Misiones: Brutal desalojo contra mujeres, niños y niñas en Colonia Pepirí

El sábado alrededor de las 5 de la mañana, varios móviles con 40 policías de la Unidad Regional VIII de El Soberbio, y el grupo de apoyo de la División de Infantería, irrumpieron violentamente en Colonia Pepirí, de El Soberbio -a unos 250 Km de Posadas- para proceder al desalojo de las familias asentadas en esas tierras hace más de 50 años, por orden del juez de Instrucción Penal, de San Vicente, Gerardo Casco.

Fue una situación intempestiva que sorprendió a todos y a todas, porque desde hace 15 días se desarrollan reuniones con las autoridades del Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante de El Soberbio, el Poder Legislativo, la Secretaría Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, la Subsecretaría de Tierras, el Ministerio de Derechos Humanos, junto a vecinos y vecinas, quienes tienen previsto un nuevo encuentro este martes en la colonia. Ahí se presentará el listado de las familias y se marcará el perímetro de los lotes en los que viven, con el compromiso de ayudar a resolver la situación y reconociendo los derechos de quienes habitan esas tierras. Pero ignorando este proceso de diálogo, se ejerció violencia en el desalojo y el derrumbe de las viviendas de tres familias que fueron golpeadas. 

Ante esto, algunos vecinos avisaron al diputado provincial, Martín Sereno (Partido Agrario y Social), con el intendente local, y los concejales de El Soberbio, Juan Antonio "Turú" González y Nelson Brettin (PAyS), quienes se acercaron al lugar con varios militantes acompañar a las familias en situación de total desamparo.

"Unos vecinos nos dieron el aviso y enseguida fuimos hasta Colonia Pepirí con algunos compañeros, no podíamos creer que a una semana de haber tenido la segunda reunión de la mesa de diálogo por este tema, un juez decida ordenar este violento desalojo", enfatizó el concejal González.

Cuando llegaron se encontraron con un cerrado control policial rodeando toda la zona del portón que instaló la empresa Laharrague. "Ocupaban unos 15 kilómetros y la policía nos negó el ingreso desconociendo nuestra autoridad como concejales. Entonces decidimos cortar la ruta a modo de rechazo y sabíamos que el jefe de la Comisaría de El Soberbio, José Hernán Katz estaba dirigiendo el operativo dentro de los lotes, mientras tumbaban las casas y expulsaban a la gente", advirtió el edil.

Mientras viajaba hacia la colonia, el diputado Sereno se comunicó con el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y con el juez penal, Gerardo Casco -lo mismo hizo el legislador nacional, Héctor "Cacho" Bárbaro- solicitando que se destrabe la situación y se priorice los derechos humanos de esas familias antes que lo judicial. 

"No podemos permitir que sigan atropellando a nuestro pueblo. Desalojaron a niños y niñas sin que previeran ningún organismo de niñez que los proteja y en un contexto de pandemia, donde el Gobierno Nacional resolvió suspender los desalojos en todo el país. Ahora logramos que las familias que fueron desalojadas regresen a sus lotes porque les asiste el derecho de años viviendo ahí, uno de ellos es nieto de Mbiguá, el fundador de ese paraje.

Creemos que para evitar estos atropellos hay que seguir militando unidos todos los días para que nunca más un juez arroje familias a la calle, ni los policías disfruten de hacerlo, para que la vida sea el valor supremo y la tierra de quien la trabaja, para que todos y todas tengan techo y trabajo, salud y educación. No vamos a dejar de luchar hasta que la dignidad sea costumbre", expresó el legislador.

Los testimonios de las vecinas cargados de angustia son coincidentes: "Estábamos durmiendo cuando a la madrugada los policías nos despertaron a los gritos. Levanté a mi hijo para salir; pero igual destruyeron mis muebles, los alimentos y todas las cosas. 

Me tiraban agua fría en los pies no sé por qué, y mi gurí de 3 años se asustó y salió corriendo cuando vio que un policía nos empujó a mi esposo y a mí. Tuve una gran desesperación porque no sabíamos dónde estaba; buscamos por el monte y recién lo encontramos al mediodía. Gracias a Dios no le pasó nada grave", señala compungida, Silvana Cardozo.

Otra de las madres señala que el personal policial ingresó a su vivienda a las 6 de la mañana, y la sacaron de la cama con sus hijos, sin permitir que se abrigara y la subieron al móvil policial, "mientras reventaban mi casa, el galpón, mi horno donde hago pan; destruyeron las plantas, los árboles, pisotearon toda mi huerta.
Eran más de 35 policías con escudos, sin respeto por mis hijos menores, ni por mí que me sacaron del móvil descalza y casi sin ropas. Me llevaron al patio de mi casa donde el comisario (José Katz) me interrogó como si yo fuera una delincuente. Eso fue un abuso de autoridad de parte de la policía de El Soberbio contra las mujeres y los gurises", denunció Thalía Ramírez.

Repudio de Partidos y organizaciones populares

El Movimiento Nacional Campesino Indígena - Cotrum, el Frente Popular Agrario y Social, la UTEP, el Movimiento Evita, la CCC, el PTP y el Movimiento Territorial Liberación de la FJC-PC, entre otros, emitieron un documento en el que rechazan y repudian el desalojo de familias de Colonia Pepirí.

"En esas tierras vive un grupo de familias que se asentaron hace más de 50 años, en terrenos abandonados del Paraje Mbiguá. Inicialmente eran 43, pero a lo largo de los años, ante el violento hostigamiento por parte de la empresa Puerto Laharrague SA, se vieron obligados a abandonar sus tierras.

Actualmente quedan pocas familias que siguen produciendo alimentos para subsistir. También ayudan en la Escuela de Frontera 618, creada en 1999, que no cuenta con agua potable, y a la que las vecinas y vecinos proveen de alimentos para que los niños y niñas puedan asistir.

Son cuatro generaciones las que son hostigadas y amenazadas por la empresa forestal. La situación no es desconocida por la Municipalidad de El Soberbio y el gobierno provincial, a quienes las familias acudieron en reclamo de regularizar sus tierras y el acceso a luz y agua para vivir tranquilos en su comunidad.

A pesar de las instancias de diálogo, una vez más la Justicia en complicidad con los terratenientes, ordena el desalojo a familias que resisten hace más de 60 años entre cuatro generaciones, muchos de ellos nacidos y criados en el lugar. ¡Basta de desalojos! Ni un metro más, la tierra es nuestra; reclamamos la restitución de los derechos de los y las campesinas!", enfatizan desde los Partidos y movimientos populares.