El Estado como capitalista social, por Enrique Martínez

Por Ing. Enrique M. Martínez* | Foto Carlos D. Pérez

La crisis económica mundial asociada al Covid19 se llevó por delante, hasta sepultarla, la teoría que convertía en demoníaca la emisión de moneda soberana por parte de un país. 

Los sectores que siempre reclamaron un Estado ausente se alinearon con todo el resto de los espacios políticos, señalando que cuando el dinero deja de circular abruptamente, se debe emitir dinero y ponerlo en el bolsillo de quienes han dejado de vender su fuerza de trabajo, obligados por las condiciones sanitarias. En Argentina, en proporciones inéditas, se ha usado esa emisión para atender un Ingreso Familiar de Emergencia; para una Tarjeta Alimentar; para subsidiar parte de los sueldos de las empresas, aún las mayores; para subsidiar los intereses de préstamos a pyme y mono tributistas; para reforzar apoyos previos a organizaciones sociales.

Buena parte de esos fondos son insuficientes para llegar a una calidad de vida aceptable, por parte de sus receptores. Incluso, falta considerar más sectores, como las cooperativas de trabajo, insólitamente segregadas del universo emprendedor. En tal instancia, será previsible asistir a reclamos permanentes de quienes consideren ser   perjudicados, que imaginamos serán apareados por otros reclamos de los que tengan mayor llegada a espacios de decisión, necesiten o no la ayuda.

¿Debemos admitir que ese será el escenario del futuro? ¿Una suerte de tómbola con bolillas cargadas, donde los petroleros están protegidos del mercado internacional con un precio doméstico que ni siquiera podemos verificar si es exagerado, mientras en el otro extremo, los oficios desplazados por la nueva cultura de aislamiento, quedan casi a la deriva, revolviendo entre los residuos?  Un mundo de subsidios estatales, inevitablemente desparejos, con hijos y entenados…

Alguien podría decir: Bueno, lo mismo que antes, con aportes del Estado mayores. ¿Llamaremos a eso el mundo del Estado presente?

 No parece una película para nada optimista. ¿Acaso hay otras opciones? Ciertamente, las hay. Debemos explorarlas con nuevos criterios de evaluación. No hay que buscar los parámetros en el pasado, al menos no solo en el pasado, teniendo en cuenta que es innecesario, hasta torpe, ir hacia adelante con una mochila plagada de errores cometidos por otros, en escenarios sociales diferentes a los que se pueden prever en el futuro.

No es el capitalismo de Estado, con burocracias a cargo de sectores que sean monopolios naturales, el camino que garantizaría un mejor horizonte. En todo caso, no lo es, pensado como repetición mecánica de la historia, imaginando actores míticos, incorruptibles, que construyen soberanía y justicia social a puro rigor de pensamiento. Ángeles sin espaldas.

Para evitar el Estado bobo, no parece posible que hagamos concursos sociales de los que emerjan los Mosconi o Miranda o Gelbard. Y con ellos, miles de cuadros políticos alineados.

Preferimos poner esfuerzo en alcanzar la unidad de concepción, que luego permita la gestión descentralizada, de muchos grupos en paralelo diseminados por el país, cuya actividad pueda ser comparada horizontalmente paso a paso, con aprendizaje mutuo y capacidad de descartar o renovar lo que no funcione bien.

Pensamos en una faceta estatal que sea parte de su función reguladora o controladora de la actividad privada, que busca evitar que pocos privados, actuando detrás de los mitos habituales del capitalismo, perjudiquen al resto de la población.

Es el Estado como capitalista social.

Es el Estado asumiendo proyectos de inversión sustentables en eslabones clave de cadenas de valor, que definen la calidad de vida de la comunidad; invirtiendo capital y recibiendo un retorno sobre él, pero donde el éxito del proyecto no resida el maximizar el retorno; en hacer un negocio grande; sino en dos aspectos:

a) Condicionar con su gestión al resto de los eslabones de la cadena de valor, para optimizar el beneficio social en ese proceso productivo.

b) Asegurar que el retorno sobre el capital invertido permita desarrollar la actividad sin límite de tiempo, por la reinversión simple de ese retorno.

Estos atributos son propios de una actividad que es capitalista, pero que no persigue un negocio, sino atender una necesidad comunitaria de modo eficiente.

Puede describir también el desempeño de una asociación sin fines de lucro, una mutual, un agricultor familiar, una cooperativa. La diferencia es que la presencia del Estado tiene una magnitud que condiciona de manera efectiva, potente, a todos los otros actores y permite acceder a escenarios nuevos, de mayor calidad institucional y comunitaria. 

Afinando este perfil, el Estado puede:

- Ser habilitador de tierra urbano en cantidad suficiente para eliminar todo el déficit de oferta en 15 años o menos, bloqueando de tal modo la especulación en tierra urbana.

- Establecer el crédito accesible para la autoconstrucción en tierra urbana, corrigiendo la segunda distorsión crítica que encarece el acceso a la vivienda.

- Iniciar un movimiento masivo hacia la generación doméstica de energía eólica o solar, equipando todos los edificios públicos, escuelas, centros de salud, hospitales y centros comunitarios del país, recuperando la inversión con el ahorro de energía y construyendo el modelo de diseminación horizontal de una nueva cultura energética.

- Desarrollar un plan nacional de forestación, integrando a la vez hacia adelante las actuales plantaciones maduras, con módulos publico privados de incumbencia y gestión local.

- Instalar cinturones alimenticios en toda ciudad que lo desee, con producción hortícola, avícola, porcina y láctea como mínimo, a través de corporaciones municipales con participación comunitaria en el capital.

Podría seguir, pero no quiero que la enumeración de ambiciosos títulos, obstaculicen la idea principal de este documento: Debemos salir por arriba del dilema entre Estado ausente; Estado subsidiador que deviene en Estado bobo; Estado burocrático, productor o comercializador monopólico. La auténtica salida es un Estado comprometido en la producción y comercialización de bienes y servicios con un perfil nuevo: el de capitalista social, que aspira a recuperar su inversión eficazmente, a la vez que definir escenarios de mejora comunitaria.

Hay un ejemplo virtuoso de esta posibilidad a la vuelta de cada esquina.

*Instituto de Producción Popular