisprudencia en la materia, resuelta en el fallo “Moner Sans” del 2014 y donde ya había declarado la Constitucionalidad de la Ley, b) Omitió expedirse sobre la legitimidad del Colegio de Abogados de la Capital Federal, asociación civil compuesta por los estudios jurídicos más importantes de CABA pero que no cuenta con el amparo legal que sí posee el Colegio Público de Abogados de la misma jurisdicción, c) Declaró inconstitucional una parte de la ley que el actor no solicitaba y con la cual la propia Corte tenía intereses directos, como es la que devolvió al Presidente de la Corte como Presidente del Consejo de la Magistratura.

Para ello, realizó una bochornosa maniobra que no tiene antecedentes y por la cual mantuvo en giro interno el expediente durante años, hasta tanto el Dr. Rosatti logró auto-votarse como presidente, lo que hizo que una vez repuesta la ley de 1997 en ese punto, fuera él quien ocupara la presidencia del Consejo. d) Pero el consabido “juez y parte” no se agota ahí, sino que con los votos emitidos por el propio Rosatti que preside a su vez el Consejo, se definen las causas judiciales en donde la Corte se arrogó la facultad de definir cuáles son los motivos legítimos y cuáles no de la conformación de bloques políticos. Un verdadero dislate de intromisión en competencias que le son exclusivas a las fuerzas políticas que componen el Congreso de la Nación. 

La Corte Suprema ha utilizado el llamado control de constitucionalidad como herramienta para la bienaventuranza de su proyecto político, provocando una crisis en el Consejo de la Magistratura que lo lleva paralizado hace ya 15 meses. 

Lo cierto es que el ataque al valor justicia denunciado, es realizado principalmente desde adentro del propio Poder Judicial Federal, por algunos empresarios de medios de comunicación nacionales y por dirigentes políticos del Macrismo que han logrado poner a parte de la estructura judicial al servicio de los intereses políticos de una minoría privilegiada, desvirtuando el principio sagrado de la soberanía popular. Está claro que el referido ataque a la justicia no tiene su origen en el hecho de poner al descubierto los entretelones de un sistema de negociados y contubernio político, sino que precisamente es esa matriz de poder que pretende condicionar la voluntad política expresada soberanamente a través del voto, la que provoca un daño que hoy nos preocupa, por su profundidad y por la dificultad de encausarlo en el corto plazo a la correcta senda de la judicatura.