Misiones: Fuerzas de seguridad desalojaron violentamente a familias productoras

A pesar de que rige la ley que suspende los desalojos a viviendas familiares y agropecuarias hasta el 31 de diciembre de 2024, las fuerzas de seguridad desalojaron a familias agricultoras de Colonia Gobernador José de la Nusse, incendiaron las viviendas y destruyeron sus pertenencias. Al entenrarse del hecho dirigentes del Movimiento Evita Misiones, su secretario provincial, Martín Sereno, se interiorizó sobre lo ocurrido e inició gestiones en busca de resolver la situación.

El viernes 5 de julio en la localidad misionera de Wanda, se produjo un brutal desalojo en un lote de pequeños agricultores de Colonia Gobernador José de la Nusse, ubicada en el Paraje San Lorenzo 2. 

Las víctimas son familias integradas por Norma Segovia, Eduardo Garcete, Favio Garcete y Cristian Garcete, una de ellas con hijos menores de edad, y la otra con un adulto mayor, quienes llevan más de 10 años viviendo y produciendo alimentos y tabaco en ese predio rural.

Sin previo aviso ni notificación oficial, agentes de la Comisaría de Wanda y personal de la empresa Arauco S.A, conocida multinacional con tierras en Chile y con extensas hectáreas en Misiones, irrumpieron violentamente a las 8 de la mañana -por un supuesto juicio que inició Arauco- en una comitiva que estaba al mando de una mujer que dijo pertenecer al Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, aunque sin identificarse adecuadamente, y obviando que está vigente la Ley Provincial XII Nº 41, que suspende hasta el 31 de diciembre de 2024, las ejecuciones de sentencias de desalojos o remates de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.

Éstas familias recibieron un plazo de apenas dos horas para desalojar el lugar, sin ninguna consideración por su situación ni con el tiempo necesario para organizarse. Enterados del hecho dirigentes del Movimiento Evita Misiones, su secretario provincial, Martín Sereno se interiorizó sobre lo ocurrido e inició gestiones en busca de resolver la situación.

«Las fuerzas de seguridad, actuaron con una brutalidad inaceptable, ingresaron a las viviendas pateando las puertas, tiraron y rompieron sus pertenencias, en una actitud extrema crueldad. Las casas fueron incendiadas, dejando a las familias sin un techo donde refugiarse. Este desalojo no sólo representa un abuso de autoridad, sino también una violencia física y emocional devastadora, ya que estas personas fueron expulsadas de sus tierras y del hogar que construyeron con esfuerzo y sacrificio», manifestó Sereno.

Durante el operativo policial fueron detenidas cinco personas -entre ellas una mujer embarazada, que fueron golpeados- por «desobediencia judicial y resistencia a la autoridad», alega la notificación policial, y s encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Iguazú.

«A mis hermanos los arrastraron y golpearon cuando los subieron a la combi policial. ¿Qué necesidad tenía la policía de incendiar las casas si ya habían destruido todo lo que había en la chacra? Y después directamente se robaron las pocas cosas que quedaban, no dejaron nada en el lote», relató una hermana de los detenidos.

«Esta situación dejó a cuatro menores de 7, 9, 14 y 15 años en situación de calle, traumatizados por haber presenciado la violencia policial y la destrucción de sus hogares, con miedo y angustia por la ausencia de sus padres. Inicialmente fueron llevados a la Comisaría local sin resguardo ni protección de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes de Misiones, y ahora quedaron bajo el cuidado de una hermana de 22 años.

El referente del espacio político Tierra, Techo y Trabajo sostuvo que «este desalojo representa un despojo ilegítimo y un atropello a los derechos humanos más básicos. Llamamos a la comunidad y la sociedad en general a alzar sus voces contra estas prácticas inhumanas. Exigimos justicia para estas familias trabajadoras que buscan una vida digna en su tierra. Es urgente y necesario que se tomen medidas ante esta injusticia y se hagan responsables».

Sereno remarcó que «la brutalidad y el desarraigo impuestos a estas familias no pueden quedar impunes. Es hora de que la sociedad se una en un clamor de indignación y compasión para que estos abusos contra familias en situación de vulnerabilidad no se repitan y haya justicia», enfatizó el dirigente político.