Mendoza: la posición del peronismo sobre la ley de Minería

Por Guillermo Carmona | Presidente del PJ

En los últimos días he recibido mensajes de gran cantidad de comprovincianos, mayoritariamente de compañeras y compañeros de militancia, en relación con el debate y tratamiento en la Legislatura de la ley 7722. Quiero responder sin rodeos a las inquietudes que me han sido planteadas. Las expresiones que constan a continuación deben ser entendidas como la respuesta de un militante político con responsabilidades públicas y partidarias, y no como la expresión institucional del partido que presido.

Como presidente del Partido Justicialista de Mendoza he considerado como una de mis principales tareas promover consensos en favor de la unidad de nuestro movimiento. Con esa actitud he propiciado la toma de posiciones que sinteticen las miradas de los diversos sectores internos del justicialismo e indagado en las opiniones de nuestros aliados del Frente de Todos en diversos temas trascendentales para el futuro de Mendoza y la Argentina.

En relación con la reforma de la ley 7722, convocamos desde el Partido Justicialista a un equipo interdisciplinario que aportó un documento y una redacción alternativa al proyecto de reforma que envió el gobernador Suárez a la Legislatura. En ese documento, que puede ser leído en la página oficial del Partido Justicialista de Mendoza, se sintetizaron los aportes de los especialistas en temas ambientales, de ordenamiento territorial y producción que propusieron los referentes de los distintos sectores.

En la conferencia de prensa realizada el pasado lunes en el salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura se fijó una posición compartida del peronismo que tomó como referencia el trabajo del equipo interdisciplinario y los consensos alcanzados por los referentes de los distintos sectores que pueden sintetizarse en los siguientes ejes: exigencia de licencia social lo que nos llevaba a concluir que la habilitación de la actividad solo debía incluir a Malargüe, evaluaciones y control ambiental estrictos con presupuestos específicamente asignados y considerablemente incrementados, balances hídricos por cuencas aprobados por las autoridades competentes, zonificación específicamente contemplada en el plan de ordenamiento territorial municipal y provincial, captación provincial de la renta y de los beneficios producidos por la actividad, agregado de valor local e industrialización, empresa provincial minera con participación real y efectiva en el desarrollo de la actividad, creación de una agencia provincial en reemplazo de la vieja Dirección de Minería.

Previo a que se iniciara el tratamiento en las sesiones de ayer, ante mi opinión de que no se encontraban contempladas adecuadamente nuestras propuestas de modificación al proyecto de Suárez, sugerí a lxs principales referentes de los distintos sectores internos que el justicialismo presentara y propusiera la votación de un despacho propio, es decir no se votará el despacho que excluía nuestros aportes. La opinión mayoritaria fue acompañar el despacho de mayoría, en contra del criterio que había sugerido. Opté por evitar realizar expresiones públicas que pudieran confundir mis opiniones personales con la posición mayoritariamente decidida por los bloques legislativos del peronismo.

En términos estrictamente personales considero que no puedo dejar de expresar que en el texto de la ley que ayer ha sido sancionada no se reflejan de manera estricta las restricciones y exigencias para la actividad minera metalífera que propusimos en nuestro documento.

Mi posición a favor del despacho propio ha estado sostenida en un argumento que repetimos con insistencia en las últimas semanas: siempre estuvo claro que el oficialismo contaba con los votos necesarios para aprobar la reforma que quería sin que el justicialismo pudiera obstruir la aprobación. Esto ha llevado a preguntarme –como muchos compañeros y compañeras también lo hacen- por qué el peronismo tenía que quedar en una posición de coautoría y corresponsabilidad acompañando una propuesta que no contenía todos nuestros requerimientos.

En el plano de mi opinión personal, considero que nuestra provincia padece una grave situación de debilidad institucional, presupuestaria y operativa en materia de evaluación ambiental, control ambiental y ordenamiento territorial como consecuencia de decisiones y omisiones adoptadas por el gobierno de Cambia Mendoza desde 2015, situación que exige que se adopten medidas como las que el documento partidario promovía. 

La primera exigencia a cumplir por cualquier gobierno en Mendoza debe ser garantizar agua de calidad para todos y esa obligación no está siendo cumplida. Esa prioridad no se ve reflejada en la ley que ayer ha sido aprobada.

Del mismo modo estoy convencido que la actividad minera debe ser desarrollada en Mendoza por una empresa provincial de minería, como lo propuse como legislador provincial en los debates que se abrieron en la Legislatura en 2006 y 2007, y como lo he sostenido de manera ininterrumpida desde entonces, promoviendo entre otras iniciativas en tal sentido la presentación en la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto de ley de creación de Yacimientos Mineros Federales, una empresa nacional y federal dedicada a la actividad de exploración y explotación minera y de industrialización de los recursos minerales en nuestro país. Esta debería ser una condición ab initio y no una promesa a plazo y sin objetivos claros, como ha impuesto el oficialismo en la ley que ha sido sancionada.

Por último quiero expresar mi convicción de que para que Mendoza encuentre un nuevo camino de desarrollo que nos permita superar la grave crisis que padecemos deberemos priorizar el agregado de valor, el desarrollo tecnológico y la industrialización. En materia de proyecto de desarrollo a futuro difiero esencialmente con la visión del gobernador Rodolfo Suárez que se ve reflejada y sintetizada en el énfasis que ha puesto en destrabar la actividad minera metalífera como tabla de salvación de la economía provincial, primera y única medida que ha propuesto desde que es gobernador en materia económico-productiva.

Frente al proyecto de primarización de nuestra economía que expresa Cambia Mendoza debemos animarnos a proponer un proyecto de verdadera diversificación e integración productiva con agregado de valor. En ese contexto, la minería planificada, promovida y desarrollada por una empresa provincial debería ser un potente factor de desarrollo relacionado con procesos industriales, no una amenaza como en este momento la visualizan amplios sectores de la sociedad mendocina con más que sobrados motivos.