La defensa de Amado Boudou llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Luego de la trascendencia de la solicitada pública pidiendo por la libertad de Amado Boudou, que incluyó la firma de varios ex presidente de la región, la abogada Graciana Peñafort confirmó que apelaran la sentencia. “La sentencia de condena ha omitido respetar el debido proceso. Por eso vamos a solicitar en la Corte Interamericana (Corte IDH) que la revise", aseguró.
El documento, que contó con la firma de Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Manuel Zelaya, Fernando Lugo y Ernesto Samper, no dudó en catalogar la sentencia judicial de persecución política, en un típico caso de lawfare. "La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones. Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población", comienza destacando el documento que además incluyó la firma de numerosos dirigentes, artistas y funcionarios del gobierno nacional.
El documento reveló la importancia regional del caso que, finalmente su abogada confirmó, llegará al máximo tribunal del continente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, Graciana Peñafort, que comparte la defensa del ex vicepresidente junto a Alejandro Rua, apuntó directamente al rol que tuvo en la causa la Corte Suprema de Justicia Argentina. “Nosotros sabemos muy bien por qué la Corte puso el (artículo) 280. Lo hizo porque no podía explicar por qué, respecto al testigo Alejandro Vandenbroele, crucial para la causa, no supimos que le habían pagado para esa declaración: más de 4 millones de pesos. No podía explicar por qué Boudou había sido espiado por el Estado, es decir por agentes de la AFI, mientras estuvo preso y cuando estuvo en libertad, con seguimiento fotográfico”, aseveró.
El testigo arrepentido Alejandro Vanderbroele, primero durante el gobierno de Mauricio Macri, es el único y principal testigo de la causa. No solo cobró dinero por su arrepentimiento judicial, sino que el propio Vanderbroele confesó que durante el proceso, hasta que se "arrepintió", cobraba dinero del banquero Jorge Brito para no declarar.
La Corte Suprema de Justicia rechazó tratar el caso que no solo reviste de una gran importancia institucional, sino que también está plagado de irregularidades en todas sus etapas: la instrucción, el juicio y la propia sentencia del Tribunal Oral Federal 4 que, en su momento, ordenó llamativamente su "inmediata detención".
Ahora la defensa de Boudou apelará también la decisión del juez de ejecución penal Daniel Obligado, que previo a la feria judicial, revocó el arresto domiciliario de Amado Boudou para que vuelva a prisión, revirtiendo su propia decisión de abril de 2020. Según Peñafort, la decisión de Obligado responde a "presiones mediáticas".
"El respeto al debido proceso es una garantía de los derechos humanos”, concluyó la letrada que confirmó están trabajando en la apelación ante el organismo internacional.