Mendoza: rechazo al proyecto del PRO para incorporar pistolas Taser

Por Diego Moneta

Una de las características que marcan, desde su asunción, al gobierno radical de Rodolfo Suárez en Mendoza es su política represiva. De movilizaciones masivas contra la contaminación del agua a reclamos de trabajadores, las autoridades se amparan en el Código Contravencional. A partir del mismo, el ejercicio del derecho legítimo a la protesta y a peticionar a las autoridades “tiene como mínimo una multa como consecuencia”, explica en diálogo con AGENCIA PACO URONDO Raquel Blas, integrante del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) e histórica dirigente provincial. “La pandemia no hizo más que agudizar la problemática”, completa.

A lo largo de estos dos años, el caso más resonante fue el de los trabajadores municipales de la Ciudad de Mendoza. Ante diversos reclamos, la única respuesta avalada por el intendente Ulpiano Suárez, sobrino del gobernador, fue desalojo, detención e imputación con orden de captura y prisión domiciliaria, incluyendo gremialistas y una periodista que cubría los hechos. “Tiene que ver con un avance en todo el ámbito judicial y legislativo, donde el radicalismo tiene casi mayorías absolutas, y en general se manejan como escribanías del Poder Ejecutivo”, refiere Blas. En el mismo sentido coincide Rafael Moyano, senador provincial del PJ, al señalar que es un “gobierno que casi tiene la suma de los poderes públicos”.

En ese marco de política represiva, a fines de noviembre un trío de diputados mendocinos del PRO buscó reinstalar el debate por el uso de las pistolas Taser por parte de la Policía provincial, a partir de un proyecto presentado el año pasado. Álvaro Martínez, Gustavo Cairo y Hebe Casado buscan modificar la ley que regula el tipo de armamento que puede utilizar la fuerza de seguridad. Sería en determinadas circunstancias, alegando que son “no letales” y que sería de forma paulatina a partir de “capacitación y el entrenamiento correspondiente”, según explicó a la prensa Martínez, presidente del PRO en Mendoza. 

La iniciativa, que consiguió dictamen de la Comisión de Legislación y Asuntos Institucionales de la Cámara de Diputados de Mendoza, fue retomada tras la presentación en julio de este año de un proyecto similar en el Congreso de la Nación, también por parte de representantes de la provincia de la región cuyana. En esa oportunidad fueron Luis Petri, Alfredo Cornejo y Omar De Marchi, integrantes de Juntos por el Cambio. En ambos casos, organizaciones sociales, de derechos humanos y de izquierda y distintos sectores del peronismo manifestaron su oposición. 

“El sistema de seguridad en Mendoza es muy endeble”, resaltó Moyano, quien también es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad. Además, afirmó que buscaron instalar con éxito que el debate es “si es aconsejable este tipo de inversión”. “El proyecto no va a tener eco en la Legislatura, más en un presupuesto como el del Ministerio de Seguridad que va por el sexto año de caída en relación al total provincial”.

Sin embargo, el mismo día que el proyecto del PRO mendocino había conseguido el visto bueno, el gobernador Suárez expresó ante los medios que no tenía sentido discutirlo porque “son caras y no hay en el mercado”, alegando que “estamos aislados del mundo”, por lo que la iniciativa quedó en secretaría y será revisada. “Seguro tiene que ver con alguna medición de encuestas, es evidente que la mayoría de la población no iba a acordar en el contexto de situación económica”, desliza Blas, y agrega que no es sólo un tema de gasto u oportunidad sino que es un nuevo armamento para “una fuerza con poca formación en derechos humanos y en el respeto de libertades y garantías. Se convierte en un nuevo instrumento para casos de gatillo fácil”. 

“Ante los índices de pobreza y desocupación la respuesta del poder político es gastar fortunas en la compra de nuevos suministros. De avanzar el proyecto habrá acciones concretas en la calle, como corresponde ante cualquier avance estatal en la materia”, concluye Raquel Blas.