La Justicia de la ciudad ordenó suspender el cierre de carreras de dos institutos de formación

El pasado jueves, dos medidas pre-cautelares donde ordenó suspender el cierre de carreras terciarias y el traslado de los Institutos de Formación en Tecnicatura Superior (IFTS) N°22 Y N°9. Los amparos habían sido iniciados por docentes, alumnos y directivos de los IFTS, patrocinados por el Defensor Oficial, Ramiro Dos Santos Freire.

En los amparos, se denunció que el Ministerio de Educación e Innovación había comunicado a las autoridades de distintos IFTS, de manera informal, que para el ciclo lectivo 2019 se aplicaría un plan de reorganización de los institutos terciarios, lo cual traía aparejado el cierre de carreras y el traslado de sedes. 

Por un lado, el Juez Aurelio Ammirato ordenó suspender con carácter precautelar el cierre de la Tecnicatura Superior en Protocolo y Ceremonial y el traslado de la sede donde se cursa la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, que se dictan en el IFTS N° 22, hasta tanto el Ministerio de Educación e Innovación remita al Juzgado la totalidad de las actuaciones administrativas referidas a la cuestión debatida.

En tanto, la Jueza Soledad Larrea ordenó suspender el proceso de reorganización del IFTS N° 9,  e indicó al Gobierno de la Ciudad que deberá abstenerse de llevar adelante cualquier medida tendiente al cierre o cese del funcionamiento del establecimiento, hasta tanto remita al Juzgado la totalidad de las actuaciones administrativas referidas a la cuestión debatida.

Según la acción judicial presentada “la ausencia de una resolución de la autoridad administrativa  que explique los fundamentos y los alcances de una medida que reduce la oferta educativa de la educación terciaria,  que afecta el derecho a la educación de los miembros de la comunidad educativa y que afecta el derecho al trabajo del personal docente y no docente del instituto, es una práctica que lesiona gravemente el derecho de acceso a la educación”.

El Defensor Dos Santos Freire  señalo “Consideramos que se trata de oportunas resoluciones judiciales sobre asuntos de relevancia pública, que se dan dentro de un contexto en el que el Ministerio de Educación avanza con programas de ajuste y restricción, como sucede con el cierre de colegios nocturnos”.

Fuente: Ministerio Público de la Defensa CABA