PBA: El Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Territorial elabora un estudio de barrios populares

Por Maria Suarez y Leonardo Farias

El Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Territorial (CESDET), como colectivo de profesionales y militantes del campo nacional y popular expresado en nuestro desempeño en la investigación, la gestión pública y privada, nos hemos propuesto incidir en la formulación de estrategias de desarrollo territorial, teniendo como eje la democracia participativa, la descentralización de las políticas públicas, la ampliación y fortalecimiento de ciudadanía, el crecimiento económico en el marco del respeto por los Derechos  Humanos, la Justicia Social y la Soberanía de los pueblos.

Es por ello que en el mes de agosto comenzamos a diseñar un estudio sobre Urbanización y Participacion Ciudadana en barrios de emergencia en el area metropolitana de la Provincia de Buenos Aires. En una iniciativa conjunta con del Minisiterio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia estamos trabajando en lo que será un aporte a la gestión desde una mirada inclusiva y humanista sin perder el rigor tecnico que requiere la tarea. 
Los objetivos que dan sustento teórico-práctico al CESDET, enmarcado en el análisis de las complejas relaciones entre los gobiernos tanto a nivel nacional como provincial, municipal y comunal, y la articulación entre los mismos, sumando el protagonismo de las organizaciones territoriales, nos proponen realizar el estudio de tres procesos de urbanización popular y construcción de ciudadanía ubicados geográficamente en la PBA: la “Palito” (Exvilla Palito), el Barrio Carlos Gardel y Villa Azul. 

Estas tres experiencias están atravesadas y unidas por secuencias históricas y políticas a través de la intervención del Estado como generador de políticas habitacionales, así el protagonismo de las organizaciones sociales y políticas en los diferentes procesos de urbanización de los barrios populares.

A mediados de los 60, el rol del Estado -atravesado por sucesivos golpes militares que alteraron el orden constitucional- se caracterizó por la compulsiva erradicación de la mayoría de los barrios de emergencia existentes en la ciudad de Buenos Aires, por lo cual numerosas familias pertenecientes a sectores populares, en su mayoría provenientes de anteriores migraciones desde sus provincias de origen, y países limítrofes sufren un nuevo desarraigo. De esa manera, los primeros habitantes del Barrio Carlos Gardel eran trasladados desde los asentamientos en los que vivían en camiones militares, dejando atrás sus pertenencias; o los habitantes de Villa Palito quienes luego de vivir en condiciones hiperprecarias, recién hace dos décadas, y a instancias de los mismos vecinos, comenzaron a urbanizar el barrio; o Villa Azul, barrio que hace poco vimos en todos los medios a raíz de la epidemia de Covid-19, y que explicitaba las diferencias que podía generar distintas políticas públicas de diferentes gobiernos municipales, con solo una calle por medio.

Posteriormente, a partir de la dictadura cívico-militar (1976-1983), se profundizó la política de desalojos violento, y la demolición de los núcleos habitacionales transitorios, que supuestamente se habían construido para fungir como viviendas temporales antes del traslado de las familias a viviendas integradas a planes de gobierno nacional o locales. Sumado a esa destrucción edilicia, los barrios populares sufrieron tanto o más que el resto de la sociedad, la persecución de líderes barriales, la desaparición de militantes populares, la represión continua y el escarnio por parte de una sociedad que prefería mirar para otro lado, y la repercusión negativa que las políticas neoliberales, que venían de la mano de la “miseria planificada” (Walsh dixit), y que sumieron en la pobreza y la marginalidad a gran parte de la población.

En el año 1981 surgió una dinámica proveniente de las pésimas condiciones de vida al a que habían sido empujados los sectores populares: la toma de tierras. Esas “tomas” primigenias se dieron en Quilmes, San Francisco Solano y Alte. Brown -en su mayoría en terrenos que creían fiscales, pero que en realidad eran de dominio privado- y terminaron dando origen a nuevos barrios populares; y si bien no eran movimientos que enfrentasen al gobierno de facto bajo premisas ideológicas, iniciarían un camino de resistencia comunitaria, a la vez que comenzaban a generar una articulación con organismos de DDHH, un sector de la iglesia, y sectores de la incipiente reconstrucción de los partidos políticos que solidificarían la organización territorial. Además, el ejemplo de la toma en Solano se convirtió en un experimento sobre los efectos que pueden tener los títulos de propiedad, además de haber nacido con la premisa de no constituirse de entrada como “villa”, sino integrada al resto de la provincia como urbanización. 

Al llegar la democracia, la legislatura bonaerense aprobó la expropiación de las tierras que habían sido ocupadas en Solano, y finalmente en el año 89, sus habitantes lograron obtener los títulos de propiedad merecidos, alcanzando la mejora consecuente que ello produce en aquellos que hasta ese momento eran poco más que “okupas”.
Durante los años 90 se constituye la figura de los punteros políticos, dando lugar, en muchos casos debido a comportamientos propiciados por la lógica política menemista, a las caricaturas que luego trascendieron como único modo de ser de aquel que incurre en la acción política para su beneficio personal, y desconociendo a los cientos de referentes territoriales que supieron diferenciarse del “transero” que llegaba para hacerse su agosto. Sabido es el mal que le han hecho a una actividad potencialmente noble y que debe ser motor de resolución de conflictos y procura del bienestar general. 
Posteriormente, la desestructuración social y la marginalización de amplios sectores de la población que constituía los barrios populares, sumados a la falta de trabajo y el hambre que comenzó a abatirse sobre los más necesitados de la sociedad, tuvo como emergente a los movimientos piqueteros. Más allá de la lucha de tales movimientos, las políticas económicas implementadas en aquel período derivaron en la insolvencia del Estado nacional y en la crisis de 2001. 

A partir del año 2004 se constituye el denominado "Banco Social de Tierras", en el ámbito de la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales a conformarse con la información sobre inmuebles de dominio privado del Estado Nacional que puedan ser afectados a fines sociales, alimentando el denominado Plan Arraigo, que supo ser puntapié inicial de la reparación de las carencias de viviendas para los sectores populares. Este programa, tal vez, sea el punto de partida para encontrar similitudes entre tres barrios con características propias, pero que a su vez tienen denominadores comunes: la necesidad de vivienda digna, la integración al resto del ejido edificado del conurbano bonaerense y a su infraestructura y la inclusión como sentido reparatorio de las falencias que se han generado por políticas erróneas en la vida cotidiana de millones de argentinas y argentinos. 

En la actualidad, luego de las tomas de tierra en Guernica, quedaron expuestas las desigualdades existentes en la sociedad y la necesidad de vivienda que existe en un mundo (no es un problema solo de la Argentina) en el que el acceso a la tierra se halla vedado a las grandes mayorías. Tomar cartas en el asunto es una responsabilidad del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil;  promover el conocimiento de dicha problemática, difundir y hacerse cargo de las desigualdades producidas por problemas estructurales que la Argentina arrastra desde hace más de un siglo, pero que no se puede perdonar desde el retorno de la democracia en 1983, es responsabilidad de todas y todos.