La Emergencia Alimentaria es ley

Por Lucía Ferreri Ochoa / Foto: Alonso Suarez Camila

En sesión especial, el Senado aprobó la prórroga de la Emergencia Alimentaria Nacional.

La norma establece la extensión de esta disposición hasta el 31 de diciembre de 2022 y estipula que “concierne al Estado nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina”. Asimismo, el texto “señala que el derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada “Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional” que apruebe el Congreso de la Nación. 

Este último punto pone la mira una vez más en la próxima discusión del Presupuesto 2020, la cual actualmente encabeza la agenda nacional debido al pedido del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, de postergar su tratamiento hasta después de las elecciones.
"La aprobación del presupuesto para el año que viene puede esperar porque es una discusión que debe darse a partir de una nueva realidad política que tiene chances de instalarse", afirmó el ganador de las P.A.S.O. 

Pese a que diversos representantes del gobierno de Mauricio Macri se pasearon por los principales estudios de televisión criticando el pedido de Emergencia y fustigando a los dirigentes sociales y políticos que exigían su aprobación, el proyecto contó con el apoyo de todos los bloques en ambas Cámaras.
En ese sentido, el jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Carlos Caserio, tildó de “lamentables, imprudentes y una afrenta a toda la gente que padece hambre” a las declaraciones de los representantes del oficialismo. 

“Es parte de la dinámica de este Gobierno que piensa una cosa, dice otra y hace otra. Nunca sabés que van a decir y cómo van a actuar”, aseveró el senador. 
En la previa de la sesión, la Plaza del Congreso fue escenario de una nueva movilización de los movimientos sociales en reclamo de la aprobación de la norma que habilitará al Poder Ejecutivo a destinar 10 mil millones de pesos a duplicar los alimentos enviados a comedores hasta fin de año. 

Según las últimas mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 32 por ciento de los argentinos es pobre, lo que representa un incremento de 6,3 puntos respecto al año anterior.
En marzo pasado, Unicef había denunciado que “un 42% de los niños, niñas y adolescentes viven bajo la línea de pobreza (5,5 millones) y un 8,6% vive en hogares que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos. El 48% sufre al menos una privación en sus derechos básicos y fundamentales”.

En esa misma dirección fueron las conclusiones del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, el cual denunció que más de cinco millones de argentinos no pueden acceder actualmente a la canasta básica de alimentos -el doble que en 2016-.
Pese a ello, el ministerio de Desarrollo Social subejecuta su presupuesto y, en lo que va del año, utilizó sólo el 58 por ciento de los fondos destinados a Políticas Alimentarias, frente al 70 que debería haber empleado.

En este marco, la legislación aprobada ratifica el carácter de derecho humano de la alimentación y la obligación del Ejecutivo de garantizarla.